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dad ante la ley sino desde la perspectiva de la igualdad real de oportunidades y de trato, en base a nuestra maximizada Constitución de la Ciudad. -Es imprescindible que el TSJ revise su jurisprudencia restrictiva en materia de ADI, no imponiendo requisitos que la CCABA no exige, asumiendo que incluso puede actuar de oficio160 y que también puede en ellas decretar medidas cautelares para garantizar la eficacia de sus sentencias o evitar perjuicios irreparables o de dificultosa reparación ulterior. El TSJ debería aceptar, contrariamente a su jurisprudencia, en los casos de control concentrado que pueda presentarse acumulado un caso concreto, máxime si hay grave peligro de daño en la demora. En caso de duda en materia de protección de derechos de incidencia colectiva, si existen dos interpretaciones posibles de una ley -una constitucional y otra contraria a la Constitución-, la ley debe declararse inconstitucional. En orden al acceso a la Justicia, el Ministerio Público de la Defensa debería dar mayor difusión al servicio disponible a la ciudadanía en el patrocinio gratuito de causas en defensa de intereses colectivos, más allá de la defensa de los derechos subjetivos de quienes carecen de recursos. El Ministerio Público de la Defensa debería actuar de oficio en causas de interés colectivo. Especialmente debería promover Acciones declarativas de inconstitucionalidad frente a las leyes u otras 160 En el mismo sentido: CAPLÁN, Ariel R.. “Una visión crítica de la Acción Declarativa de Inconstitucionalidad (ADI) y la construcción de un nuevo esquema conceptual referencial y operativo (ECRO) para profundizarla”. En http://www.adaciudad.org.ar/docs/articulos-ADICaplan.pdf (consultada el 26 de mayo de 2018).

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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