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una gama mayor de opciones más abiertas y avanzadas que las del Bloque federal y, por otra, el correlato a esa concepción de la democracia participativa en el ámbito de la Justicia. Esto es, la última puerta de acceso a la discusión en la “sala de máquinas” es más grande y está más abierta. Sin embargo, es preocupante que el Poder Judicial, en particular que el TSJ, restrinja ese “derecho de admisión”. -Hay que insistir sobre los tres poderes de la Ciudad en la adopción de los principios y estándares de un Estado social, ambiental y participativo de Derecho, en el fondo y en lo procesal. No faltan elementos para un adecuado “control de constitucionalidad/convencionalidad”, falta el ejercicio de incorporarlo como variable en la planificación, gestión, elaboración de normas y en la protección judicial de derechos. La Ciudad cuenta con los marcos y herramientas internacionales, constitucionales federales y locales, de principios y robustos lineamientos de su marco local que confluyen para garantizar todos los derechos humanos para todes. -Necesitamos reavivar las instancias de participación “abortadas”, modificando las leyes que las restringen o limitan (por ejemplo en el caso de las mecanismos de participación semidirectos) o mejorándolas (audiencias públicas), cambiando a los/as representantes que han fosilizado o anulado las instancias de participación o exigiendo que las reactiven, sea a través de su judicialización o con mayor información a la ciudadanía y movilización popular (Presupuesto participativo, Comunas) pero también exigiendo que el Poder Judicial de publicidad y 91

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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