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a la salud y a la igualdad. Se solicitaba implementar medidas a fin de garantizar el cumplimiento del derecho a la salud integral de los niños y adolescentes117. El TSJ resolvió que no existía un caso judicial (pretexto la división de poderes) y revocó por mayoría la decisión de la Sala I de la CA CAYT que enmarcaba la causa dentro de los derechos de incidencia colectiva- y resolvió que la acción planteada contra el GCBA no configuraba una controversia viable de ser analizada por la Justicia por no relevar un caso concreto de afectación de los derechos tutelados a raíz de una conducta activa o por omisión del Estado local. Los jueces Lozano, Conde y José Casás coincidieron en sostener que la demanda no puede canalizarse por la vía judicial porque la acción se limitó a cuestionar la gestión de Salud del GCBA hacia niños y adolescentes, sin mostrar que el derecho a la salud del grupo etario en cuestión sufriera afectación alguna en forma directa o inmediata por la forma en que se encuentra diseñado el sistema de salud, omitiendo presentar un reclamo concreto. Lozano sostuvo que el derecho a la salud obliga a la autoridad pública a garantizarlo para todos/ 117 Puntualmente: “a) garantizar la internación en una unidad de terapia intensiva (UTI) pediátrica a los pacientes que por la gravedad y urgencia lo requirieran, ya sea a través del servicio público de salud, o mediante la articulación inmediata con el sector privado y de la seguridad social, y con los municipios del conurbano bonaerense, en los casos que fuera necesario; b) diseñar y ejecutar un plan de prevención y atención de los casos de bronquiolitis previo al brote de la enfermedad en época invernal, que incluyera campañas de difusión y concientización hacia la población afectada, en particular los niños, niñas y adolescentes de la ciudad y c) diseñar y ejecutar un plan sostenido en el tiempo de atención a casos urgentes de los niños, niñas y adolescentes que requirieran acceso a las UTI pediátricas, que incluyera la articulación con el sector privado y de la seguridad social, y con los municipios del conurbano bonaerense, en los casos que fuera necesario”.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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