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El resultado alcanzado en la medición de estos indicadores locales e internacionales, nos permitirá conocer cuál es el grado prestación efectiva del derecho a la educación al que se ha obligado el Estado a través de los diferentes instrumentos normativos y que efectivamente ha alcanzado. Al intervenir tanto el Estado como la sociedad civil en la medición y diseño de las políticas públicas se garantiza una mayor independencia en el diseño, seguimiento y puesta en práctica de las políticas y transparencia en la evaluación. Al mismo tiempo, en el caso de planteos judiciales originados en la vulneración de estos derechos, en nuestro ejemplo el derecho a la educación vinculado concretamente al ODS 4, las metas e indicadores representan “indicios concretos” que pueden ser invocados judicialmente por los diferentes organismos de derechos humanos, en sustento de su postura en función a la prestación del servicios concreto por parte del Estado, en cualquiera de sus niveles. Los ODS son un índice concreto en la materialización efectiva de los derechos, este punto es fundamental y debe quedar claramente comprendido. El citado precedentemente fue un ejemplo concreto siendo la lista mucho más abarcativa y no es nuestro objetivo agotarla, pero sí permitirnos poner en evidencia que los ODS son en definitiva materialización efectiva de los derechos contenidas en los tratados de derechos humanos, y en el propio texto constitucional. Alcanzar las metas

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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