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Es en este contexto donde a nuestro criterio y en el caso argentino luego de la reforma constitucional de 1994, los Tratados sobre Derechos Humanos incorporados a nuestro texto constitucional junto con el título de “Nuevos Derechos”, toman fuerza renovada y se sirven de la Agenda 2030 como norma soft law para reafirmar su exigibilidad y sobre todo su puesta en práctica a través de los ODS, sus metas e indicadores, resultando imperativos y exigibles ante todos los poderes del Estado (legislativo, judicial y Ejecutivo) y por todas las divisiones políticas del territorio (nacional, provincial y municipal). La Agenda 2030 debe inexorablemente interpretarse en el marco de los derechos humanos sobre los que se asista jurídicamente, pues su finalidad es precisamente hacerlos posible, cuestión que excede los gobiernos y los intereses políticos y se vincula en forma directa al texto constitucional. En el marco del derecho local, y en un sistema federal como el nuestro, el texto Constitucional, representa un piso mínimo de garantía que todas las divisiones políticas nacionales deben respetar, con independencia de las diferencias geográficas, políticas y territoriales. Pero además reforzando nuestra idea cabe destacar que las normas relativas a los derechos humanos se encuentran contenidas en todas las Constituciones provinciales, representando su respeto y resguardo un valor inherente a la identidad nacional que excede toda división territorial. Pasamos seguidamente a ocuparnos en detalle de éste punto. 402

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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