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Conclusión Podemos advertir que nos encontramos en un supuesto de omisión de un mandado legal expreso y determinado, en virtud de una norma nacional que instituyó el SID con alcance en todo el territorio de la Nación, y a su vez el legislador local recogió sus disposiciones en la ley local nº153. Hasta tanto no se dicte un protocolo que haga viable la manda judicial, cada paciente que no cuente con cobertura de obra social o medicina prepaga deberá recurrir a los estrados judiciales para poder acceder a dicha prestación, condición que desde el inicio coarta el acceso a la misma bajo criterios de igualdad y equidad. Dicha circunstancia hace peligrar la concreción de derechos relativos al acceso a la asistencia en salud, así como el reconocimiento del derecho a la atención de enfermedades crónicas invalidantes. Asimismo cabe advertir que de cara al futuro nos encontraremos ante un nuevo paradigma demográfico (aumento del promedio de vida) en el cual el servicio internación domiciliaria será probablemente la mayor posibilidad de asistencia, rehabilitación y prevención para los sectores de la población más vulnerables. Por tal motivo se requieren políticas sociosanitarias progresivas que contemplen a la población más desprotegida en cuanto a concreción de derechos. 377

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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