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En el caso N. J. A. s/ Art. 152 ter del Código Civil, de junio de 2013, el causante también había manifestado su deseo de votar. La decisión judicial reparó en el artículo 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, artículo 23 inc. a, b y c de la ley 23.054, la presunción de capacidad prevista por el artículo 3 de la ley 26.657, indicando que no había sido desvirtuada, y el art. 29 inc. a y b de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad51. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil consideró que si no hay impedimento relevante alguno para que el causante pueda ejercer el derecho electoral al voto, corresponderá hacer lugar al pedido de la persona. Finalmente, en la causa “A., A.M. s/ Insania”52, la persona también había manifestado su deseo de ejercer el derecho al voto. En su análisis, el tribunal tuvo en cuenta simplemente la “obligación de preservar la capacidad jurídica” que emana de la CDPD, y la obligación del Estado de garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás. El tribunal reconoció la obligación del Estado de garantizar a las personas con discapacidad los derechos políticos y la posibilidad de gozar de ellos en igualdad de condiciones con los demás, con fundamento en al artículo 29 de la CDPD. Como se ve, si bien los fallos analizados no realizan un desarrollo del derecho al ejercicio de la capacidad jurídica y en varios 51 Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala L, “N.J.A. S/art. 152 ter. Código Civil”, sentencia de 11/7/2013, en Manual de buenas prácticas, supra nota 2, p. 237. 52 Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil No. 88, “A., A.M. s/ Insania”, sentencia de 10/10/2013, en Manual de buenas practicas, supra nota 2, p. 239.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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