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y en qué medida el juez no ha incurrido en arbitrariedad al valorar esa evaluación. Bastará que los tribunales inferiores no adopten el criterio de la Corte o lo hagan, pero estableciendo estándares bajos tanto respecto de la evaluación pormenorizada, como de su peso en la sentencia, para que el derecho a votar sea restringido y las posibilidades de recurrir tales decisiones sean limitadas. Por eso, si bien el efecto de la declaración de inconstitucionalidad de la norma también hubiera sido para el caso concreto, la regla del fallo hubiera podido separarse, en ese punto, de los hechos del caso y de las constancias de la causa. Ello impondría a los jueces de grado una carga argumentativa más pesada sobre sus fines y la adecuación de sus medios. Además, si el fundamento de la tacha hubiera sido la violación del principio de igualdad o de razonabilidad, el juez o la parte que pretendiera la aplicación de la norma debería, en tal hipótesis, superar el escrutinio estricto. Una segunda cuestión es que la CSJN estableció que a fin de determinar si corresponde o no la restricción al derecho al voto vuelvan los autos al tribunal de origen para que se determine si la persona “carece[e] de capacidad para realizar ese acto político específico” a través de “una “evaluación pormenorizada y específica sobre la capacidad de votar” que, como se explicó, resulta cuestionable desde el punto de vista del derecho al voto49. En efecto, someter a una evaluación de este tipo solo a personas 49 CSJN, F., H. O. s/ artículo 152 ter Código Civil”, supra nota 1, consid. 8 y 9.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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