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El artículo 23 de la CADH consagra los derechos políticos, entre ellos el derecho al voto, para “todos los ciudadanos” e indica que “[l]a ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior, exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en proceso penal”46. La Corte argentina cita este artículo en respaldo a su posición según la cual el artículo 3 inciso a del Código Electoral constituye una reglamentación razonable del derecho al voto de las personas con discapacidad. Sin embargo, es posible afirmar que una interpretación adecuada del artículo 23 en línea con los artículos 1.1, 24, 29 y 30 de la Convención no permitiría sostener la validez del citado artículo del Código Electoral. En especial, como se expresó, teniendo en cuenta la jurisprudencia de la Corte IDH respecto a la interpretación evolutiva de la CADH y el principio pro persona. En primer lugar, mal podría interpretarse que el artículo 23 constituye un obstáculo al reconocimiento y la implementación del derecho al voto de las personas con discapacidad por parte de los Estados miembros de la Convención, salvo que se afirme que reglamentar implica necesariamente restringir o excluir, y no puede significar generar las condiciones adecuadas, incluidos los apoyos y ajustes razonables necesarios para el ejercicio discriminación bajo “otra condición social” se encuentra asimismo la condición de persona con VIH como aspecto potencialmente generador de discapacidad en aquellos casos donde, además de las afectaciones orgánicas emanadas del VIH, existan barreras económicas, sociales o de otra índole derivadas del VIH que afecten su desarrollo y participación en la sociedad.” 46 CADH, art. 23. El destacado no corresponde al original.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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