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¿Cuál habría sido el análisis del caso si la exclusión del padrón electoral hubiera afectado, por ejemplo, a las personas que profesan determinada religión o ideología, o a las mujeres? El rechazo que produciría hoy en día una norma de esa índole pareciera no ser el mismo que el que genera la norma que impide votar a las personas con discapacidad. Esto puede deberse a que históricamente han sido excluidas del ejercicio de ese -y otros tantos- derechos fundamentales, lo que haría parecer natural o conveniente que no voten. La revisión crítica que el modelo de derechos humanos de la discapacidad impone es significativa y puede ser desafiante, sobre todo cuando interpela instituciones que, como la curatela, tradicionalmente habían sido creadas para “proteger” a las personas con discapacidad. Por eso, recurrir al derecho internacional de los derechos humanos a efectos no solo de identificar esas “categorías sospechosas” sino los estándares y el conocimiento que han desarrollado los organismos de aplicación de los tratados en relación, por ejemplo, al ejercicio de derechos políticos de las personas con discapacidad, podría haber enriquecido la decisión y alinearla con el desarrollo del derecho internacional en la materia. Independientemente de cuál hubiera sido la decisión de la Corte si hubiera aplicado los “test” de igualdad y no discriminación desarrollados para casos como el presente, ese análisis hubiera exigido brindar razones públicas y de interés general para sostener la vigencia de una norma que dispone una restricción se-

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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