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En su recurso extraordinario, la defensora pública argumentó que el artículo 3, inciso a, del código electoral no resiste un análisis de proporcionalidad, necesario para sostener la validez de la restricción de derechos que impone. Con cita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmó que el “derecho a elegir no es absoluto” y que los estados pueden sujetarlo a ciertas restricciones, las cuales “no deben cercenar los derechos hasta un punto que lleguen a alterar su esencia o remuevan su efectividad”36. En línea con la jurisprudencia nacional comentada, el TEDH estableció que las restricciones “deben ser impuestas en persecución de un fin legítimo y los instrumentos empleados no deben ser desproporcionados o disminuir la libre expresión de la opinión del pueblo en la elección de la legislatura”37. Agregó que la restricción debe fundarse en una causa “objetiva y razonable” y no realizarse de forma automática, ya que eso constituye una “restricción inadmisible a un derecho fundamental que no guarda relación ni con los fines de la restricción de la capacidad, ni con las necesidades de organización del sistema electoral.”38 La Corte Suprema, aun teniendo presente que el art. 3 inciso a impone una exclusión basada en un criterio de discriminación prohibido no realizó un análisis de razonabilidad simple ni estricto. Ello hubiera implicado reparar en su causa, fines y en los medios empleados para alcanzarlos. 36 Recurso extraordinario presentado por la Curadora Pública, Dra. Luz Pagano, en causa “FHO s/ Art. 152 ter del Código Civil” en Manual de buenas prácticas, supra nota 2, p. 257 con cita de TEDH, Mathieu v. Clerfayt v. Belgium, Sentencia de 2 de marzo de 1987. 37 Ibíd. 38 Ibíd., p. 261.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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