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En este sentido, el máximo tribunal ha expresado que cuando una norma incluye distinciones o restricciones diferenciadas basadas en motivos prohibidos de discriminación de acuerdo a los pactos internacionales, se presume inconstitucional y debe superar un escrutinio estricto para revertir dicha presunción. En este supuesto, quien sostiene la constitucionalidad de la norma debe aportar una “cuidadosa prueba sobre los fines que había intentado resguardar y sobre los medios que había utilizado al efecto”33. Asimismo, los fines deben ser “sustanciales” no bastando que sean “meramente convenientes”34 y los medios deberán ser adecuados para promover efectivamente los fines propuestos, no siendo suficiente una genérica adecuación. Finalmente, debe demostrarse que “no existen otras alternativas menos restrictivas para los derechos en juego que las impuestas por la regulación cuestionada”35. El caso H.O.F. ameritaba el análisis de la norma a la luz de los principios de razonabilidad e igualdad, lo que había sido requerido por la defensora pública. Además, considerando que la norma excluye a un grupo de individuos en base a su discapacidad -lo que constituye bajo el derecho internacional de los derechos humanos una categoría prohibida de discriminación- su análisis bajo un escrutinio estricto hubiera sido el más adecuado.

33 34 35

CSJN, Hooft, supra nota 24, consid. 6. Ibíd., consid. 6.

Ibíd.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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