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jurisprudencia. De haberlo hecho, probablemente hubiera arribado a una solución diferente. Como se mencionó, antes de ser modificado por la Ley de Democratización de la Participación Política, la Transparencia y la Equidad Electoral (Ley No. 19.571), el Código Electoral excluía del padrón electoral a “los dementes declarados tales en juicio y a aquellos que, aun cuando no lo hubieren sido, se encuentren recluidos en establecimientos psiquiátricos”. Con la modificación y según el texto que sigue vigente, sólo los primeros quedan excluidos del padrón. La norma no reglamenta el derecho al voto, sino que simplemente excluye su ejercicio, al anular de plano la posibilidad de votar a las personas con discapacidad que hayan visto restringida su capacidad jurídica en juicio. La Constitución establece en sus artículos 14 y 28 el principio de razonabilidad o proporcionalidad, conforme el cual, si bien el ejercicio de los derechos puede estar sujeto a reglamentación, dicha reglamentación no podrá alterar el derecho. Con ello, la Constitución impone límites al Congreso en la reglamentación de los derechos constitucionales. A su vez, la Constitución reconoce el principio de igualdad de las personas ante la ley en su artículo 16 y el derecho al voto en el artículo 37, indicando que “el sufragio es universal”. La Corte Suprema ha entendido históricamente que el derecho de las personas a ser tratadas de modo igual por la ley no impide la existencia de diferencias legítimas. En cambio, la igualdad establecida en la Constitución garantiza que los criterios 320

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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