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jo Código Civil) se encuentra en un régimen que ha sido derogado por disposiciones que cambiaron radicalmente los principios y efectos que gobiernan dicha situación jurídica (CDPD y CCCN)? La respuesta no se reduce meramente a la adscripción a una determinada postura hermenéutica o interpretativa, sino que tiene consecuencias prácticas y profundas, tanto para el caso como para otras situaciones jurídicas. El máximo tribunal entendió que la exclusión del padrón electoral en virtud de una categoría jurídica que acarreaba la imposibilidad de ejercer prácticamente cualquier acto de la vida civil no es incompatible con la presunción de capacidad, ni con la prevalencia de los apoyos por sobre las restricciones, como prescriben la CDPD y el CCCN. El problema de esta lectura es que queda desvinculada del marco axiológico-valorativo que inspira el nuevo régimen jurídico emanado de la CDPD y el CCCN, reduciéndolo a su mínima expresión. Además, la Corte Suprema no expuso las razones que lo llevaron a concluir que tal armonización es posible, ni evaluó las consecuencias de adoptar esta postura. Tanto la Defensoría General de la Nación como la Procuración General de la Nación fueron consecuentes en dos puntos. Primero, en la solución otorgada al caso: ante la ausencia de razones concretas que propicien una restricción del derecho al voto, de acuerdo con el principio de presunción de capacidad plena y ponderando el principio de no discriminación reforzado por la CDPD, el actor está legalmente habilitado para votar. Segundo, en la valoración del artículo 3 inciso a del CE como una norma 318

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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