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Tal como se adelantó, la Corte Suprema utiliza la pauta hermenéutica “armonizadora”, según la cual, frente a un aparente conflicto entre normas se debe procurar armonizar el alcance y contenido de ambas22. De acuerdo con la consolidada doctrina del tribunal, la declaración de inconstitucionalidad de una norma es la última ratio y sólo procede cuando se revele -ya sea por la esencia propia o por el contenido de los derechos involucrados- que resulta imposible conciliarla con otra que se encuentra en pugna. La postura del Procurador ante la Corte, en cambio, afecta la vigencia de la norma al sostener su derogación tácita. En efecto, la derogación de una norma no es una decisión que corresponda a los tribunales sino al Congreso de la Nación en uso de sus facultades legislativas. No obstante, los tribunales pueden, y deben, constatar si una norma ha sido derogada ya sea por voluntad expresa o tácita del Congreso. Esto ocurre usualmente cuando un nuevo régimen normativo pasa a gobernar las situaciones que antes eran abarcadas por otro régimen. En la mayoría de los casos, el Congreso efectúa un acto expreso de reconocimiento de esta derogación, pero también puede suceder tácitamente cuando la intención de modificar el régimen jurídico aplicable a una situación resulta inequívoca. El interrogante que se planteó en el caso H.O.F. es el siguiente: ¿Puede mantener su vigencia una norma (art. 3.a del CE) cuya esencia (incapacitación total contemplada en el art. 141 del vie22 CSJN, “Chocobar, Sixto Celestino c/ Caja Nacional de Previsión para el Personal del Estado y Servicios Públicos s/ reajustes por movilidad”, 27 de diciembre de 1996.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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