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norizada, sostiene: “De ese modo, se compatibiliza la norma electoral que reglamenta el ejercicio del derecho a votar por razones de capacidad (el remarcado no es del original) con el modelo social de discapacidad que el legislador definió con posterioridad a la sanción de la ley 26.571.” Para la CSJN pareciera que tanto la exclusión del padrón electoral como las disposiciones sobre capacidad jurídica son, en esencia, regímenes limitativos cuando, como se explicó, la presunción de capacidad y la provisión de apoyos son la base del modelo social de la CDPD y no un aspecto tangencial. Si bien la CSJN se encuentra obligada a intentar armonizar las diferentes normas del sistema jurídico, ello no puede hacerse a costa de desvirtuar el régimen en el cual se encuentran insertas. Un Código Electoral Nacional con perspectiva obsoleta Otro aspecto preocupante de la decisión de la CSJN se relaciona con la vigencia del artículo 3 inciso a del Código Electoral, que autoriza la exclusión del padrón electoral a aquellas personas declaradas “dementes en juicio”, siguiendo la categoría del artículo 141 del Código Civil de la Nación (hoy derogado por el CCCN). La CSJN resuelve dejar subsistente esta norma, desestimando tanto los planteos de inconstitucionalidad efectuados por el actor (a través de su curadora) como su derogación tácita a la luz del nuevo marco normativo (posición adoptada por el Procurador ante la Corte en su dictamen).

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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