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que H.O.F. posee “capacidad” para votar aún sin apoyos, solo se estaría corroborando lo que hace años señalan los informes profesionales y la presunción de capacidad del régimen jurídico (que reiteramos, no ha sido desvirtuada). En ese sentido, se advierte aquí la diferencia en el tratamiento de este punto por parte de la Defensora General de la Nación y del Procurador ante la Corte Suprema, quien sugirió la inclusión inmediata de H.O.F. en el padrón electoral en lugar de supeditar dicha inclusión a una futura evaluación. Ambos destacan que no existe ninguna constancia que autorice a presumir que el actor no puede ejercer su derecho al voto y que el juego armónico de los artículos 12 y 29 de la CDPD obliga a que, en caso de que se hubieran identificado razones concretas, se dispusiera el acceso a los apoyos adecuados para que H.O.F. pudiera tomar decisiones autónomas, incluso mediante la elección de una persona que le prestara asistencia para votar.20 El Procurador apoya también sus conclusiones en la Observación General Nro. 1 del Comité de la CDPD21. En dicha decisión el Comité sostuvo que “la capacidad que tenga una persona de adoptar decisiones no puede justificar que se excluya a las personas con discapacidad de ejercer sus derechos políticos, incluidos el derecho de voto, (…)”. La perspectiva de la Corte Suprema sobre esta materia se hace más evidente cuando, luego de proponer la evaluación porme-

20 MPF, Dictamen “F., H. O. s/ Art. 152 ter. Código Civil”, CIV 83563/1997/CSl, 6 de abril de 2016, punto V, pág.7. 21 Ibíd.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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