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el antiguo art. 141 del Código Civil); y por último, los artículos 31 y 32 del CCCN. Para la CSJN, estas normas establecen primordialmente que “la capacidad general de ejercicio de la persona humana se presume y la limitación a la capacidad para realizar determinados actos jurídicos es de carácter excepcional y se impone en beneficio de la persona” 13. Es cierto que las características que la CSJN señala del nuevo CCCN -presunción de capacidad, limitación excepcional en beneficio de la persona- son fundamentales en el nuevo régimen de capacidad jurídica. Pero estas disposiciones, sin duda importantes, deben ser leídas en conjunto con los artículos 12, 2, 3.b, 5 y 29 de la CDPD y del artículo 43 del CCCN, las que sustancialmente establecen que toda persona tiene derecho a recibir y demandar apoyos para ejercitar su capacidad jurídica. Es problemático sostener que las nuevas normas únicamente han establecido ciertas condiciones agravadas para la limitación de la capacidad jurídica como parece entender la CSJN, cuando el régimen instaurado -en el cual la CDPD constituye la norma de más alto rango a la cual el CCCN debe ajustarse- consagra como obligación primaria la provisión de apoyos para el ejercicio de la capacidad jurídica de la persona, y no su limitación. Recientemente, la Relatora sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ratificó que “Los Estados deben establecer marcos jurídicos y de políticas que aseguren la disponibilidad de arreglos y servicios de apoyo, incluidas tecnologías

13

CSJN, “Fulco”, cit. considerando 7 último párrafo.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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