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nas inconsistencias -tanto respecto de los fundamentos como de su resolución en el caso concreto- que en ciertos aspectos mantiene aún vivas y expectantes esas doctrinas tutelares que pretende desterrar. ¿Somos todos plenamente capaces para votar o se agravan las condiciones para qué el/la jueza disponga la incapacidad? La Corte sostiene primero que el derecho al voto “de las PcD”11 no es absoluto. Luego, realiza un repaso por las disposiciones claves del nuevo régimen de capacidad jurídica: a) el artículo 12 CDPD que consagra el derecho a gozar de la plena capacidad jurídica por parte de las PCD y el derecho a recibir apoyos12, en cuyo texto no se hace mención alguna a la posibilidad de realizar restricciones puntuales al ejercicio de la capacidad jurídica; b) el art. 42 de la Ley 26.657, hoy ya superado por el CCCN, que establecía un régimen de restricción de la capacidad “por actos” y ya no categorías jurídicas cerradas que implicaran una limitación total o parcial del ejercicio de los derechos (como era 11 Entendemos que la CSJN destaca que se puede reglamentar el derecho al voto “de las PcD” y no el derecho al voto de “toda la población”, debido a que el caso versa sobre un representante de este grupo. De lo contrario no se entenderían las razones de la puntualización, ya que es jurisprudencia consolidada que todos los derechos, independientemente de su titularidad por un determinado grupo, están sujetos al régimen general de restricciones (ej. arts. 30 y 32.2 de la CADH) y deben ser objeto de una reglamentación razonable (art. 28 CN). Quizás en el futuro sea provechoso que la CSJN evite este tipo de puntualizaciones para evitar interpretaciones incompatibles con el principio de no discriminación contemplado por la CDPD (Arts. 2, 3.b y 5). 12 El art. 12 consagra la capacidad jurídica plena de las PCD y la obligación de brindar apoyos.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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