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Convención”4. Como consecuencia, dispuso que el Estado debía adaptar sus procedimientos electorales para garantizar que fueran “adecuados, accesibles y fáciles de entender y utilizar” y promulgar legislación que reconozca, sin ninguna “evaluación de la capacidad”, el derecho de voto de todas las personas con discapacidad, incluidas las que tienen más necesidad de apoyo, previendo asistencia adecuada y ajustes razonables para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos políticos. Al año siguiente de esta decisión, el 19 de mayo de 2014, cuando ese mismo Comité emitió la Observación General 1 “Igual reconocimiento como persona ante la ley” resaltó cómo el antiguo sistema de incapacitación impactaba de manera directa sobre la restricción del derecho al voto de las PcD pues, al limitarse la capacidad jurídica, se las privaba automáticamente de su capacidad para realizar actos de la vida civil y política. Al respecto, resaltó: “la capacidad de adoptar decisiones no puede justificar que se excluya a las personas con discapacidad del ejercicio de los derechos políticos, incluidos el derecho de voto, el derecho a presentarse como candidatas en las elecciones y el derecho a ser miembros de un jurado. Los Estados partes tienen la obligación de proteger y promover el derecho de las personas con discapacidad de acceder al apoyo de su elección para emitir su voto en secreto y participar sin discriminación en todas las elecciones y referendos”5. 4 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Comunicación Nº 4/2011, CRPD/C/10/D/4/2011, 16 de octubre de 2013, párrafo 9.4. 5 Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Observación General No.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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