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En el año 2010, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos emitió una sentencia contra Hungría en el caso “Alajos Kiss” y estableció importantes lineamientos para la actuación de los Estados en esta área, con el objeto de revertir el tradicional sistema de incapacitación vinculado con el derecho al voto. El tribunal destacó el rol crucial que cumple el derecho al sufragio en una sociedad democrática y remarcó que la limitación del sufragio universal pone en riesgo la validez democrática del Poder Legislativo. Por ello, cualquier exclusión de un grupo del ejercicio de este derecho deber ser compatible con los principios del Protocolo 1 del Sistema Europeo de Derechos Humanos. Este caso permitió evidenciar también la concepción que subyace en casi todas las legislaciones del derecho comparado según la cual solo las personas capaces de evaluar las consecuencias de sus decisiones, y de tomar decisiones juiciosas, pueden ejercer su derecho al voto. Es decir, las personas deben ser “competentes para votar”. En este contexto, el tribunal señaló que, bajo ese protocolo, no era admisible la restricción absoluta y automática del derecho al voto de aquellas personas que se encontraban bajo curatela parcial. Destacó, además, que si una restricción de esta naturaleza se ejerce sobre un grupo que ha estado históricamente en situación de vulnerabilidad, y ha sido objeto de prejuicios y estereotipos sociales, el margen de apreciación de los Estados para decidir su establecimiento es menor y se deben demostrar razones de mucho peso. Por tal motivo, expresó que la categoría “personas con discapacidad mental” no es admisible per se 304

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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