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más, directamente o a través de representantes libremente elegidos, incluidos el derecho y la posibilidad de las personas con discapacidad a votar y ser elegidas, entre otras formas mediante (…) iii) La garantía de la libre expresión de la voluntad de las personas con discapacidad como electores y a este fin, cuando sea necesario y a petición de ellas, permitir que una persona de su elección les preste asistencia para votar”. De acuerdo con el nuevo paradigma, las PcD son plenamente capaces para ejercer el derecho al voto y se deberán establecer apoyos, ajustes razonables y asistencia para votar en los casos que fuere necesario. Dicho de otra manera, en el régimen vigente en Argentina si una persona desea votar y puede hacerlo, nada debe imponerse en el ejercicio de ese derecho. Si la persona desea votar, pero necesita de apoyos para hacerlo, el sistema judicial debe promover su designación con la participación y el consentimiento de la persona. Si aun con apoyos la persona se ve imposibilitada de votar, sea por la existencia de barreras externas o porque el sistema de apoyos no ha hallado la manera de hacer accesible para la persona el ejercicio de ese derecho, la restricción tampoco procede. En todo caso, procederá una exención del deber de votar. En el ámbito de los sistemas internacionales de protección de los derechos humanos el derecho al voto de las PcD fue cobrando paulatino vigor.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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