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idónea para canalizar ese tipo de reclamos; sus agencias operan ex post, una vez que el daño está causado y otorgará, en todo caso, una solución al problema puntual. Por el contrario, se encuentra raramente capacitado para el otorgamiento de acciones positivas o del debido reconocimiento que, en muchos casos, constituye la problemática central de las minorías (Pildes, 2008:184). De este modo, el derecho resulta una entelequia si no existen las políticas públicas para su aplicación (Abramovich y Courtis, 2009:10). En tal sentido, el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación ha enfatizado en el rol de garante del Estado nacional en materia de derechos humanos (Senado, 2015:12). En el presente caso se observa que el marco legal para la protección de las mujeres efectivamente se corresponde con los estándares fijados por los organismos internacionales, aunque el derecho internacional no ha podido tener influencia directa sobre las jurisdicciones locales (Weiss, 2004:83). Por esas razones, no parece que el federalismo entendido de la manera clásica -a lo Dahl- pueda satisfacer teórica y metodológicamente las necesidades y complejidades de un Estado que cuenta con diversos grupos minoritarios y vulnerables dispersos a lo largo del territorio. Sin embargo, podría plantearse su reformulación sin desnaturalizar sus ideas centrales. En esos términos, un nuevo federalismo dialógico podría superar la definición categórica de los primeros federalistas clásicos sin caer en un sistema unitario ni central.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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