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unificado de casos, unidades especializadas en violencia en el primer nivel de atención que favorezcan el fortalecimiento integral de la mujer, instancias de albergues, programas de reeducación, promoción de políticas de revinculación social y laboral, creación de líneas de crédito, entre otras medidas) parecería que estuvo pensada y orientada a resolver esta problemática de manera integral. Sin embargo, sin una adecuada previsión presupuestaria, esta declaración de derechos se convierte nuevamente en una serie de promesas que se tornan inoperantes. El llamado a declarar la emergencia en materia de violencia de género tampoco incluye una reforma del presupuesto asignado al Consejo Nacional de las Mujeres o INAM. Esta circunstancia ha llevado a que en numerosas ocasiones el Comité de la CEDAW expresara su preocupación por la falta de asignación presupuestaria y la adecuación del marco normativo en las provincias, que permita la aplicación efectiva de la ley a escala municipal, provincial y nacional15. Sobre la base de las consideraciones expuestas, es dable concluir que la aplicación de la Ley de Protección Integral de las Mujeres, en el estado actual de la situación, no sólo no es llevada a cabo de manera homogénea a lo largo del país, sino que en ciertas provincias ni siquiera se cumplen los mínimos en su letra exigidos. De la misma manera, parece evidente que su implementación no es una prioridad en términos presupuestarios. Esto genera una clara desigualdad en los derechos de 15 CEDAW, Observaciones Finales, Argentina, A/59/38, 31° período de sesiones, 2004; CEDAW, Observaciones Finales, Argentina, 46° período de sesiones, 2010.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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