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El análisis de los presupuestos destinados a la concreción de las medidas resulta fundamental, pues permite evidenciar las diferencias existentes entre las normas que reconocen derechos y su efectiva implementación. El proyecto de presupuesto 2017, por ejemplo, no mencionaba al Plan de Acción ni poseía disgregación sobre cuánto deberá destinarse a la construcción o mantenimiento de los hogares de protección integral (ACIJ y ELA, 2016). Esto mejoró en el documento elaborado en 2018, donde se observó la visibilización de actividades y programas destinados a promover la igualdad de género, los que contaban con asignación presupuestaria propia. Si bien el acceso a la información pública se encuentra garantizado a través del decreto nacional N° 1172/2003 y de la ley N° 22.275, lo cierto es que se vuelve laborioso encontrar datos concretos sobre el presupuesto destinado a cada una de las localidades del territorio argentino. Esta circunstancia es uno de los mayores obstáculos al momento de realizar una evaluación integral, pues la información no se encuentra formulada de tal manera que permita conocer qué se asigna a qué actividad o región (ACIJ y ELA, 2018). La ley N° 26.485 describe con precisión los lineamientos de una política pública que, analizada con detenimiento, debería tener una incidencia positiva en la modificación de los obstáculos existentes a nivel judicial y administrativo. Por la claridad con la que está organizada esta política (que exige campañas de educación y capacitación a la comunidad para informar y concientizar sobre la violencia de género, registro coordinado y 224

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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