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tancia que, a su criterio, no se concretará en tanto no se planifiquen y ejecuten políticas públicas especializadas (ISEPCi y MuMaLá; 38). Otros destacaron que la estructura federal del estado argentino había determinado la existencia de una amplia variedad de situaciones desiguales entre las regiones. Así señalaron, por ejemplo, que la realidad de la ciudad de Buenos Aires estaba lejos de reflejar la realidad de muchas jurisdicciones locales, provinciales o regionales. En tal sentido, destacaron la falta de información oficial y estudios empíricos a nivel general y, particularmente, de las localidades (CAREF y ELA, 2017:7). Además, el Comité de Derechos Humanos ha expresado su preocupación por la deficiente aplicación de la ley y la falta de implementación del Plan Nacional de Acción. De manera puntual, instó a que la Nación incrementara sus esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos propuestos por la ley en todos los niveles del Estado, dotándolo de los recursos necesarios (2016). En el mismo sentido se expidió el CELS, al señalar que la implementación de la ley no era homogénea a nivel nacional ni provincial y que no se sabía cómo se organizaría para dar cumplimiento al mandato de que fuera federal. El mismo documento indicó que se encontraba pendiente la puesta en marcha del Plan, que “según el propio texto de la Ley constituye una herramienta clave para articular políticas integrales, en los distintos niveles del Estado a lo largo del territorio nacional” (2016:39).

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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