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comprometido a la creación de un hogar de protección, luego denegado por falta de recursos. En tal sentido, sostuvo que las únicas acciones realizadas en conjunto con el Estado fueron las campañas de prevención general y la articulación de la línea telefónica 144. De los datos que surgen a partir de las entrevistas celebradas con personas de diversas jurisdicciones, se advierten claras e importantes diferencias en la disponibilidad de recursos por parte de las mujeres y, especialmente, en la articulación de las áreas locales con el organismo de la Nación encargado de aplicar la Ley de Protección Integral, el INAM. Así, mientras que en las provincias de Catamarca, Tierra del Fuego y Salta se observa que la relación es prácticamente nula, en la ciudad de Buenos Aires el trabajo en conjunto con las agencias nacionales y con el INAM es periódica y fluida. Debe recordarse, a modo de ejemplo, que la provincia de Salta declaró en 2014 la situación de emergencia en materia de violencia de género12, luego prorrogada en los años 201613 y 201814. Sin embargo, parece que dicha circunstancia no ha generado ningún tipo de cambio ni mejora en la coordinación con el organismo nacional. Lo relatado en las entrevistas se condice con las situaciones concretas que se observan a lo largo del país en relación a la aplicación desigual de los mecanismos propuestos por el (entonces) Consejo Nacional de la Mujer. Por ejemplo, el Consejo

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Ley provincial N° 7858, publicada en el B.O. Nº 19.445, del 12/12/2014. Ley provincial N° 7943, publicada en B.O. 19.875 del 4/10/16. Ley provincial N° 8110, publicada en B.O. 20.382 del 9/11/18.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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