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feudales. Están muy lejos los municipios de la capital. Por ejemplo, [...] una mujer de la jurisdicción de Belén que sufra violencia de género tiene que recorrer [muchos] kilómetros para hacer la denuncia. Tenemos muchas fallas de recursos. Alrededor de una ciudad hay pequeños pueblos. Una mujer de la sierra lo único que tiene es una comisaría y juzgados de paz, que no pueden dictar medidas cautelares, y entonces tiene que pagar un colectivo hasta la ciudad, llevar a los testigos, ir al médico, tramitar la causa. En su misma ciudad el violento la va a revictimizar, la comisaría también. Esa es la realidad de la mujer del interior de la provincia”. Finalmente, señaló que “...existen centros judiciales en [...] los departamentos más grandes. Pero alrededor de esos departamentos hay muchos pueblitos y las mujeres tienen que hacer mucho para tener acceso a esos derechos, que en pocas palabras no existen. El trabajo tiene que ser mancomunado entre provincias y nación. Nación tiene que insistir. Hay que seguir trabajando. La violencia no se puede trabajar sin redes entre nación, provincia y municipios. Eso es real. Estamos viendo la problemática con preocupación”. Del lado sur del país, María Eugenia Bennardis, quien se desempeña en la Subsecretaría de Políticas de Género del gobierno de Tierra del Fuego, señaló que las diversas medidas llevadas a cabo a partir de la adhesión al Plan de Acción son sustentadas de manera exclusiva con fondos municipales y provinciales. Asimismo, indicó que el Estado nacional no sólo no ha colaborado con ninguna de dichas medidas, sino que se había 219

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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