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En Argentina, desde fines de la década de 1990 la legislación comenzó a mostrarse más permeable a reformas cuya finalidad declarada fue la erradicación de la discriminación y la violencia de género. El primer paso en esa dirección fue la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos a través de la sanción del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional, cuyos lineamientos podían ser utilizados para defender los derechos de las mujeres7. Luego, de modo más específico, fue aprobada la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (conocida como Convención de Belém do Pará) por medio de la ley N° 24.632 del año 1996; documento que adquirió jerarquía constitucional en el 2011. A esta corriente se sumó la sanción de una gran cantidad de leyes que abordaron temas como la trata de personas, la modificación de los delitos contra la integridad sexual y la tipificación del femicidio. En particular, en el año 2009 fue sancionada la ley N° 26.485 de “Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales”. La norma fue dictada con carácter de orden público y de aplicación obligatoria a todo el territorio nacional, con excepción de las regulaciones que efectuara y aplicase cada una de las jurisdicciones locales8.

7 Fundamentos expuestos por Marcela Rodríguez en el proyecto de ley que proponía otorgar jerarquía constitucional a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. 8 Ver artículo 1 y capítulo II del Título III de la ley N° 26.485.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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