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Nación y las provincias. Esto es, todas las normas de derecho interno deben ajustarse y no pueden contradecir los tratados en materia de derechos humanos en la interpretación que de ellos hacen los organismos encargados de su aplicación. Esta vara es un mínimo, que puede ser superado en la órbita de sus respectivas competencias por la Nación y/o las provincias. Se trata de una categoría especial de competencias concurrentes. Tanto el Estado federal como las provincias pueden dictar normas sobre la totalidad de unas mismas cuestiones7 pero siempre maximizando o complementando el marco del bloque constitucional. Después de la Reforma Constitucional de 1994, hubo rápidamente una oleada de reformas provinciales para adecuar sus contenidos a la misma y en nuestro caso la primera Constitución de la Ciudad autónoma se inscribe entre aquellas que pretenden maximizar esos estándares mínimos, mejorando el catálogo de derechos y la institucionalidad para hacerlos efectivos. Con tensiones y conflictos, con vacíos y omisiones, con marchas y contramarchas, se va sedimentando progresiva e irreversiblemente el sistema de concertación federal8 en materia de DDHH con una posible complementariedad maximizadora provincial o de la Ciudad. 7 BIDART CAMPOS, Germán. Tratado Elemental de Derecho Constitucional. Tomo IB. BsAs, EDIAR, 1995, p. 238. 8 Fue el maestro Pedro J. Frías quien acuñó el término “federalismo de concertación” mucho antes de la Reforma Constitucional para referirse a una evolución del federalismo argentino superadora del “federalismo dual”. Ver FRIAS, Pedro J. El Proceso Federal Argentino II. Córdoba, Ediciones El Copista, 1998. pág. 75.

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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