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En efecto, en el sistema gubernamental adoptado por nuestro país no puede concebirse que dentro del territorio de una provincia un fuero judicial que depende del Estado Nacional dicte resoluciones sobre cuestiones de derecho ordinario. La Constitución Nacional establece claramente cuáles son las facultades de la Justicia Federal y cuáles corresponden a los fueros provinciales; y cualquier intromisión de la primera respecto de las competencias de las segundas sería interpretada como una injustificada injerencia en la capacidad de autodeterminación de la provincia. Corresponde preguntarnos, entonces, por qué motivo en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a quien la Constitución le otorga plenas facultades judiciales equiparables a las de una provincia, se mantiene aún un régimen jurisdiccional en materia ordinaria que depende del poder judicial nacional. ¿No es eso, acaso, una injustificada injerencia a su autonomía? Responde a esta pregunta Alfredo Vítolo que, siguiendo a Quiroga Lavié “afirma que la Ciudad tiene facultades para aplicar el derecho común en la medida en que las cosas o las personas caigan en su jurisdicción y no afecten los intereses del Estado Nacional… la interpretación que limita la competencia de los tribunales locales a las cuestiones de menor cuantía o vecinales carece de todo asidero jurídico, ya que ellas, en todo casos, encuentran su fundamento jurídico en los códigos civil o comercial, por lo que caen dentro de las causas que, en las pro-

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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