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nomo y, por el otro, la Capital de la Nación. La forma prevista para lidiar con esta situación se encuentra en el segundo párrafo del art. 129 del CN: el dictado de una ley que garantice los intereses del Estado Nacional dentro del territorio de la CABA. Dicha norma, conocida como Ley de Garantías o Ley Cafiero, fue sancionada el 8 de noviembre de 1995. Sin embargo, lejos de respetar el espíritu de la convención constituyente, implica serios límites a las facultades locales. Para comenzar, cabe destacar que invierte la tradicional fórmula constitucional respecto a los poderes delegados y retenidos por las provincias cuando establece que “la Nación conserva todo el poder no atribuido por la Constitución al gobierno autónomo de la Ciudad de Buenos Aires” (art. 2 de la Ley 24588) De la misma manera, limitaba los poderes locales en materia de seguridad y protección de personas y bienes, ya que establecía como fuerza de seguridad para el territorio porteño a la Policía Federal y le prohibía crear organismos de seguridad sin autorización del Congreso Nacional. Poco a poco estos confines se fueron moderando y la ciudadanía porteña ganando terreno hacia una autonomía completa y plena. Basta con mencionar, verbigracia, la creación de la Policía Metropolitana17 y el reciente traspaso de un gran número de efectivos y divisiones de la Policía Federal a dicha fuerza que depende exclusivamente del Poder Ejecutivo citadino.

17 A través de la sanción de la ley 2894 de Seguridad Pública, dictada por la Legislatura porteña el 28 de octubre de 2008

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Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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