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asunto entre los que la Constitución ha acordado al Gobierno Nacional”. Tanto es así, que el congreso constituyente le otorgó la capacidad de dictarse un estatuto organizativo de esas autoridades que, hoy en día, es conocido como la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cuya validez como tal no sólo no se encuentra razonablemente cuestionada, sino que además sirve como fuente constante de decisiones legislativas, administrativas y judiciales.” Ahora bien, en lo que a las facultades ejecutivas y legislativas locales respecta, la transición fue bastante sencilla. Hacia fines de 1995 se sancionó la ley 24620 que convocó a elecciones para el Jefe y Vicejefe de gobierno y para el nombramiento de los representantes que debían sancionar el estatuto organizativo. Más allá de que pueda detectarse en la letra de esa norma disposiciones pasibles de ser interpretadas como avasallamientos de la autonomía porteña, lo cierto es que en la práctica la Ciudad de Buenos Aires a llevado a cabo el ejercicio de sus poderes ejecutivos y legislativos sin mayores complicaciones. Las facultades judiciales, que constituyen el centro del presente análisis, sí se encuentran, en la actualidad, ampliamente cuestionadas, como se verá más adelante, circunstancia que pone en jaque los objetivos perseguidos con la reforma de 1994. Continuando con el análisis de la autonomía porteña se ha discutido también cuál es su alcance a la luz de la particular característica que reviste la ciudad al ser, por un lado, un ente autó121

Nº9 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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