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Por otra parte, como ya mencioné, dado que en América Latina se ha configurado una organización y distribución del cuidado sumamente injusta, donde las mujeres cargan con el trabajo de cuidar –el que además está culturalmente aceptado que así sea- y las responsabilidades asociadas a ello, con las dependencias mutuas que se establecen, ya que la provisión de cuidados no ocurre de manera aislada o estanca, sino que resulta de una continuidad donde se suceden trabajo, actividades, ocio, responsabilidades y obligaciones. En el caso de los PTCI en general no se han contemplado estrategias de cuidado, ni para las madres perceptoras, las cuales deben cumplir con las condicionalidades en la mayoría de los casos sin infraestructura que le facilite algún mecanismo que las acerque a la oferta de salud o educación, que medidos en su impacto territorial, muchas veces queda totalmente alejado de sus lugares de residencia. Tampoco se han considerado el acceso a medios de transporte ni instancias para adecuar las dificultades en la movilidad y desplazamiento urbano o rural. En otros términos, “se condiciona la condicionalidad” al cumplimiento por parte de las madres de la asistencia de sus hijos a la escuela y al sector salud, pero no se ofrece ningún tipo de facilidades, ni estrategias de transporte (Hernández y Rossel 2013) u otras opciones para que efectivamente puede dar cumplimiento a la condicionalidad. La penalización por el incumplimiento implica el cese de la prestación, pero poco se dice sobre el incumplimiento del Estado en garantizar el ejercicio del derecho a la educación y a la salud de ese niño o niña. En el caso de las madres y padres adolescentes, salvo excepciones, 78

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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