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tora sea responsable de llevar a buen puerto el programa: ella misma debe garantizar que cada uno de sus hijos e hijas asista regularmente a los establecimientos educativos y además garantizar la regularidad en las prácticas de salud. El aspecto no considerado es precisamente si las instituciones garantes, por un lado de derechos como el derecho a la educación y a la salud, se han adecuado a estas demandas, o la flexibilidad de los programas contrasta con la rigidez organizacional del desenvolvimiento sectorial en las políticas sociales. Una complejidad adicional se encuentra en el caso de los estados federales, como Argentina, Brasil y México, donde se establecen instancias de implementación estadual y provincial, sin haber previsto mecanismos de cooperación a lo que debe sumarse que en general los PTCI tienen una autoridad nacional que “desembarca” en las provincias o en los estados federales de manera independiente a la institucionalidad de los sistemas de políticas sociales locales. En otros términos, no se previeron en estos casos mecanismos de integración entre jurisdicciones y al interior de cada una de ellas, duplicando en algunos casos acciones y en otros careciendo por completo de instancias de provisión de servicios. Este problema existe de larga data en los sistemas contributivos de seguridad social, sin que esta experiencia haya sido resuelta ni recuperada a la hora de diseñar estos esquemas protectorios para informalidad laboral. En el caso de México, que es “pionero” en la implementación de estos programas, ya que el antecedente data del año1997 con el Programa Progresa, el cual es absorbido en el 2002, por el “Oportunidades”, que se estructura a partir de las acciones 59

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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