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bios considerables, en general se ha mantenido estable que la titularidad de la transferencia le corresponde al “jefe de familia” o a quien se considere el perceptor principal de ingresos del hogar. Se trata de las transferencias denominadas asignaciones familiares formales (AFF). Esta suerte de “doble entrada” en las intervenciones estatales, donde por un lado se “acompaña” a los hogares con régimen de empleo asalariado por las demandas de cuidado y por el otro, se transfieren ingresos que resultan vitales para el sostén de los hogares en condiciones de informalidad laboral, van generando tensiones entre prestaciones contributivas para los primeros y no contributivas para los segundos. Entre otras situaciones, este tipo de respuestas estatales crean una frontera en términos de situación de pobreza, debido al peso que tienen estas acciones en el ingreso global del hogar especialmente en el caso de las vinculadas a transferencias de ingresos para desempleados o en situación de informalidad laboral, pero particularmente porque en la mayoría de los casos, es el único ingreso o el ingreso equivalente que aporta la mujer en el hogar (cuando es la perceptora principal). A su vez, el esquema de condicionalidades instalado en los PTC atribuye la exclusividad de las responsabilidades de cuidado a la madre, sin que se estimule su participación en el mercado de trabajo o se hayan realizado esfuerzos de redistribuir la injusta organización social del cuidado (OSC) que desde la economía feminista se ha definido como la forma en que inter-relacionadamente las familias, el Estado, el mercado y las organizaciones comunitarias, producen y distribuyen cuidado 49

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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