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Por todo ello, entiende que debe garantizársele la «adecuada asistencia habitacional, ya sea mediante la continuación de las prestaciones previstas en el decreto 690/06 y sus modificatorias, o bien incorporándola a cualquier otro plan que resguarde los fines habitacionales perseguidos en el proceso». Ahora bien, apelada la situación por la parte actora, la Sala III del fuero, hizo hincapié en la situación de vulnerabilidad y aplicó lo dispuesto en el art. 23 de la ley 4036, sobre discapacidad, por lo que resolvió ordenar al GCBA que le otorgue un «alojamiento» en los términos establecidos en la doctrina de «K.M.P.», por el TSJ55. De la resolución transcripta entonces se puede visualizar por primera vez la interseccionalidad y transversalidad que amerita el reconocimiento de la identidad de género y la garantía del derecho a la vivienda. En efecto, es contundente la magistrada al ponderar la discriminación que sufren las personas trans al momento de buscar un trabajo, aunque la misma también repercute al intentar acceder a una vivienda en calidad de locataria o de continuar sus estudios. Así, la vulneración a los derechos es más profunda y debe ser reconsiderada al determinar una especial consideración en la política del Estado. 55  En este aspecto, se destaca lo expresado por el Juez Centanaro, «el [TSJ] entiende que los casos de personas que padecen ciertas enfermedades que no representan, estrictamente, una discapacidad conforme lo establecido en la ley 4036, pero que implican –por diversos motivos– una restricción grave y duradera para su empleabilidad, dadas las circunstancias actuales del mercado laboral, deben ser asimilados a los de personas con discapacidad (…)». De allí que considera «ordenar al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA que, en ejercicio de su competencia, adopte los recaudos necesarios con el fin de “… que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas (…) a la situación…” de la actora (in re in re “K. M. P. c/ GCBA y otros s/ amparo”, del 21/03/14), v. Sala III, «Vilca», resolución de 9 de junio de 2017, punto VII, al que adhiere el Juez Zuleta.

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Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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