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de extrema vulnerabilidad social y «estado de pobreza» para hacer lugar a la acción impetrada y ordenar al Gobierno local a asegurar «de manera inmediata el acceso a una vivienda digna y adecuada para la amparista. La elección de los medios a implementar… corresponde al Poder Ejecutivo. La continuidad en el pago del subsidio habitacional podría resultar a esos efectos adecuada sólo si el monto entregado fuera suficiente para solventar sus necesidades habitacionales concretas (…)»46. De hecho, frente al recurso de apelación interpuesto por el GCBA contra la sentencia de fondo, la Sala III del fuero tuvo como eje rector a su decisión la salud de la actora, al considerarla incluida dentro de la tutela específica que manda la ley 4036, en su art. 23, para las personas con discapacidad, en virtud de esta situación es que ordena confirmar parcialmente la decisión de grado y reconduce la obligación estatal al «ordenar al Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del GCBA que, en ejercicio de su competencia, adopte los recaudos necesarios con el fin de “…que presente, en el plazo que indique el juez de grado, una propuesta para hacer frente a la obligación de brindar un alojamiento que reúna las condiciones adecuadas (…) a la situación…” de la actora (in re “K. M. P. c/ GCBA y otros s/ amparo”, del 21/03/14)»47. Así, cómo se podrá advertir, existe una invisibilización de la identidad de género. En ningún momento se aludió a la denunEconómica, Buenos Aires, 2002) (…)», v. punto VIII de la sentencia de fondo.

46  v. p. XVIII de la sentencia de fondo. 47  v. p. VII, voto del Juez Centanaro, al que coincide el Juez Zuleta, en «Gorostidi», expte. N° A67411-2013/0, sentencia de 7 de septiembre de 2017.

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Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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