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confirma que «en el proceso de construcción de su identidad, la actora se ve expuesta a intolerables y constantes situaciones aberrantes, las cuales se traducen en dificultades concretas para conseguir alojamiento y una barrera para el acceso a un empleo digno. Ello, agravado por la situación de discapacidad en la que se halla a causa de las intervenciones practicadas en su cuerpo motivadas por el deseo de adecuarlo al género femenino con el que se identifica. En ese contexto, no puede dudarse de las implicancias negativas que ello conlleva para su personalidad, en tanto la identidad de género constituye un pilar esencial de la autodeterminación, dignidad y libertad»37 (el resalto es original). Todo ello, obliga al Estado a brindar las herramientas necesarias que le permitan alcanzar una vida autónoma y libre de discriminación». En definitiva, visto a su mejor luz, los argumentos reseñados demuestran la necesidad de visibilizar la identidad de género, el reconocimiento de la discriminación y desigualdad estructural de la que son víctimas las personas trans y de la urgente necesidad de una política especial que debe ser efectuada por los poderes constituidos tendientes a mermar y permitir el goce efectivo del derecho a la vivienda, cómo así también permitir el desarrollo como sujetos de derechos en resguardo de su autonomía, inviolabilidad y dignidad.

37  v. punto 4.1, sentencia de fondo.

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Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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