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En primer lugar corresponde enunciar la causa «Rodríguez»28, iniciada en el año 2013 con patrocinio letrado de la defensa oficial. Su situación es construida como «de una mujer transexual de 39 años en situación de calle»; «no cuenta con una red social ni familiar de sostén que pueda contribuir a resolver su situación habitacional»; «carece de ingresos económicos porque está desempleada»; y «recurre a centros de asistencia social para satisfacer sus necesidades básicas –hogares o paradores». En cuanto a su identidad, se enuncia que al momento de iniciar la acción se encontraba «en el parador para hombres “José Bepo Ghezzi”, que la coloca en una situación de extrema vulnerabilidad social debido a su condición sexual»29. En cuanto a la normativa específica de protección se cita el art. 14 bis CN; 17, 20 CCABA, ley 3706 (arts. 1 y 2) y 4036. Bajo esos criterios, de forma preliminar, se considera probada la situación de vulnerabilidad por lo que se resuelve otorgar la medida cautelar solicitada30. Si bien en la etapa liminar no se 28  Juzgado de 1° Instancia CAyT N° 14, «Rodríguez Karina Alejandra c/ GCBA s/ amparo», expte. Nº A77167-2013/0. 29  v. considerando V de la resolución precautoria del 2 de diciembre de 2013. 30  Sin embargo, recurrida por el GCBA y por la Defensa, la Sala 2 del fuero revocó la orden al considerar que «quien solicita la tutela cautelar, es quien debe acreditar los aspectos medulares que hacen a la procedencia de su planteo»; razón por la que indicaron que «en tales condiciones, de las constancias de autos no surgiría acreditada la situación de vulnerabilidad social de la peticionaria», «se trata de una mujer de 40 años de edad que conforme surge de las constancias de autos, gozaría de un buen estado de salud y con capacidad para procurarse su propia subsistencia. De hecho, según lo expresó la amparista, desempeñaría tareas –aunque informales», v. Sala II, «Rodríguez», expte. Nº A77167-2013/1, consid. 5. De hecho, la rigurosidad formal sobre cuestiones procesales también fue sostenida por los jueces del TSJ al rechazar la queja interpuesta por recurso de inconstitucionalidad denegado, ello así al considerar que la resolución en crisis no rebate de forma suficiente la decisión. En este marco, la jueza Conde enfatizó que «4. La recurrente, en el recurso directo, afirma que “…pertenece al grupo de individuos que encuadran en el concepto de personas en situación de vulnerabilidad...” (fs. 3), en

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Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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