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Uruguay, por su parte, cuenta con las Asignaciones Familiares del Programa de Equidad Social (AFAM-PE) las cuales llega a 500 mil niños, niñas y adolescentes. Siguiendo la normativa del AFAM-PE, se exigen condicionalidades de salud y educación; pero la práctica sólo se controlan las condicionalidades educativas.40 En relación al proceso de certificación, las consultas realizadas a expertos de Uruguay sobre política social, dan cuenta que el mecanismo funciona de la siguiente manera: La Administración Nacional de Educación Pública controla asistencia y el Ministerio de Desarrollo Social y el Banco de Previsión Social (ambos a cargo de la gestión del AFAM-PE) cruzan el listado de asistentes con la base de asignaciones familiares. Quienes no tienen asistencia regular son suspendidos de la transferencia. De forma que las familias receptoras no cargan con el peso de la certificación. La breve presentación de ambos casos ponen en evidencia que en los países vecinos la carga burocrática de certificar las condicionalidades es absorbida por el Estado. El caso de Conectar Igualdad y el Programa SUMAR como punta del ovillo. A continuación se presentan algunas claves para pensar el caso argentino. Para la certificación de las condicionalidades sanitarias, la AUH cuenta como recurso al Programa SUMAR. El mismo, se trata de un programa federal del Ministerio de Salud 40  Para un análisis del AFAM-PE y sus condicionaldiades, ver: Marsiglia, Courtoisie y Rossel, op. cit., pp.4-58.

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Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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