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El decreto que instituye la AUH establecía que la prestación monetaria a transferir a las familias, está sujeta al cumplimiento de los controles de salud y de asistencia escolar de los NNA. El documento señalaba que ANSES, como organismo de pago, debía “dictar las normas complementarias pertinentes para la implementación operativa, la supervisión, el control y el pago de las prestaciones” (DNU 1602/09). La norma establecía que el adulto responsable debería acreditar mediante una declaración jurada su condición laboral y, a su vez, acreditar anualmente los controles sanitarios y de asistencia escolar de los menores de edad a cargo, de lo contrario se produciría la pérdida del beneficio. Así, el sistema diseñado definía que mensualmente se abonaría el 80% de la prestación, reteniendo anualmente un 20% a ser cobrado una vez que se certifique el cumplimiento de las condicionalidades. Si las acreditaciones no se realizaban, este porcentaje -reservado en una cuenta bancaria a nombre del titular- no podría cobrarse, y en adelante se suspendería la prestación. Tras la institución de la política, a nivel macro-institucional de organización interna se subraya la gran capacidad operatoria de ANSES para dar inicio a la ejecución de la AUH. En este sentido es posible afirmar que la capacidad del Estado para gestionar los recursos monetarios y transferirlos, contó con la tradición y las competencias organizacionales, técnicas y burocráticas de la ANSES, vinculadas con su rol en la Seguridad Social. Cabe destacar que la ANSES tuvo la capacidad institucional suficiente para liquidar 3,4 millones de beneficios, es decir, habilitar el cobro a 1,8 millones de

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Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

Nº6 | Igualdad, autonomía personal y derechos sociales  

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