Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Avilés consideraron que el boicot BDS es ilegal porque amenaza el derecho de las personas a no ser discriminadas, la libertad académica, la libertad de expresión y el derecho a no revelar religión, raza, origen nacional y opiniones personales. Consideran además que infringe la Ley de Contratos Públicos y las Directivas Europeas sobre igualdad de trato. Como último punto, advertían de que el Ayuntamiento incurría en un riesgo cierto por incitar al odio, a la discriminación, o a la violencia contra las personas afectadas por el boicot, que se extiende no sólo a Israel, sino a cualquier persona, española, judía o no judía, que no declare su adhesión a los objetivos políticos de la campaña BDS cuando se le conmine a hacerlo.