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Presidencia Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal República de Colombia

OFI11-00067995 / JMSC 34040 Bogotá D.C., viernes, 08 de julio de 2011

Señora CECILIA OROZCO TASCON Directora Noticias Uno Ciudad Respetada Directora: En las emisiones del 25 y 26 de junio del presente año, el Noticiero bajo su dirección emitió una serie de notas periodísticas sobre la implementación de labores de Desminado Humanitario por Organizaciones No Gubernamentales en Colombia. Para su elaboración, personalmente atendí a una reportera de su equipo de trabajo para aclarar un conjunto de inquietudes que se han cernido al respecto. Sin embargo, a pesar de haber sido aclaradas en su momento, la producción final emitida por televisión nacional reprodujo una serie de inconsistencias e imprecisiones que pueden desinformar sobre la naturaleza de la medida adoptada por el Estado colombiano. Por ello, a continuación me permito puntualizar los aspectos que, a nuestro juicio, se les debe dar alcance. En principio, la introducción del reportaje parte de una aseveración equivoca según la cual el Desminado Humanitario (DH) por Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) está prohibido por los acuerdos internacionales suscritos por Colombia. Si bien es cierto que la Convención de Ottawa señala en su artículo 5 que los Estados parte “deben asegurar la efectiva exclusión de los civiles de las áreas minadas”, así mismo señala que debe agotar hasta el máximo de sus esfuerzos para garantizar la destrucción de las mismas, incluida la promoción de actividades de DH por ONGs. Así, en el numeral 4 del artículo 6 de la Convención se señala taxativamente que: “Cada Estado Parte que esté en condiciones de hacerlo, proporcionará asistencia para las labores de limpieza de minas y actividades relacionadas con ella. Tal asistencia podrá brindarse, inter alía, a través del Sistema de las Naciones Unidas, organizaciones o instituciones internacionales o regionales, organizaciones no gubernamentales, o sobre una base bilateral, o contribuyendo al Fondo Fiduciario Voluntario de las Naciones Unidas de la Asistencia para la Remoción de Minas u otros fondos regionales que se ocupen de este tema”. A partir de esta confusión fundamental, la nota periodística señala a estas ONGs como “empresas extranjeras involucradas en el negocio internacional de la erradicación de minas antipersonales”. Al respecto, y tal como consta en los documentos facilitados a la reportera, las organizaciones en mención no tienen un carácter lucrativo y, de hecho, están registradas tanto en Colombia como en sus países como Calle 7a No. 6-54 PBX 5629300 www.presidencia.gov.co


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organizaciones de carácter humanitario. Reconocimiento referenciado igualmente por las Naciones Unidas, en el portal web de su Servicio para la Acción contra Minas1. De hecho, una de ellas (Mine Advisory Group) fue pionera en el impulso de la Convención de Ottawa en el marco de la Campaña Internacional de Prohibición de Minas y, por ello, fue condecorada como parte del colectivo que recibió con el Nobel en 19972. Ahora la discusión de fondo, más allá de descalificar la labor del desminado por ONG’s o insinuar irresponsablemente la mercantilización de la acción humanitaria que clama las comunidades víctimas de minas antipersonal, se centra en determinar si en el contexto colombiano, donde existe un conflicto armado, la iniciativa del Desminado Humanitario por Organizaciones No Gubernamentales es necesaria y pertinente. La nota señala que la labor por los civiles es innecesaria, “toda vez que oficialmente en Colombia el Desminado Humanitario es asumido por el Ejército colombiano, el cual asegura tener la capacidad, el personal y el entrenamiento necesario para hacerlo”. Además de aclarar que la sanción de la ley en mención de por si implica una decisión oficial, es necesario tener en cuenta que el conjunto del Estado colombiano considera que el Desminado por Civiles es una actividad complementaria y subsidiaria de las capacidades estatales de Desminado Humanitario, las cuales aún son limitadas frente a la magnitud de la contaminación. Pero, cabe aclarar que esto no significa que exista competencia entre la ampliación de las capacidades de Desminado Humanitario del Estado y la inclusión de Organizaciones No Gubernamentales. De hecho, en todos los escenarios se ha insistido que los recursos que financiarán a estas organizaciones vendrán de donantes internacionales, tal como se acordó en el marco de la Comisión Intersectorial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal. Los donantes por lo general tienen por política no destinar recursos a instituciones militares de otros países, dada las características humanitarias del gasto en sus presupuestos. Lo anterior, como consta en el documento que también fue facilitado por este despacho a la reportera, con fecha Noviembre 17 de 2009, dónde dice literalmente: Finalmente, se aclara que el presupuesto nacional será exclusivamente destinado a financiar el sostenimiento e incremento de la capacidad de Desminado Humanitario del Estado, razón por la cual se espera que los entes territoriales apoyen los esfuerzos del Gobierno nacional. En este sentido, las Organizaciones civiles que quieran llevar a cabo labores de Desminado Humanitario deberán gestionar recursos de cooperación para adelantar dichas tareas3. En este orden de ideas, la suma de ONG’s a la fuerza de trabajo del Desminado Humanitario en Colombia no está en detrimento del fortalecimiento de las capacidades de Desminado Humanitario de las Fuerzas Militares. Por ello, a nuestro juicio, se desinforma a la teleaudiencia cuando señala que “el estado le pagará a organizaciones internacionales para que limpien campos colombianos de las minas antipersonales”. De 1

Información sobre MAG http://www.mineaction.org/org.asp?o=38 información sobre Halo Trust http://www.mineaction.org/org.asp?o=38 2 http://www.icbl.org/index.php/icbl/Languages/es 3 Acta Segunda Sesión de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal del Noviembre 17 de 2009 Calle 7a No. 6-54 PBX 5629300 www.presidencia.gov.co


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hecho, en el documento CONPES 3567 de 2009, al cual tuvo acceso la periodista igualmente, se tiene previsto el incremento de las capacidades del Batallón de Desminado Humanitario del Ejército Nacional a 14 pelotones de Desminado Humanitario a 2012. De otro lado, la nota presenta la inquietud si estas actividades pondrían civiles como “carne de cañón”, dada la continuidad de la acción violenta por parte de grupos irregulares. Al respecto, y en el marco de la pasada Comisión Intersectorial Nacional de Acción Integral contra Minas Antipersonal celebrada el 27 de mayo del presente año, el Señor Vicepresidente de la República Angelino Garzón fue muy claro en señalar que el Estado colombiano adelanta acciones para reglamentar el Desminado Humanitario por civiles, a partir de dos condiciones fundamentales: primero, que no puede haber presencia de Grupos Armados Ilegales en las áreas dónde se lleven a cabo dichas actividades; y, segundo, el personal contratado, independientemente de su nacionalidad, debe saber el oficio y estar debidamente entrenado. Con el fin de garantizar estas dos condiciones, y tal como personalmente le expliqué a la reportera, en el proyecto de Decreto reglamentario se incluye instancias y procedimientos a cargo del PAICMA, el Ministerio de Defensa Nacional y del Comando General de las Fuerzas militares (CGFM) para (i) identificar zonas susceptibles de esta actividad según la información de seguridad suministrada por el CGFM; y, (ii) asegurar la idoneidad del personal técnico y operativo contratado, incluyendo obligación por parte de las ONGs de contratar pólizas de seguro complementarias a lo establecido en la legislación colombiana. Adicionalmente, y con el fin de garantizar plena protección a los derechos del personal civil que fuese contratado por las ONGs acreditadas previamente, se ha establecido la necesidad del acompañamiento de la Procuraduría y Defensoría al proceso. De la misma manera, se ha enviado el borrador de Decreto a la Oficina de las Naciones Unidas en Colombia para garantizar la transparencia y sujeción de la iniciativa a los criterios internacionales en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Colombia no sólo tiene como muchos otros países un conjunto importante de áreas contaminadas por estos artefactos, sino que además ha asumido la responsabilidad de utilizar todos los medios que están a su alcance para garantizar que las minas no constituyan un obstáculo para el desarrollo de los colombianos en un contexto donde los ilegales hacen un uso continuo y sistemático de estos artefactos. A todas luces, abordar esta problemática desde cualquier enfoque no deja de ser complejo. Como todo fenómeno articulado al conflicto armado, la dinámica de la afectación de las minas antipersonal está en sí misma vinculada a lógicas que desafían, incluso, el conocimiento de expertos en el tema. De allí que cualquier medida de política pública al respecto suscite una sana inquietud en sectores de la opinión pública y medios de comunicación y en la sociedad en general. En ese sentido, el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal alienta el examen crítico de los esfuerzos que se adelantan en la materia. Es obligación del Programa explicar con toda claridad y cuando sea requerido sobre la conveniencia de las decisiones que promueve como centro de coordinación de las Acción Integral contra Minas. Pero así mismo solicita muy respetuosamente que dicho examen sea objetivo a partir de la evidencia que no solamente está disponible al público sino que fue facilitado con la mejor de las intenciones a la productora del reportaje.

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Con el pleno convencimiento que las decisiones adoptadas son transparentes al escrutinio público, y dadas las precisiones anteriores me suscribo de ustedes, reafirmo mi entera disposición para aclarar cualquier otra inquietud y solicito de la manera más comedida aclaren las inconsistencias que presentaron al aire por el mismo medio. Cordialmente,

DANIEL AVILA CAMACHO Director Preparó: Camilo Benitez

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Carta a la diretora de Noticas Uno, Cecilia Orozco Tascon, en respuesta a las notas periodisticas sobre la implementación de labores de Des...

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