Page 1

Escribe: Roque Otárola Peñaranda Periodista ropmil1@hotmail.com

Es evidente que las relaciones entre las empresas mineras y las poblaciones de su entorno requieren con urgencia de un nuevo enfoque, si es que se busca con seriedad poner en valor las enormes riquezas aún escondidas en las entrañas de nuestra geografía, conciliando el legítimo interés de lucro de quienes las explotan y los innegables derechos expectaticios de los dueños de la superficie. La historia es cruel cuando muestra que esa relación ha sido inequitativa y en extremos, abusiva no sólo respecto de las poblaciones asentadas en las áreas de influencia de los enclaves mineros, sino del medio ambiente cuya depredación dejó como lamentable herencia cementerios de naturaleza muerta. Son patéticos y deplorables, por ejemplo, los casos de Ticapampa y Jangas, en pleno centro turístico del Callejón de Huaylas, basurales inorgánicos ubicados en las narices del Ministerio del Ambiente. Si bien es cierto que las empresas formales tratan ahora de evitar las consecuencias nefastas de los pasivos mineros convertidos en cerros de relaves, aguas y aire contaminados por reactivos químicos, es igualmente verdad que las explotaciones informales hacen tabla rasa del componente ambiental, cual Atilas redivivos a cuyo paso no vuelve a crecer la yerba. La tirantez que hoy caracteriza la relación de las empresas mi-

VIABILIDAD SOCIAL DE LA EMPRESA MINERA

neras y las poblaciones aledañas a los yacimientos, tiende a agudizarse, postergando en muchos casos ad infinitum la posibilidad de que el país se beneficie de los buenos precios que el mercado internacional ofrece. Si es verdad que las motivaciones primigenias de este desencuentro pueden encontrarse en la herencia de miseria y naturaleza destruida que los políticos de oficio exacerban, es también cierto que existen razones estructurales que deben ser afrontadas tomando al toro por las astas.

Responsabilidad social no es igual a filantropía.

Los llamados programas de responsabilidad social, entendidos como compromisos VOLUNTARIOS asociados a la buena práctica empresarial, respeto al ambiente y a los derechos básicos de las personas y a la mejora de la calidad de vida, se pierden lamentablemente en el enunciado, en tanto se mimetizan con la generosidad paternalista y la filantropía dadivosa. ¿Cómo hacer para que los réditos de la empresa minera sean percibidos como legítimos por las poblaciones involucradas? ¿Cuáles son los caminos capaces de conducir a la denominada “licencia social” que relacione armoniosamente a las empresas con los propietarios de la superficie y con los de

sus áreas de influencia? Evidentemente, tales vías no pasan por la represión ni la fuerza. Tampoco por la generosidad filantrópica que construye un par de aulas y obsequia desayunos a los niños de la escuela, ayuda a instalar dos o tres pequeños reservorios, tres o cuatro cuyeros artesanales o impostando voces para decir algo como “yo vivo en Huamancaca y estoy feliz porque mis animales no se mueren al beber el agua que baja de la mina”. ¿A qué despistado publicista se le ocurrió presentar como gran logro a favor de la gente la no contaminación del agua que beben personas y animales, sabiendo que es la más elemental de las obligaciones de la empresa minera? Tamaña barbaridad comunicacional no contribuye sino a dinamitar en el intento de relación armoniosa que la responsabilidad social postula en teoría. Tal vez si el Fondo Minero Antamina es el esfuerzo más coherente orientado a que la responsabilidad social se desmarque de la filantropía, a pesar de que su burocratización y poca eficacia son ahora comparables a las de cualquier organismo público que administra recursos de inversión. Sería bueno conocer, por ejemplo, a cuánto ascienden los costos operativos directos y tercerizados, de supervisión y asesorías del citado Fondo,

respecto del total del aporte voluntario que la propia minera administra.

Campesinos accionistas: ¿opción o utopía?

Visto así el panorama, está probado que las relaciones paternalistas, filantrópicas y/o de responsabilidad social carecen de toda opción para obtener la ansiada “licencia social” que el entorno debe otorgar a la empresa minera, con posibilidad de veto, aprobado con ligereza por el Congreso y observado por el Ejecutivo. Urge entonces la puesta en práctica de ideas innovadoras, tal vez heterodoxas y atrevidas, tales como la asociación real al negocio minero de los campesinos involucrados, mediante la posesión y usufructo de acciones que les permitirían compartir la riqueza que la empresa obtiene. Pero, por sobre todo, el accionariadocompartidopermitiría que las poblaciones ubicadas en las áreas de influencia de los yacimientos, sintiéndose socias y dueñas del negocio, defiendan a su empresa, salgan de la pobreza y disfruten de la modernidad, en lugar de cultivar resentimientos propios del despojado, junto a la inevitable envidia de quien ve pasar ante sus ojos las ganancias que otros obtienen. Nunca más oportuno aquel adagio que dice “el vecino pobre siempre es mal vecino”.

ROQUE OTAROLA  

respecto del total del aporte voluntario que la propia mine- ra administra. Escribe: Roque Otárola Peñaranda Periodista ropmil1@hotmail.com

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you