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10 I GENTE I Enero - Febrero 2013 Por: Héctor Vargas Haya.

L

a más excelsa de las instituciones constituye el Parlamento, severa asamblea representativa de la voluntad ciudadana. Está constituido por los apoderados del pueblo depositarios de la confianza popular, y por tanto éstos requieren contar con solvencia cívica, capacidad y probidad, condiciones mínimas que sólo pueden ser garantizadas por partidos políticos, entendidos en su más elevado sentido, no de simples clubes instalados en la bodega de la esquina. La elevada finalidad parlamentaria es la de servir a la Nación En el Perú nació el Parlamento cuando San Martín instaló el Congreso Constituyente en 1822, dirigido por Francisco Xavier de Luna Pizarro, José Faustino Sánchez Carrión y Francisco Javier Mariátegui. Como institución naciente debió sufrir cambios, y fue con la Constitución de 1826 que era integrado por tres cuerpos legislativos: Tribunos, Senadores y Censores, hasta la Constitución de 1828 en que el Congreso Nacional se redujo a dos: el Senado y la Cámara de Diputados. Únicamente, por la Carta de 1867 se intentó el fracasado ensayo de una sola cámara, que por sus funestos resultados hubo que retornar al funcionamiento democrático de la bicameralidad, al dictarse la Constitución de 1933, circunstancia en la que los constituyentes de entonces consagraron la necesidad indubitable de que el Congreso de la República debiera constar de dos cámaras, por los sólidos fundamentos que entonces sirvieron para la constitución del Poder Legislativo, y así, sostenían que el sistema de la cámara única es una invitación a la ligeraza y a la imprudencia, aún en pueblos de temperamento reflexivo, porque una asamblea sin el contrapeso de otra asamblea respira en un ambiente sicológico de omnipotencia y de irresponsabilidad, y que esta disposición peligrosa se acentúa en naciones como la nuestra perteneciente a razas nerviosas mal dispuestas al cálculo sereno y a las lentitudes de la previsión. Quienes así sostenían fueron nada menos

Opinión

El Parlamento

que los integrantes de la Comisión Dictaminadora en el proyecto de dicha Carta, Manuel Vicente Villarán, Víctor Andrés Belaunde, Diómedes Arias Schereiber, Carlos García Gastañeta, Carlos Doig y Lora, Emilio Romero, Jorge Basadre, José Leon Barandiarán, Toribio Alayza y Paz Soldán, Ricardo Palma, Luis E. Valcárcel. Y en la creencia de que la solidez de la representación nacional estaba en factores ajenos a la voluntad ciudadana, hasta la Constitución de 1860 eran condiciones obligatorias para aspirar a ser integrantes del Parlamento, el de ser poseedor de una crecida renta o la de ser profesor de alguna ciencia, es decir, que sólo podían postular los provenientes de cierta elite, lo cual además de ser discriminatorio, no garantizaba eficiencia. Fue por eso, tal como acontece en todas las democracias del universo, que la única garantía de idoneidad de los integrantes del Parlamento son los partidos políticos, pero entendidos en el sentido estricto de la acepción, como instituciones sólidas y no conciliábulos de aventureros aportantes de bolsas como para instalar cualquier negocio especulativo. Lamentablemente las instituciones

partidarias que, por diversas razones comenzaron a deteriorarse en la década de 1980, sufrieron el tiro de gracia final en 1993 en el que una nueva aventura permitió a la política peruana el gran retroceso a las etapas primarias como las de la dictadura de 1865 que en un espurio Congreso Constituyente, instalado el 18 de febrero de 1867 se volvió a la absurda cámara única, felizmente eliminado en 1920. De conformidad con la Constitución de 1933, una de las más longevas que rigió hasta 1979, el Poder Legislativo había adquirido uniformidad democrática con las más organizadas repúblicas, si bien susceptible de reformas que infelizmente no fueron efectuadas, sin embargo debemos referir que su integración estaba basada fundamentalmente en la existencia de sólidos partidos políticos, lamentablemente debilitados por carencia de conciencia cívica de una sociedad que no ha marchado acorde con la evolución social, política y cultural. No he de hacer comparaciones odiosas, pero es bueno que las generaciones actuales sepan, por ejemplo, que en aquella época, no obstante contar con 240 representantes en las dos cámaras,


Opinión

de ayer y de hoy Foto reciente del autor.

se mantenían con apenas un tercio del presupuesto que absorbe, una pequeña cámara de ciento treinta miembros en el siglo XXI.; que hasta el periodo 1963-68 los parlamentarios carecían de sueldo, sólo percibían un llamado emolumento, equivalente a unos cuatrocientos o quinientos dólares. A partir de 1980 los legisladores percibían un sueldo que, dicho de paso, el mayor que recuerde no pasaba de

novecientos a mil dólares, por todo concepto; no existían los llamados gastos de representación, mucho menos los prepuestos operativos que convierten a los legisladores, curiosamente en empleadores contratantes de su propio personal, otrora inexistente, hasta la etapa de 1985-90, tampoco asesores, tan sólo uno por cada comisión ordinaria. Los gastos de viajes y hospedajes sólo eran solventados

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por la Tesorería de las cámaras y únicamente cuando se trataban de misiones oficiales, mas no de carácter personal, pues de acuerdo con el principio parlamentario, las funciones de legislar y fiscalizar no requerían de viajes ni de visitas protocolares que generalmente terminan en reuniones de promoción electoral. Los parlamentarios no son inspectores de obras públicas ni gestores de certámenes o eventos sociales, salvo la existencia de escondidos intereses. Respecto de la labor legislativa, que queda al juicio de la Historia, el Congreso funcionaba todos los días de la semana, pues en el Foro del Parlamento se discutían los grandes problemas nacionales mediante bien organizados grupos políticos, en los que primaba el acuerdo institucionalizado y orgánico de los partidos que, en verdad representaban la voluntad popular, pues eran imprevisibles las posiciones singulares de estampida. Ahora ya nadie sabe para qué se han instalado las tribunas en el hemiciclo, hoy vacías, que antes servían de escenario para nutridas delegaciones de ciudadanos, intelectuales y estudiantes que habían hecho de sus visitas una Si alguna autocrítica hay que formular, es verdad, eso sí, que el Parlamento jamás ha sido un poder símbolo de la tan decantada descentralización. Desde que Sánchez Carrión fracasara en su ponencia del federalismo, tal como se instaló en las progresistas naciones latinoamericanas y de otros continentes, ha primado el llamado unitarismo, repetido en las Constituciones, que supone la imposición doctrinaria cristiana que no reconoce a Dios más que una persona, y ese ha sido y es el sistema peruano en el que la nación tiene que regirse por alguien todo poderoso, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Para disimular el asfixiante y prepotente centralismo, se ha inventado la teatral celebración de sesiones del Parlamento imitando al Gabinete Ministerial, en las provincias, con lo que lo único que se ha instalado y reafirmado es el centralismo itinerante o ambulante. Mientras tanto el mundo peruano sigue su marcha inamovible en su política retrógrada y el Congreso también.


Hector Vargas Haya