La Comisión Nacional de Mejoramiento de la Justicia (Conamaj) estuvo a cargo de la elaboración de esta política, para la cual se realizaron consultas en todo el territorio nacional y se incluyeron ejes estratégicos y líneas de acción con sus respectivos indicadores de éxito, para que sea posible su seguimiento y evaluación. Dentro de los mecanismos sugeridos se encuentran instancias como el Consejo Consultivo de la sociedad civil, mecanismos para la valoración de los servicios, mesas de diálogo, consultas ciudadanas para la formulación del plan estratégico, etc. Si bien la política fue aprobada por la Corte Plena, es todavía un reto desagregar e implementarla en toda su amplitud, en el marco de una institucionalidad eminentemente vertical. A dos años de su aprobación, no se ha realizado un ejercicio de evaluación de su implementación. Y el segundo hito a destacar, en materia de transparencia y rendición de cuentas, es la realización del Informe Estado de la Justicia, un reporte realizado desde el 2012 por el Programa Estado de
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la Nación (PEN) del Consejo Nacional de Rectores, de manera independiente pero en colaboración con la Corte Suprema. En este reporte bianual, el Poder Judicial se somete completamente al escrutinio para que se valore su gestión en distintos ámbitos a partir de una investigación aplicada y participativa, y respetando la independencia editorial del PEN. La red de investigación hace un uso intensivo de los datos judiciales, produce materiales y visualizaciones para un público más amplio y también, en muchos casos, genera nuevas estadísticas a través de investigación primaria. Esto con el objetivo de aunar a la mayor comprensión sobre lo que hace la institución y dar cuenta de manera crítica de sus resultados para identificar en conjunto posibilidades de mejora. Debe reconocerse que como ejercicio de apertura es un hito único, no solo en la historia nacional, sino también en el ámbito regional. Por estos antecedentes mencionados, se vislumbró la política de Justicia Abierta con una función articuladora de los dis-
tintos proyectos e iniciativas ya en curso, que pudiera potenciar el impacto y visibilizar aún más los esfuerzos que se realizan. El desarrollo de esta política tuvo, entonces, un fuerte empujón en el 2016, cuando la Presidencia de la Corte acuerda con la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) la elaboración de un documento borrador. En este marco se convocó a un grupo de organizaciones de la sociedad civil que, junto con distintas personas de la institución, se dieron a la tarea de generar insumos para construir el documento general de la política de Justicia Abierta, que luego debería ser complementado con un trabajo más específico de elaboración de un plan de acción. El borrador de esta política en su versión final fue socializado en febrero de 2017 y a julio todavía espera su aprobación en la Corte Plena.
Abierto en el Ejecutivo, como lo son: la dificultad de su sostenibilidad, en especial en este momento de transición de la presidencia de la Corte Suprema; la necesidad de legitimidad en la medida que las convocatorias ciudadanas sean con tiempo, plurales, transparentes y amplias; y finalmente, la importancia de mostrar impactos a partir de una relación virtuosa entre prácticas de Gobierno Abierto y el fortalecimiento del acceso al derecho humano a la justicia pronta, cumplida, e igual para todos y todas.
A la luz de estas acciones, es de reconocer que el Poder Judicial costarricense ha dado pasos únicos e innovadores. Aún así, lo hecho hasta el momento no está exento de las limitaciones que también enfrentan las iniciativas de Gobierno
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