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REVISTA DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN

SAN JUAN, 2010 VOLUMEN X


ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN Correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación Fundada el 9 de diciembre de 1985 Académicos de número 2010 Lcdo. Antonio García Padilla, Presidente Hon. Juan R. Torruella, Vicepresidente Lcda Lady Alfonso de Cumpiano, Secretaria Lcdo. Antonio Escudero Viera, Tesorero Hon. Miguel Hernández Agosto Hon. Salvador E. Casellas Moreno Dr. Efraín González Tejera Dr. Carmelo Delgado Cintrón Dr. Demetrio Fernández Quiñones Lcdo. Ernesto L. Chiesa Aponte Lcdo. José J. Álvarez González Hon. Liana Fiol Matta Lcdo. Carlos E. Ramos González Dr. José Trías Monge, Presidente (†) Lcdo. Lino J. Saldaña (†) Lcdo. Marcos A. Ramírez Irizarry (†) Lcdo. Eugenio S. Belaval (†) Lcdo. Wallace González Oliver (†) Académicos Honorarios Hon. Jean Louis Baudouin Hon.

José A. Cabranes

“La Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación, correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia de España, tiene como fines promover la investigación y la práctica del Derecho y de sus ciencias auxiliares, así como contribuir a las reformas y progreso de la legislación puertorriqueña”. Artículo 1, Título primero de los Estatutos. Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación Apartado Postal 23340, San Juan PR 00931-3340 Teléfono: 787-999-9652 Fax. 787- 999-9603 E: mail: ajpr@academiajurisprudenciapr.org Las oficinas ejecutivas de la Academia se encuentran localizadas en el tercer piso de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, Río Piedras, Puerto Rico.


Revista de la ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN Comisión de la Revista Antonio García Padilla Presidente Ana Cristina Gómez Pérez Directora Ejecutiva La Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación se publica periódicamente. Es el órgano oficial científico de la Academia. Toda correspondencia deberá dirigirse a la Directora Ejecutiva, a la siguiente dirección: Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación Apartado Postal 23340 San Juan PR 00931-3340 Para que la revista considere una posible colaboración, deberá dirigir un ejemplar a la Academia, a la mencionada dirección postal. La revista no se solidariza oficialmente con las opiniones sostenidas por los colaboradores en sus artículos o monografías. Toda suscripción en Estados Unidos y Canadá debe procesarse a través de nuestras oficinas en la dirección postal antes mencionada o a través de nuestro correo electrónico: ajpr@academiajurisprudenciapr.org. “Revista de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación” is published by the Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. All subscription in the United States and Canada must be processed through our offices in the mailing address before mentioned, or our electronic mail: ajpr@academiajurisprudencia.org.


REVISTA de la ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN ─────────────────────────────────────────────────

VOL. X

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ÍNDICE

DISCURSOS DE RECEPCIÓN

Página

La inviolabilidad de la dignidad humana: lo indigno de la búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el derecho constitucional puertorriqueño. Carlos E. Ramos González ...................................................................... 1 Contestación al discurso del profesor Carlos E. Ramos González. José Julián Álvarez González ................................................................ 31

ARTÍCULOS

Deja Vu: A Federal Judge Revisits the War on Drugs

or life in a balloon. Juan R. Torruella .................................................................................... 47 Dictamen de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación en torno al P. del S. 1634 Ana Cristina Gómez Pérez ................................................................... 101


LA INVIOLABILIDAD DE LA DIGNIDAD HUMANA: LO INDIGNO DE LA BÚSQUEDA DE EXPECTATIVAS RAZONABLES DE INTIMIDAD EN EL DERECHO CONSTITUCIONAL PUERTORRIQUEÑO* Lcdo. Carlos E. Ramos González** Me propongo reflexionar sobre la inviolabilidad de la dignidad humana. Una vez establecido el alcance y significación de este derecho, discutiré su vinculación con el derecho de intimidad que también reconoce la Constitución de Puerto Rico. Así lo haré a través de un análisis crítico de algunas cuestiones metodológicas que se desprenden de decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionado con ambos derechos. "La dignidad del ser humano es inviolable". Así comienza la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico.1 Su origen ha sido expresado de forma reiterada por el Tribunal Supremo de Puerto Rico: la influencia que tuvo en la elaboración de este documento la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, ambas de 1948. Estas declaraciones a su vez, son esencialmente consecuencia de los estragos que dejó en la conciencia de la

*Discurso pronunciado en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico en el acto de la incorporación como Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación de Puerto Rico, el 28 de octubre de 2010. ** Catedrático y Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Agradezco la colaboración en la investigación y edición de la estudiante Alexandra Rivera Ríos de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Cualquier error u omisión es solo del autor. 1 CONST. P.R. art. II, § 1.

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humanidad la Segunda Guerra Mundial en general y el "Holocausto", en particular.2 La etimología de la palabra "dignidad" sin embargo, nos obliga a recurrir a tiempos más antiguos para comprender su alcance y significado aun en nuestros tiempos. Su origen está asociado al latín "dignitas" que algunos entienden vinculado al término "mérito intrínseco".3 Para otros, "dignitas", en su verdadero origen etimológico, estaba asociada a cierto "status" social de la persona e incluso de ciertas cosas e instituciones.4 Solo los nobles estaban "dignificados" o tenían un valor intrínseco; también ciertas instituciones o cosas tenían su "dignitas". En cierto sentido, el status de "dignitas" conllevaba un reconocimiento al "honor" de esas personas e instituciones. De hecho, al día de hoy perdura una noción de la dignidad atada a cosas e instituciones como lo son, por ejemplo, "la dignidad del tribunal" o "la dignidad de la profesión legal". Ahora bien, ¿cómo explicar el desarrollo de un concepto cuyo origen puede interpretarse que descansa en un reconocimiento de la "dignitas" de unos pocos a un entendido contemporáneo de la "dignidad humana" mucho más amplio? No nos hemos de detener en este largo camino. Sí deseo resaltar que si bien en su origen la "dignitas" contenía unos elementos fundamentados en la desigualdad y el privilegio, el status de "dignitas" también imponía a los

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Véase, e. g., López Vives v. Policía de P.R. 118 DPR 219, 226-227 (1987). También, Carlos Gorrín Peralta, La Declaración Universal de Derechos Humanos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jurídica U. Inter. P.R.1 (2010) y Esther Vicente Rivera, Una mirada a la interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 Rev. Jurídica U. Inter. P.R. 17 (2010). 3 Luis Aníbal Avilés Pagán, Human Dignity, Privacy and Personality Rights in the Constitutional Jurisprudence of Germany, United States and the Commonwealth of Puerto Rico, 67 Rev. Jur. U.P.R. 343, 344, n.3 (1998). 4 Christopher McCrudden, Human Rights and Judicial Interpretation of Human Rights, 19 EJIL 655, 665-663 (2008).


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"dignos" unas obligaciones hacia uno mismo y obligaciones hacia los otros.5 La noción contemporánea de la dignidad humana también reconoce el valor personal, el mérito, la virtud y la estima de aquella "dignitas" original pero acentúa el carácter dual de las obligaciones que impone. Más importante aún: esta dignidad es ahora inalienable en todos los seres humanos y existe en idéntica magnitud en cada uno de ellos. Es el imperativo fundamental contra la discriminación. Este entendimiento moderno ha de culminar con la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en 1948 (en adelante, Declaración Americana) y seis meses después, en la Declaración de los Derechos del Hombre (en adelante, Declaración Universal). Debemos recordar, sin embargo, que desde mucho antes, en tiempos del Renacimiento, con el auge del racionalismo, Pico della Mirandola resaltaba la dignidad humana en su conocida "Oración acerca de la dignidad del Hombre". Aunque con un acercamiento y propósito religioso cristiano, della Mirandola no cesaba de reconocer, en el uso de la razón, la grandeza que implicaba la igualdad esencial de todos los seres humanos. Fue este el preámbulo para la noción contemporánea de la dignidad humana que recoge la máxima o imperativo kantiano que ordena y cito: "obra de tal modo que uses la humanidad, tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio"6 De esta manera, como imperativo, la dignidad humana no es un mero valor intercambiable.7 Su existencia no depende de nada ni nadie: por ello es incluso irrenunciable. Ésta pertenece al género humano: a su "status" o condición humana. Una pérdida de la 5

Stéphanie Hennette-Vauchez, A Human Dignitas? The Contemporary Principle of Human Dignity as a Mere Reappraisal of an Ancient Legal Concept, EUI Working Paper LAW, No. 2008/18, 1, 4-6, en http://www.eui.eu/ (accedido 15 de agosto de 2010). 6 Immanuel Kant, FUNDAMENTOS DE LA METAFÍSICA DE LAS COSTUMBRES, 67 (trad. Manuel García Morente ,1973). 7 Maxine D. Goodman, Human Dignity in Supreme Court Constitutional Jurisprudence, 89 Neb. L. Rev. 740, 749 (2005).


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dignidad humana de una persona es una pérdida para toda la especie humana. En consecuencia, la dignidad humana pertenece a una misma especie donde cada uno de nosotros la sostiene sin que pueda entregarse, renunciarse o negociarse sin afectar a los demás. Las declaraciones de derechos humanos de 1948 reflejan un entendido de la "dignidad humana" en función del respeto a la "autonomía personal", al derecho a la "autodeterminación personal": cada ser humano, por su valía, debe ser tratado como un fin en sí mismo. Pero estas declaraciones también trascienden esta "individualidad", es decir, le dan un significado más abarcador. El Preámbulo de la Declaración Americana establece que si bien todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad, éstos "deben conducirse fraternalmente los unos con los otros". Más adelante indica que "[si] los derechos exaltan la libertad individual, los deberes expresan la dignidad de esa libertad". El Artículo 1 de la Declaración Universal establece que "[t]odos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros" La exigencia de comportarse o conducirse "fraternalmente" también puede entenderse como una exigencia de solidaridad con los otros. Así pues la "libertad" tiene una concepción dual: igual libertad para todos e igualdad para ejercer la libertad todo ello enmarcado en el reconocimiento de la dignidad humana.8 Por eso resulta natural que estas declaraciones animan el llamado "estado social y democrático de derecho" el cual reconoce los límites del Estado al ordenar que se respeten los derechos y libertades individuales pero a su vez impone a éste la obligación de crear las condiciones para que las personas tengan las mismas oportunidades de ejercer su libertad. A las personas, a su vez, les impone un deber de solidaridad y respeto hacia los demás. En cuanto al Estado, esta concepción cobra concreción no solo en el reconocimiento de los derechos individuales sino también en reconocer los derechos económicos, sociales y culturales incluyendo las obligaciones que ellos conllevan. 8

Gregorio Peces- Barba, ÉTICA, PODER Y DERECHO, 74 (1995).


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Una última reflexión teórica sobre la "dignidad humana": ¿qué rol desempeña la cultura en su reconocimiento y entendimiento? ¿Es la inviolabilidad del ser humano un principio inalienable pero que en última instancia depende de la cultura de cada pueblo o grupo humano? Si así fuera, interpretar el significado la dignidad humana se convierte en un reto extraordinario para el jurista. Después de todo, ¿no ha sido una concepción relativa de la dignidad humana la que ha nutrido los autoritarismos, fundamentalismos y las más variadas formas de despotismo que ha experimentado la humanidad? Frente a estas dudas, ¿podemos reflexionar sobre una dignidad humana puertorriqueña, o sería un contrasentido que niega la esencia misma de la universalidad del principio reconocido y declarado en 1948? Es obvio que es mucho más fácil continuar la reflexión axiológica de la dignidad humana que exponer su utilidad "instrumental".9 Este proceso, sin embargo, nos permite identificar los elementos para la elaborar una teoría de adjudicación a ser empleada en controversias donde esté involucrada la dignidad humana, invocada como un derecho independiente o como un principio o "complemento" que debe acompañar la valoración de todos los derechos fundamentales. Volvamos a la inclusión de la inviolabilidad de la dignidad humana en la Constitución de Puerto Rico. Recordemos que está contenida en una Carta de Derechos, en una enumeración que antecede los artículos correspondientes a la estructura del gobierno.10 Esta Carta de Derechos no aparece como enmienda a la Constitución. De sus propios términos se enuncia como un derecho, es decir, no se articula como un valor o principio. Está expresada en términos absolutos. No admite excepciones. No es posible que se tolere una violación temporal de la misma. No admite valores superiores. No solo está dirigida al Estado únicamente como límite al ejercicio de sus poderes; está dirigida también a la sociedad: nadie puede violar la dignidad humana.

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Stéphanie Hennette-Vauchez, supra nota 5 a la pág. 11. CONST. P.R. art. II, §1.

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Su diferencia textual con la Constitución de Estados Unidos es diáfana: no existe en dicho texto constitucional referencia a la dignidad humana. Más allá del texto, una verdad histórica me parece evidente: la Carta de Derechos ("Bill of Rights") de 1791 de la Constitución de los Estados Unidos refleja el pensamiento liberal e individualista que solo buscaba limitar los poderes del Estado o gobierno frente al individuo. El propósito principal de la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico es diferente; su norte es vindicar la dignidad humana, y como parte de este objetivo, persigue limitar los poderes del gobierno, e imponerle obligaciones a ese Estado. Aún más: les impone límites y obligaciones a personas naturales y jurídicas no gubernamentales. Estas diferencias no pueden ser inconsecuentes. Ya he expresado que la conceptualización y elaboración de esta Carta de Derechos estuvo inspirada en las declaraciones universales de 1948. Hay que reconocer también que la Convención Constituyente estuvo influenciada por las leyes orgánicas federales previas, las constituciones de varios estados de los Estados Unidos y por supuesto, por la Constitución de los Estados Unidos.11 Es igualmente cierto que en la Convención Constituyente de 1951-52 estaban reflejados una variedad de intereses políticos, económicos y sociales. De igual forma, a mi juicio, es irrefutable que el resultado final no reflejó la voluntad original y por ende soberana del pueblo de Puerto Rico ya que estaba sujeta a los límites e imposiciones de una voluntad política superior. Aun así, de la Carta de Derechos finalmente aprobada, -con toda la amalgama de contradicciones que lo anterior supone- en su centralidad sobre la dignidad humana y las consecuencias antes discutidas, aflora una vocación de crear un estado social y democrático.12 Es decir, el reconocimiento de la "dignidad humana" como "inviolable", como precepto que nos sirve de escudo protector frente al gobierno y frente 11

García v. Aljoma, 162 DPR 572, 581-582 (2004). Carlos E. Ramos González, La libertad de expresión en el Derecho Constitucional Comparado, 44 REV., JURÍDICA U. INTER. P.R. 431 (2010). Véase también, Ricardo Alegría Pons, La sección 20 de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico: germen de un Estado Democrático de Derecho, 63 REV. COL. ABOG. PR 156 (2002). 12


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a los demás componentes de nuestra sociedad, la obligación que impone al gobierno de actuar positivamente para su pleno reconocimiento y la obligación que nos impone a todos y todas de actuar solidariamente con los demás, todo ello apunta hacia esta vocación inconclusa. Lo he de repetir: el norte principal de nuestra Carta de Derechos, a diferencia de la Constitución de los Estados Unidos, es la inviolabilidad de la dignidad humana entendida con todos sus componentes de igualdad, libertad y solidaridad. Esta realidad no está sujeta a rectificación histórica o jurídica alguna salvo el día que de forma soberana podamos convocar la voluntad original de nuestro Pueblo para redactar otra constitución y decidamos eliminar este principio, eliminación que yo espero que nunca ocurra. Calificar la dignidad humana como una "inviolable" y como el principio rector que inicia el articulado de nuestra Carta de Derechos no tiene paralelo en las declaraciones de 1948 y mucho menos en las constituciones de los estados ni la de los Estados Unidos. Solo tiene paralelo con la Constitución alemana aprobada en 1949 la cual de forma idéntica a la nuestra establece en su artículo I que la "dignidad del Hombre es inviolable" la cual debe ser "respetada y protegida" como "deber" del estado.13 Resalto también que por lo menos en dos ocasiones hay una mención genérica de la constitución alemana en la Convención Constituyente: una por el delegado Miguel Ángel García Méndez para reconocer su existencia en el voto explicativo aprobando la

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Una alusión a esta disposición alemana aparece en Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35, n. 15 (1986); véase también a Luis Aníbal Avilés Pagán, supra nota 3. En los trabajos preparatorios de la Escuela de Administración Pública de la UPR hay una recomendación expresa de utilizar este lenguaje sin que haya mención de que el mismo proceda de esta constitución alemana. Escuela de Administración Pública, LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE PUERTO RICO, 218 (1954). Sin embargo, lo cierto es que en otras instancias estos trabajos preparatorios aluden expresamente a disposiciones fundamentales de esta constitución. Véase, por ejemplo, págs. 330, 337-338 (partidos políticos), 298 (sufragio universal).


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totalidad de la propuesta constitucional14. En otra ocasión el delegado Eugenio Fernández Méndez hace referencia genérica a esta constitución al defender su propuesta fallida de crear un derecho constitucional a la réplica en los periódicos para aquellos que fueran "injuriados".15 Es tarea por realizar entre los documentos legados por Don Jaime Benítez, Presidente de la Comisión sobre la Carta de Derechos de la Convención Constituyente, la existencia de alguna información ulterior sobre este tema. La anterior reflexión, sin embargo, no contesta porqué tuvo eco en el conjunto de los constituyentes la necesidad de declarar la inviolabilidad de la dignidad humana. Me refiero a la resonancia que tuvo incluso en el llamado sector "estadoísta" de la constituyente, que prefería analizar las propuestas constitucionales bajo el crisol político de si éstas nos acercaban o nos alejaban de los preceptos y valores de la nación norteamericana. Aun esos delegados aceptaron los derechos fundamentales de la Carta de Derechos con la vocación de estado social y democrático antes discutido. Cualquier metodología que intente instrumentar la inviolabilidad de la dignidad humana como un derecho independiente o, como complemento de cualquier otro derecho, tiene que reconocer esta realidad. Retomemos la pregunta antes lanzada: ¿por qué tuvo eco en el conjunto de los constituyentes la necesidad de declarar la inviolabilidad de la dignidad humana? El Derecho resulta insuficiente para encontrar una respuesta cabal. Inevitablemente los juristas, incluyendo los jueces y juezas, estamos obligados a recurrir a otras experiencias humanas y a otras ciencias del saber. Me refiero, por ejemplo, a la antropología cultural y a la sociología. Así pues, estudios realizados en Puerto Rico en la década de los 60 y 70 por el antropólogo Antonio Lauria nos permiten concluir que hay un sentir particular de la "dignidad puertorriqueña" en la forma como los puertorriqueños aludimos o hacemos referencia a la "dignidad", al

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4 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 2487 (1951-1952). 15 1 Diario de Sesiones de la Convención Constituyente de Puerto Rico, 123-124 (1951-1952).


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"honor", al "respeto", y al "relajo".16 De esta manera, escuchamos con frecuencia la frase “no te están cogiendo en serio", "me lo pueden quitar todo menos mi dignidad", "pobre pero decente", "serio y cumplidor", "todo lo consiento menos una falta de respeto", entre otras. Estas frases, sin desmerecer en lo absoluto que las mismas, particularmente en la relación de pareja, malentendidas y aplicadas, reflejan el elemento "machista" de nuestro entorno, apuntan hacia una realidad antropológica puertorriqueña. Lauria concluye que el "respeto" va dirigido a un aspecto moral de la actividad humana puertorriqueña: a ninguna persona se le considera miembro de nuestra comunidad si no se comporta frente a sí mismo y a los demás "con respeto". Este sentir trasciende la estratificación social así como las diferencias políticas o religiosas. Por ello, cuando usamos estas expresiones idiomáticas, Lauria nos dice que "todos los puertorriqueños [y puertorriqueñas]…expresan su valía ceremonial y moral como personas sociales. Aunque, muchas veces hay órdenes que chocan, el conflicto se resuelve por todos los participantes en los mismos términos, es decir, usando el idioma o terminología del "respeto". Pueden sintonizarse usando una red común. Los diversos segmentos de la sociedad pueden converger unos con otros, con independencia de las diferencias cognoscitivas o emocionales que su segmento social pueda tener".17 El "respeto" hacia uno mismo y los demás, cito a Lauria, "pone de manifiesto una sociedad que es culturalmente homogénea".18 A mi juicio, esta homogeneidad constituye un elemento fundamental que nos permite entender por qué tuvo eco en los constituyentes la incorporación de la disposición sobre la "dignidad humana" que contiene nuestra Carta de Derechos. Sin duda, todos entendían y apoyaban lo que la dignidad humana implicaba en cuanto al respeto hacia sí mismo y hacia los demás. Nótese que al proponer esta explicación he recurrido a las Ciencias Sociales. En materia de derechos constitucionales fundamen16

Antonio Lauria, Jr., "Respeto", "Relajo" and Interpersonal Relations in Puerto Rico, 37 ANTHROPOLOGICAL QUARTERLY 53 (1964). 17 Id. en la pág. 64 (Traducción nuestra). 18 Id, en la pág. 65.


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tales, particularmente los que aludo en este discurso, es útil recordar que el Derecho no puede concebirse como una ciencia autónoma separada de otras áreas del saber. Como han señalado otros, esta concepción resulta muy conveniente para que los abogados perpetúen el monopolio del poder a través de cierto monopolio del saber.19 Ahora bien, al recurrir, en este caso por ejemplo, a la antropología cultural, no promuevo un "antiformalismo" que degrada la necesidad de elaborar teorías necesarias en un País como el nuestro tan carente, muchas veces, de los elementos mínimos del buen "pensar".20 Aunque resulta necesario alertar en contra del "empirismo" tradicional de ciertos enfoques de las ciencias sociales, en el ejercicio de los poderes públicos en Puerto Rico abunda la carencia de un "empirismo" mínimo. Muchas veces, el poco que existe en los poderes políticos, por ejemplo, en el acopio de estadísticas macroeconómicas esenciales, prefieren exterminar al mensajero que las produce en vez aceptar la realidad e importancia del mensaje que trae. Regresemos formalmente a nuestro tema ¿Cómo se ha enfrentado el Tribunal Supremo de Puerto Rico a los reclamos vinculados a la dignidad humana que reconoce nuestra Carta de Derechos? ¿Cuán fiel ha sido si tomamos en cuenta el trasfondo sobre el cual hemos reflexionado? Lo cierto es que la dignidad humana no ha sido dilucidada como derecho independiente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico. Los trabajos hechos por el profesor Hiram Meléndez Juarbe analizando el uso de la dignidad humana como un derecho que puede invocarse de forma independiente sin duda constituyen los más importantes y lúcidos publicados hasta el momento por lo cual los refiero a ellos.21 19

Véanse los trabajos citados en David A. Hollander, Interdisciplinary Legal- Scholarship: What Can We Learn from Princeton's Long Standing Tradition? 99 LAW LIBR, J. 771, 774 (2007). 20 Sobre el buen pensar, véase, Francisco José Ramos, editor, HACER: PENSAR, (1994). 21 Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman's Plight: Decisions, 9 Geo. J. Gender & L.1 (2008) y, del mismo autor, La Constitución en ceros y unos: un acercamiento digital al derecho a la intimidad y la seguridad pública, 77 REV. JUR. U.P.R. 45 (2008).


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Para el Tribunal Supremo de Puerto Rico la inviolabilidad de la dignidad humana es un principio o valor consustancial con otros derechos fundamentales, como lo es el derecho de intimidad contenido en la sección 8, Artículo II de la Constitución. La protección a la intimidad también se ha reconocido que existe a través de la sección 10 de misma Carta, la cual prohíbe los registros y allanamientos irrazonables así como las interceptaciones telefónicas. Como he anticipado, examinaré algunas cuestiones metodológicas utilizadas en decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico relacionadas con el derecho de intimidad reconocido en la sección 8 de la Carta de Derechos. Mi interés es analizar cómo éstas nos acercan o nos desvían de las antes discutidas consideraciones esenciales sobre la dignidad humana. Reitero que mi foco estará en analizar la metodología que en ocasiones se utiliza para resolver, repito, el derecho de intimidad que recoge la Sección 8 y su interrelación con la Sección 1. No pretendo concentrarme en las protecciones a la intimidad que se derivan de las cláusulas relativas a los registros y allanamientos que reconoce la Sección 10 aunque inevitablemente comentaré sobre cuestiones metodológicas que de esta última se derivan. El derecho de intimidad puede manifestarse en múltiples escenarios. Puede estar presente en el ámbito de ciertas decisiones personales, como son las relacionadas a nuestro cuerpo o nuestra familia, o estar presente en la necesidad de mantener confidencial información personal que hemos depositado en terceros o que mantenemos en nuestro poder o sobre nuestra persona.22 Este derecho está más vigente que nunca antes en el mundo laboral, así como incluso en espacios abiertos y públicos, como puede ser en mi deseo de permanecer sentado sin que ninguna persona invada mi espacio con su mirada cercana. Es decir, el derecho de intimidad 22

Véanse la esquematización que se hace en José Julián Álvarez González, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y RELACIONES CONSTITUCIONALES CON ESTADOS UNIDOS, 694-808, (2009); Javier Boix Reig & Ángeles Jareño Leal, LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LA INTIMIDAD, (2010); Lucrecio Rebollo Delgado, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD, (2000).


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forma parte de la autonomía de nuestro ser. Por tal razón es considerado como un derecho consustancial con la dignidad humana. Al decir del Tribunal Constitucional de España, se trata de "un valor espiritual moral inherente a la persona que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la vida propia y que lleva consigo la pretensión al respeto a los demás".23 Al analizar decisiones del Tribunal Supremo en materia de derecho constitucional es de umbral hacer alusión a la llamada "factura más ancha" de nuestra Carta de Derechos y al rol de Puerto Rico en el federalismo norteamericano. Recordemos que tanto la Constitución de Puerto Rico como la de los estados de la Unión, aunque por una fundamentación del poder muy distintas entre sí en el orden democrático-constitucional, pueden ampliar la esfera de protección que ofrece la Carta de Derechos de la Constitución de los Estados Unidos. La "factura más ancha" se vislumbra a través de los derechos autóctonos, aquellos que no tienen contraparte en la Constitución federal o, allí donde sí exista esta contraparte, a través de interpretaciones que amplían el grado de protección que sobre ésta haya ofrecido el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Este asunto ha sido objeto de debate y exposición en esta Academia, en la literatura jurídica puertorriqueña y fuera del País así como en el Tribunal Supremo de Puerto Rico.24 Es evidente, por lo expuesto al inicio de mi alocución, que respaldo la tesis que sugiere que donde se presente un problema de "factura más ancha" el Tribunal Supremo debe hacer una "interpretación independiente" del derecho constitucional en controversia. Con ello quiero decir que la interpretación de los derechos de nuestra Constitución no debe estar atada ab initio al derecho constitucional dispuesto en la Constitución federal o las decisiones del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, sea éste uno que tiene contraparte federal y, por razones que deberían ser obvias, si se tratara de un derecho "autóctono". 23

Lucrecio Rebollo Delgado, Ibíd. pág. 72. Ernesto L. Chiesa Aponte, Los derechos de los acusados y la factura más ancha; y Lino J. Saldaña, Contestación al discurso del Lcdo. Ernesto L. Chiesa Aponte, ambos en V REV. ACAD. P.R. JUR. Y LEG. 61154 (1998). 24


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Aunque hay variadas teorías que pueden justificar esta metodología, basta para los propósitos de la ocasión mencionar una de ellas. La interpretación independiente aumenta las posibilidades de desarrollar un derecho constitucional puertorriqueño y, a su vez, permite hacer una aportación fundamental al desarrollo del federalismo norteamericano. Dicho de otro modo: lejos de ser contradictorio, esta interpretación independiente logra superar la aparente antinomia. La interpretación independiente de los tribunales supremos estatales, particularmente cuando culmina en una mayor protección a los derechos constitucionales, puede dar lugar al desarrollo de doctrinas que eventualmente arrojen luz sobre la interpretación que hace el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre los derechos constitucionales federales.25 Examinemos por fin, a la luz de las anteriores premisas, algunas decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico donde no se ha protegido adecuadamente el derecho de intimidad en toda su consubstancialidad con la dignidad humana. Pensemos en la siguiente situación de hechos recogida en muy apretada síntesis de una opinión del Tribunal Supremo. Una persona reclama un derecho de intimidad sobre una videocinta, tomada por su pareja sin su consentimiento en el interior de su hogar, la cual contenía imágenes suyas al desnudo. La grabación tenía el propósito de ser utilizada eventualmente por su pareja para probar una imputación de conducta adúltera.26 El video fue consignado en la bóveda del tribunal por acuerdo transaccional suscritos por la partes en un pleito independiente vinculada al presunto adulterio. Posteriormente, la demandante solicita la devolución del video, a 25

Ese acercamiento fue propuesto en 1977 por el entonces Juez Asociado William J. Brennan en su ya clásico artículo State Constitutions and the Protections of Individual Rights, 90 Harv. L. Rev. 489 (1977). Sobre su vigencia véanse, e.g.,Daniel Gordon, Brennan's State Constitutional Era Twenty-Five Years later- The History, the Present, and the State Constitutional Wall, 72 Temp. L. Rev. 1031 (2000); Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico…, supra nota 21 a las págs. 70-74. Consúltese también la opinión disidente del Juez Presidente Federico Hernández Denton en Pueblo v. Medina, 2009 TSPR 138. 26 López Tristani v. Maldonado, 186 DPR 838 (2006).


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pesar del acuerdo transaccional en el otro pleito, por entender que su permanencia en una bóveda del tribunal, pensado en retrospectiva, violaba su derecho de intimidad por la gran ansiedad e incertidumbre que creaba este depósito. Al resolver la controversia relativa a este reclamo, el Tribunal, de forma precisa y adecuada, define este derecho de intimidad como un componente de la personalidad lo cual impone a toda persona el deber de no inmiscuirse en la vida privada o familiar de los demás seres humanos. A su vez, el Tribunal discute que la "imagen propia constituye un atributo fundamental con el cual se individualiza socialmente a la persona, es decir es parte de la identidad personal" y por tanto vinculado a la intimidad y honor de la persona. Creo que estas afirmaciones reconocen la dimensión adecuada y el valor que postula el derecho de intimidad y la inviolabilidad de la dignidad humana. Ahora bien, al exponer la metodología de adjudicación que ha de resolver la controversia el Tribunal señala que como cuestión de umbral existe la necesidad de determinar si la persona que reclama la violación a su intimidad tenía derecho a abrigar una "expectativa razonable de intimidad" sobre la videocinta. Sin mayor dificultad encuentra que esa expectativa era a "todas luces razonable" pues se anteponía a cualquier interés articulado por la parte que se oponía a la devolución del video. Sin embargo, el Tribunal concluye con gran facilidad que esta "expectativa" fue objeto de renuncia de manera patente, inequívoca y de forma específica por virtud del acuerdo de transacción entre las partes en el otro pleito. En dicho acuerdo la ahora reclamante había accedido a depositar en bóveda el video en controversia. Me parece que al conceptualizar la violación a la intimidad con el prisma de las "expectativas" el Tribunal, de forma inevitable, cambió el foco, otorgó demasiada importancia a la renuncia de la "expectativa" y oscureció con ella la esencia de la alegación. Es decir, la permanencia del video en bóveda tendría un impacto extraordinario en el desarrollo de la personalidad y vida de la reclamante ante la incertidumbre que ello representaba. Esta ansiedad no desaparecería aun cuando se ordenara que el video fuera destruido un año después de su depósito conforme a la reglamentación


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vigente. El Tribunal falló en apreciar la "paz mental", "la injuria a sus sentimientos" que implicaba este depósito inútil en bóveda. 27 El Tribunal falló en analizar una violación a la intimidad a través de una metodología cónsona con la inviolabilidad de la dignidad humana. Permítanme explicar con mayor detenimiento esta dura afirmación. Obsérvese que para todos los efectos el Tribunal trata el derecho a la intimidad como un bien cuasi-tangible que puede depositarse y renunciarse a ella si se observan ciertos requisitos. Aún más: téngase en consideración que fuera de los elementos técnicos constitutivos del contrato de transacción, el opositor a la devolución solo pudo articular como interés único castigar a la reclamante con la incertidumbre de mantener indefinidamente depositada su violación a su intimidad en una bóveda del tribunal. Como veremos, este enfoque puede ser ajeno a la dignidad humana en tanto conlleva concebir la intimidad como si fuese una "cosa" o "propiedad" fácilmente renunciable; una especie de "entitlement" o derecho adquirido aislado de los sentimientos de la persona humana lesionada. Pienso que en el fondo de la única concurrencia y disidencia del caso, de la Jueza Fiol Matta, se encuentra, en términos metodológicos, una preocupación con la valoración impropia de la dignidad e intimidad de la reclamante ocasionada por la ofuscada "búsqueda de expectativas". Voy a exponerles también en apretada síntesis otra interesante jurisprudencia de nuestro más Alto foro en torno a lo anterior. Se trata del caso de Castro Cotto v. Tiendas Pitusa (2003).28La controversia versaba sobre la práctica de algunas empresas de 27

La terminología que he empleado fue la que utilizaron Brandeis & Warren en su clásico artículo The Right to Privacy, 4 HARV. L. REV. 193 (1890). Este conocido artículo realmente fundamenta el llamado "right of privacy" en consideraciones sobre la dignidad humana. Esta interpretación fue propuesta en 1964 por el profesor Edward J. Bloustein en su artículo Privacy as Aspect of Human Dignity: An Answer to Dean Prosser, 39 N.Y.U. L. REV. 962. Sobre el tema, véase Larry O Nat Gantt, II, An Affront to Human Dignity: Electronic Mail Monitoring in the Private Sector Workplace, 8 HARD. J. L. & TECH. 345 (1995). 28 Castro Cotto v. Pitusa, 159 DPR 650 (2003).


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exigir a través de un oficial de seguridad, el recibo de compra a la salida de la tienda como medida de protección para evitar la apropiación ilegal de mercancías. El reclamante alegaba que al ser contra su voluntad la detención para mostrar el recibo, ello de por sí afectaba su honra y reputación protegidas por la Sección 8 de la Carta de Derechos a la cual he aludido repetidas veces. La detención se había extendido entre 10 y 15 minutos tomando en cuenta el tiempo que duró todo el incidente que culminó con la intervención de un supervisor y el reclamante viéndose obligado a mostrar el recibo de compra. La detención del reclamante nunca dio lugar a invocar un posible registro irrazonable ya que la demandada era un comercio privado. No fue posible recurrir a esta garantía constitucional porque solo nos protege frente a actuaciones del Estado. Destaco que la persona intervenida fue muy precisa y articulada al alegar que el sistema establecía una presunción de que el cliente no ha pagado su mercancía por lo cual le imponía "la obligación de probar su honestidad enseñando el recibo de compra al salir del negocio."29 Por tal intervención indebida reclamaba el resarcimiento en daños por violación a su derecho a la intimidad. De hecho, tanto el tribunal de primera instancia como el Tribunal de Apelaciones le habían dado la razón. El Tribunal Supremo enfoca la controversia sobre el derecho de intimidad que cobija la Sección 8 del Artículo II de nuestra Carta de Derechos, afirmando que "la cuestión central es si la persona tiene derecho a abrigar, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete". El Tribunal centra su análisis en el interés "genuino" de la demandada de cotejar, en ánimo de proteger su interés comercial, solo el recibo de compra sin indagar ni mirar los bienes comprados. Añade que la hora y fecha del recibo era lo único que cotejaba el oficial de seguridad asignado a este rol. Por tal razón, la expectativa de intimidad reclamada no era "real" por ser la intervención legítima y razonable. Debo decir que la opinión señala que el reclamante padecía de presión arterial alta. Sin embargo, concluye que la ausencia de prueba de que la 29

Id. en la pág. 658.


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intervención causara alguna subida en la presión evidenciaba que la expectativa de intimidad era "irreal". La decisión fue muy dividida: 4-3. Los tres disidentes optaron por no fundamentar o expresar las razones de su disenso, las cuales especulo estaría fundamentado en consideraciones de esencial dignidad humana. Una vez más me parecen evidentes las consecuencias negativas sobre la intimidad y dignidad humana en la metodología empleada. El Tribunal no pudo apreciar lo que evidentemente sí detectaron los tribunales inferiores. Esos quince minutos de la detención no elevaron la presión del intervenido más, sin embargo, causaron un daño intangible peor: proclamaron al reclamante como si fuera una persona deshonesta. El Tribunal no le dio peso adecuado a la falta de respeto reclamada, a la limitación del movimiento en contra de su voluntad. No se pudo apreciar la magnitud del daño porque el análisis de la expectativa de intimidad fue arropado por el peso otorgado a los intereses comerciales de la demandada. La falta de respeto no podrá recuperarse por no poderse evidenciar su "tangibilidad". La tienda demandada nunca tuvo que alegar ni probar si existían otras alternativas menos lesivas a la intimidad reclamada. El examen judicial utilizado no requería tanto. Para entender su flaqueza, es necesario analizar con mayor detenimiento el origen y desarrollo de este método que se afana en "buscar expectativas de intimidad razonables" cuando lo alegado es una violación a la dignidad humana y al derecho de intimidad que protegen las secciones 1 y 8 de nuestra Carta de Derechos. La metodología que entroniza este enfoque pertenece y es original del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. La misma fue elaborada en una opinión concurrente para interpretar la protección constitucional contra registros y allanamientos irrazonables que establece la Enmienda Cuarta de la Constitución de los Estados Unidos.30 No hay duda de que las consideraciones en torno al derecho de intimidad son centrales al resolver controversias relacionadas con esta cláusula. Esta centralidad es aun más importante al resolver controversias sobre este mismo asunto bajo la Constitu30

Katz v. United States 389 U.S. 347, 361 (1967) (Harlan, op. concurrente).


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ción de Puerto Rico por la "factura más ancha" y por la diferencia textual de la disposición constitucional que nos protege frente a registros y allanamientos irrazonables.31 Ahora bien, la metodología de adjudicación que se desarrolle bajo esta cláusula no es central para interpretar o para desarrollar un método de adjudicación bajo el derecho de intimidad de carácter independiente que contiene la Sección 8 de la Constitución de Puerto Rico.32 Fue en el año 1983, en el caso ELA v. P.R. Tel. Co, que se introdujo este acercamiento de "búsqueda de expectativas razonables de intimidad" en un pleito de naturaleza civil sobre una posible violación al derecho de intimidad.33 En este caso la demandada PRTC, que para entonces pertenecía al Estado, invocó el derecho de intimidad de sus usuarios para no dar a conocer nombres y ciertos datos personales de estos usuarios frente a los reclamos de la Oficina de Asuntos Antimonopolios del Departamento de Justicia de Puerto Rico. La PRTC estaba enfocada en un reclamo de protección de información personal y privada a través de la Sección 8 de la Carta de Derechos. Sin embargo, el Tribunal finalmente adjudica y resuelve la controversia enfocado en el "registro administrativo" sobre información personal en manos de otra dependencia del gobierno que solicitaba el Departamento de Justicia. Así entendido, recurre a la metodología diseñada para resolver los registros y allanamientos irrazonables bajo el derecho penal, a tenor con lo resuelto en 1979 en Pueblo v, Lebrón, y de esta manera aquilatar la "expectativa razonable de intimidad" que se tenía sobre esta información frente al interés que perseguía el Estado.34 Un año más tarde, en ELA v. Coca Cola, (1984) el Tribunal resolvería que esta 31

Ernesto Chiesa Aponte, DERECHO PROCESAL PENAL: ETAPA INVESTIGATIVA, págs.98-100 (2006). 32 De hecho, la opinión mayoritaria de Katz enfatiza que la Enmienda Cuarta no crea un derecho general a la intimidad sino que solo puede proteger determinadas formas de invasión a la intimidad. Katz v.U.S. 389 U.S. 350-351 (1967). Christopher Slogobin, PRIVACY AT RISK: THE NEW GOVERNMNET SURVEILLANCE AND THE FOURTH AMENDMENT (2007). 33 ELA v P.R. Tel. Co., 114 DPR 394 (1983). 34 Pueblo v. Lebrón, 108 DPR 324 (1979)


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protección constitucional concebida para el campo penal, y algunas de las doctrinas que de ella se derivan, también podrían ser invocadas frente a registros de carácter administrativo.35 ¿Cuán útil o protectora de los derechos intimidad ha sido esta metodología de búsqueda de intereses de intimidad cuando el escudo protector que se invoca es la cláusula contra registros y allanamientos irrazonables de la Sección 10 tanto en el ámbito penal como en los registros o investigaciones administrativas? Como he mencionado, no pretendo analizar estas cuestiones en esta alocución.36 Mi interés es otro. He reseñado decisiones del Tribunal Supremo que operan sobre contextos civiles donde no aplica ni puede aplicar la disposición constitucional sobre registros y allanamientos (por tratarse de demandados privados, por ejemplo). Aun así, en diversas ocasiones el Tribunal hace uso de la metodología en "búsqueda de intereses razonables de intimidad" 35

ELA v. Coca Cola, 115 DPR 117 (1984) Sí conviene repetir que al menos desde el ya mencionado caso de Pueblo v. Lebrón (1982), supra nota 34, el Tribunal afirmaba que aun al interpretar esta cláusula había que reconocer los "valores centrales….de la intimidad del ser humano y su dignidad innata". Pueblo v. Lebrón, a la pág. 331. Véase la interrogante que sobre el asunto hace el profesor Raúl Serrano Geyls en II DERECHO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS Y PUERTO RICO, 1038 (1988). En ocasiones, el uso de esta metodología ha favorecido reclamos de intimidad en situaciones donde claramente estaba implicada la disposición constitucional sobre registros y allanamientos irrazonables. Así sucede en casos de investigaciones administrativas y registros donde el Estado solicita información personal en manos de terceros que pueden estar en posesión de otras dependencias del mismo Estado, o de personas o entidades particulares. A mi juicio, este resultado se obtiene cuando el Tribunal se centra en el reclamo del interés de intimidad, es decir se centra en los valores de la "dignidad humana innata" y coloca en un segundo nivel los intereses de la parte cuya acción interfiere con la intimidad. Véanse, e.g. Aponte v. Sánchez, 2008 TSPR 53, Rullán v. Fas Alzamora, 166 DPR 742 (2006), RDT Const. Corp. V. Contralor, 141 DPR 424 (1996), H.M.C.A.(P.R.) Inc., v. Contralor, 133 DPR 945 (1993) y Nieves v. AM Contractors, 166 DPR 399 (2005). 36


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aun cuando se trata de reclamos de intimidad fundamentados en la protección independiente que reconoce la Sección 8 de la Carta de Derechos. En estas decisiones se sigue citando el caso de ELA v. P.R. Tel. Co para resolver alegaciones sobre violación a un derecho de intimidad que emana de la sección antes citada. Es común que las decisiones inicien la discusión sobre el derecho aplicable afirmando que la cuestión central y de umbral es si la persona tiene derecho a abrigar, donde sea, dentro de las circunstancias del caso específico, la expectativa de que su intimidad se respete. Esto fue lo que precisamente sucedió en López v. Tristani, cuyos hechos ya relaté y donde no aparece ni remotamente podía aparecer alegación alguna que sugiera un reclamo bajo las protecciones contra registros administrativos que también cobija la Sección 10. Dicha controversia era entre partes privadas.37 Eso fue lo que también sucedió en Castro v. Pitusa cuyos hechos también relaté. De hecho, esta metodología afloraba ya desde el 2002 en una controversia relacionada con el uso de cámaras electrónicas en el lugar del trabajo. Me refiero al caso de Vega v. Telefónica (2002) en momento en que la parte demandada, la PRTC, ya había sido privatizada.38 Al resolver en contra de los obreros que sentían una violación a su intimidad en la vigilancia electrónica, el Tribunal, seducido por la nueva tecnología emergente, rechaza la alegación pero para todos los efectos "legisla" unos parámetros para salvar la intimidad que nunca reconoció como violentada. Este caso, de hecho, posiblemente es el único donde el Tribunal ha reconocido de forma explícita que la metodología empleada proviene del campo penal vinculada a las protecciones contra registros y allanamientos irrazonables. Añade, sin explicación o justificación alguna, que "esto no obsta para la aplicación de este análisis constitucional sobre el derecho a la intimidad en otros contextos".39 Repito una vez más: ni la Constitución de Puerto Rico ni la de los Estados Unidos prohíben los registros y allanamientos en los ámbitos penal y administrativo. Solo se prohíben si son irrazona37

También se aprecia en Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 659 (2003) Vega v. Telefónica, 156 DPR 584 (2002). 39 Id. a las págs. 602-603. 38


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bles. Se trata de una metodología fundamentada en un trasfondo de razonabilidad que goza de gran "flexibilidad" y cimentada en un "balance de intereses" lo cual implica que se sopesan intereses igualmente equilibrados.40 Según ha expuesto el propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos, y según ha sido adoptado por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, este método, que repito proviene del campo penal, tiene dos elementos: identificar la "expectativa subjetiva" y de esta existir, analizar la posible "expectativa objetiva". El primero obliga a examinar si la persona agraviada, en su subjetividad y en las circunstancias en que se encuentra, puede reclamar un derecho de intimidad. Si convence al Tribunal, ello no es suficiente para que el derecho de intimidad opere como muro de contención frente a los que pretenden invadirlo. Si establece la violación a su intimidad, es determinante proceder, en segunda instancia, a analizar si la sociedad está dispuesta a reconocer si este reclamo de intimidad debe estar protegido. Obsérvese que aun cuando el impacto sobre la intimidad de la persona reclamante fuese considerable, aun así hay que recurrir a la búsqueda de una expectativa de intimidad objetiva, es decir, a la que "otro", la sociedad esté dispuesta a reconocer. Esa aparente sensibilidad hacia el entendido de la sociedad está pensada y condicionada por las estructuras del derecho penal donde nace esta metodología. Es decir, cuando se acuñó se hizo bajo el trasfondo de una consecuencia fatal para el Estado si la expectativa de intimidad resulta "razonable": la evidencia obtenida podría no ser admisible y por ende quedaba eliminada del proceso penal. En tiempos de criminalidad rampante tenemos una idea de las presiones que puedan sentir los jueces y juezas cuando intentan tomar una decisión sobre la existencia o no de una "expectativa objetiva". Peor aún: esta metodología creada por una decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos no cesa de ser fuertemente criticada por amplios sectores de la academia y de la práctica penal en los Estados Unidos.41 40

Véase opinión concurrente de la Jueza Miriam Naviera en López Vives v. Policía de P.R., 118 DPR 219, 252 (1987). 41 Véanse, e.g., Orin S. Kerr, Four Models of Fourth Amendment Protection, 60 Stan. L. Rev. 503 (2007), Marc Jonathan Blitz, Video


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Es necesario acentuar el segundo elemento de la metodología: lo que la sociedad esté dispuesta a reconocer como "expectativa de intimidad", la llamada "expectativa objetiva". Como he mencionado, este elemento ordena una segunda "búsqueda" de expectativas con independencia del primero, es decir, sin que sea determinante en esa etapa la valoración de la magnitud de la intervención que tenga sobre la persona la actuación del Estado o de una persona privada, es decir de quién sea el causante de la violación imputada. Dicho de otro modo: el juez o la jueza aquilatará la percepción que tiene la sociedad del derecho de intimidad reclamado separado de los sentimientos del reclamante para después sopesarlos, en igualdad de condiciones, con el mismo peso de la prueba en una misma balanza equilibrada. Todavía más injusto: aun cuando se haya violentado el derecho de intimidad, la búsqueda de la "expectativa objetiva" puede hacer desvanecer el peso de la violación cuando llegue a la "balanza". Al menos en su aplicación bajo la sección 10 sobre registros y allanamientos considérese la siguiente afirmación hecha por nuestro más conocido y respetado estudioso del tema: "[N]o basta con que la persona efectivamente tuviere una expectativa de intimidad; se requiere además, y sobre todo, que tal expectativa sea razonable, esto es, socialmente legítima".42 Véase el peligro y dificultad de aplicar este segundo elemento. ¿Cómo han de hacerlo los jueces y juezas? ¿Cuál percepción o reconocimiento de la sociedad? ¿La del juez o jueza rodeado de cámaras en su casa y acostumbrado a las cámaras de los bancos? Si quien causa la presunta violación del derecho de intimidad es una persona o entidad privada, ¿no se convierte la percepción o reconocimiento de la sociedad en uno análogo a los objetivos e Surveillance and the Constitution of Public Space: Fitting the Fourth Amendment to a World That Tracks Image and Identity, 82 Tex. L. Rev. 1349 (2004), y William LaFave, I SEARCH AND SEIZURE: A TREATISE ON THE FOURTH AMENDMENT, 2.1-2.2 (2004). La inconformidad con Katz llega al grado que algunos afirman que le hace daño a los intereses de intimidad que protege la Enmienda Cuarta.Véase,e.g.,John Castiglione, Human Dignity and the Fourth Amendment, 2008 Wis. L. Rev.655 (2008). 42 Ernesto Chiesa Aponte, supra nota 31 a la pág. 106.


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intereses del causante del daño? ¿De qué depende en última instancia la valoración del reclamo a la intimidad y dignidad? Si se fijan depende de si otros, no presentes en el tribunal como reclamantes, han aceptado como "normal" la intromisión a la intimidad y por ende han cedido en su dignidad innata.43 Esta metodología, al menos en el contexto de la sección 8 de nuestra Constitución, no reconoce ni valora la diversidad de sentimientos. Por el contrario, los normaliza. Así se aleja de la esencia de cada persona humana; de su dignidad inviolable. Permite que otros renuncien a la intimidad de su persona, es decir, facilita que el individuo pierda poder sobre su propia personalidad.44 Olvida que un daño a la intimidad, por minúsculo que sea, se convierte en un daño irreparable. Nadie puede recuperar la dignidad ni la intimidad perdida. Una reclamación sobre violación al derecho de intimidad al amparo de la Sección 8 de la Carta de Derechos debe ser analizada mediante un examen judicial que trascienda la aplicación del flexible "balance de intereses" que implica la metodología que discuto. La única variante posiblemente sería cuando este derecho se enfrenta a un reclamo judicial, por parte de un demandado no gubernamental, de otro derecho constitucional de orden fundamental como los son la libertad de palabra y la libertad de culto.45 Aun en este contexto, el Tribunal está obligado a tener una sensibilidad especial hacia el derecho de intimidad y la dignidad humana.46 Solo ello es cónsono con la valorativa que postula que 43

Ese "otro" tampoco es necesariamente el resultado del uso de las Ciencias Sociales aludidas al principio de este discurso. 44 Véanse, e.g., Eulalia Pascual Lagunas, CONFIGURACIÓN JURÍDICA DE LA DIGNIDAD HUMANA EN LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, (2009); Lucrecio Rebollo Delgado, EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD, 70-73 (2000). 45 Véanse, e.g., ELA v. Hermandad de Empleados, 104 DPR 436 (1975), Colón v. Romero, 112 DPR 573 (1982), Bonilla v. PNP, 140 DPR 294 (1996) y Vigoreaux v. Quizno's, 2008 TSPR 38. 46 Examínese por ejemplo, el conflicto entre reclamos de intimidad y dignidad humana en Asoc. Ctr.Acc. C. Maracaibo v. Cardona, 144 DPR


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la dignidad del ser humano es inviolable. Cuando pensamos en la dignidad humana como un derecho inviolable posiblemente estamos frente al terreno más cercano posible de una auténtica rareza: un derecho "absoluto". ¿Puede existir una actuación del estado o de una persona contra otra persona que solo sea media indigna o atente contra la dignidad humana solo parcialmente? ¿Puede alguien aceptar una intervención sobre su persona donde la lesión a su dignidad sea mínima? Creo que no. Por lo tanto, en la medida que el derecho de intimidad es complementario o consustancial a la dignidad humana, en esa misma extensión la metodología sobre "búsqueda de expectativas razonables de intimidad" es insuficiente para valorar una violación al derecho de intimidad de la Sección 8 del Artículo II de la Carta de Derechos. En la etapa de la evaluación inicial de lo alegado, la metodología no puede aumentar el peso de la prueba del demandante y disminuir la del demandado dado la dimensión que tiene el derecho de intimidad sobre la dignidad humana. Si así se hace, se corre el riesgo de entender el derecho de intimidad puertorriqueño como uno que garantiza u honra meras expectativas cuando más bien debe interpretarse que este derecho garantiza la intimidad y obliga a promover su desarrollo. Es decir, la metodología de "expectativas razonables" evita que aflore la función dual de nuestra Carta de Derechos y nuestra vocación inconclusa de estado social y democrático: vindicar la dignidad humana y, como parte de este norte, limitar los poderes del gobierno e imponerle obligaciones a ese estado. Quede claro: no estoy postulando que el derecho de intimidad sea absoluto. Solo reflexiono que en la medida que este es consustancial con la dignidad humana, y posiblemente más consustancial que con cualquier otro derecho fundamental, en esa misma medida la metodología que se adopte no puede estar fundamentada en criterios de razonabilidad en ninguna etapa del litigio en que se dilucide su alegada transgresión.47 1 (1997). También véase como se aplicó la metodología en Nieves v AM Contractors, 166 DPR 399 (2005). 47 Una sugerencia para conciliar lo que denomina como "ambivalencia metodológica" en el desarrollo del derecho de intimidad en Puerto Rico


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Para determinar si una actuación incide sobre el derecho de intimidad de modo que se convierta en una violación constitucionalmente reconocible, sea ésta causada por el Estado o por un ente privado, el análisis tiene que centrarse esencialmente en el impacto que la violación tiene sobre la persona. Ello suele plantear un asunto que necesariamente conlleve la presentación de prueba, aunque es evidente que hay actuaciones que de por sí deben considerarse como violaciones a la intimidad de la persona. Esto significa, a su vez, que difícilmente pueda archivarse por desestimación una demanda fundamentada en la violación a la dignidad humana y el derecho de intimidad. Me refiero a que como regla general difícilmente proceda una moción de desestimación temprano en el litigio. Este es un asunto donde, una vez más, los litigantes, los jueces y las juezas pueden recurrir también a las aportaciones de la Ciencias Sociales puertorriqueñas, particularmente la psicología, la sociología, las ciencias políticas, la antropología cultural, el derecho comparado y al derecho transnacional. La centralidad del análisis, sin embargo, estará siempre sobre el reclamante del derecho quebrantado en el contexto de cada caso particular. Corresponderá al demandado, sea éste el Estado o una entidad privada, levantar como defensa afirmativa la inexistencia de la violación o, aceptar que violenta la intimidad en la consecución de sus intereses de alta jerarquía y alegar que utiliza el mecanismo menos invasivo a la intimidad para lograr sus propósitos. En ambos casos tiene el peso de la prueba. En ambos casos tendrá que escucharse al reclamante. En síntesis: la metodología "en busca de expectativas razonables de intimidad", utilizada aun en la etapa inicial de la evaluación de la propone el profesor José Julián Álvarez González, en supra nota 22 a la pág. 806. La salida ofrecida permite que la metodología que critico pueda ser utilizada en la etapa inicial de la valoración de la intimidad que se alega transgredida. Se sugiere que ello ayudaría a determinar si la violación es significativa en cuyo caso, hecho este balance de intereses, podría dar lugar a la activación del escrutinio estricto. Creo que esto podría resolver la "ambivalencia" pero la solución propuesta permite que en esa etapa inicial se "active" la consideración del criterio objetivo, es decir, el "balance de intereses en igual equilibrio", aun cuando el elemento subjetivo demostrare una "violación crasa" a la intimidad.


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la magnitud de la violación alegada, constituye un balance intereses que resulta ser desbalanceado a favor del demandado. Para evaluar de forma inicial la alegada violación a la intimidad, si ha de usarse una balanza, ésta debe estar desde un primer momento en desequilibrio a favor del reclamante. De paso, esta alegación de un demandado de que sus derechos fundamentales también están en controversia, podrían ser invocados por algún demandado privado solo en determinadas circunstancias. Recordemos que los derechos civiles pertenecen a la persona y no pueden ser reclamados por el Estado para protegerse de los ciudadanos o de otras dependencias o criaturas del mismo Estado. Si el causante de la violación es el Estado o algunos de sus testaferros, la balanza debe estar desequilibrada a favor del reclamante de la violación. Creo que este acercamiento centrado en la intimidad como elemento consustancial de la dignidad humana ha estado presente en el desarrollo de la jurisprudencia más importante sobre el derecho de intimidad puertorriqueño: Figueroa Ferrer v. ELA48 y Arroyo v. Rattan Specialties.49 En ninguna de estas decisiones se aplica expresamente la metodología de "expectativas". Al evaluar la alegación inicial de la violación a la intimidad y dignidad humana, el Tribunal usó una balanza que, al comenzar a sopesar los intereses, no estaba ni podía estar en equilibrio. Por el contrario: los derechos fundamentales invocados llegaban a la balanza con más peso que los intereses de quien causaba la violación imputada. En Rattan, por ejemplo, la valoración de los derechos constitucionales fundamentales del obrero, a quien un patrono privado quería someter a una prueba de polígrafo, es considerada de forma independiente de la legitimidad del interés perseguido por el patrono demandado o incluso de lo que la sociedad pueda pensar sobre esta nueva tecnología. Por el contrario, el Tribunal advierte del peligro que conlleva el desarrollo de nueva tecnología por su potencial impacto sobre la dignidad, integridad e intimidad de las personas. En este caso en particular, se trataba del uso del polí48 49

Figueroa Ferrer v. ELA, 107 DPR 250 (1978). Arroyo v. Rattan Specialties, 117 DPR 35 (1986).


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grafo en el lugar de trabajo para detectar posibles irregularidades cometidas por los empleados. Si se hubiese utilizado la metodología de "expectativas razonables" posiblemente hubiese bastado que el patrono publicara, con antelación suficiente, que se utilizaría el polígrafo en el empleo o que incluso se advirtiera que como condición de empleo los empleados se tendrían que someter a estas pruebas. Con ello el patrono hubiese derrotado la "expectativa subjetiva" reclamada por los empleados, como sucedió con el consumidor que voluntariamente entró a la Tienda Pitusa. Lo anterior también implica que la metodología que se afana en buscar expectativas explícitas va en contra de la "factura más ancha" que se presupone tiene el derecho de intimidad puertorriqueño. Si en efecto esta metodología protege menos el derecho a la dignidad humana y el derecho de intimidad, si su aplicación fue un calco de la jurisprudencia de la Cuarta Enmienda de la Constitución Federal, hoy día muy criticada, entonces "la factura más ancha" de este derecho queda una vez más en entredicho. Como he mencionado, lo cierto es que una adjudicación independiente de la dignidad e intimidad humana bajo el derecho constitucional puertorriqueño, es decir bajo la Sección 1 y 8 de la Carta de derechos, constituiría una importante contribución al Derecho que trascendería nuestras fronteras nacionales. Aunque el rol que ocupa Puerto Rico en ese federalismo es mucho más lógico entenderlo, a mi juicio, bajo la óptica del colonialismo, hemos hecho contribuciones al federalismo que se pasan por alto o que desconocemos. Por ejemplo, precisamente la inviolabilidad de la dignidad humana que contiene la Sección 1 de nuestra constitución fue incorporada en la revisión de la Constitución del Estado de Montana efectuada en 1971. Forma parte indubitada del historial de esta acción que la Constitución de Puerto Rico inspiró a los ciudadanos del estado de Montana a adoptar una disposición idéntica a la nuestra. Así lo ha determinado el Tribunal Supremo de ese Estado y lo ha reconocido la academia jurídica norteamericana. Incluso se ha señalado que al interpretar los contornos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Montana en torno a la dignidad humana es necesario recurrir a las decisiones


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del Tribunal Supremo de Puerto Rico sobre este tema pues de nuestro país procede la disposición incorporada.50 Aunque lo antes narrado se produjo en el contexto de un derecho constitucional autóctono como lo es la dignidad humana, nada impide que podamos inspirar al propio Tribunal Supremo de los Estados Unidos a resolver controversias constitucionales sobre derechos fundamentales o ayudar a otros Estados y países a resolver controversias constitucionales que tengan afinidad con los derechos autóctonos de nuestra Carta de Derechos. Permítanme una breve digresión: es justo y apropiado reconocer obras jurídicas de varios profesores de Derecho de nuestro País que tienen y han tenido impacto sobre el desarrollo del derecho en países de América Latina y España, particularmente en materia de derecho procesal penal y derecho probatorio. Debo concluir y sintetizar. Un reclamo de violación a su intimidad, principalmente si se fundamenta en las Secciones 1 y 8 de nuestra constitución, exige una metodología que se centra y concentra en la persona humana con su dignidad irrenunciable. Dado que esta violación es atinente al desarrollo de nuestra personalidad, de lo que nos es privado e íntimo, aquello relativo a nuestra libertad; su vindicación no puede depender de débiles expectativas y mucho menos si éstas son determinadas por otros. Después de todo, el Diccionario de la Real Academia Española define "expectativa" como " la esperanza de conseguir una cosa". 51 La protección de un derecho consustancial con la dignidad humana no puede depender de una "esperanza". Cuando la nueva tecnología supere incluso el mundo "Orwelliano" que creíamos lejano e imaginario, cuando nos acostumbremos a su impacto en nuestras vidas, cuando la falta de intimidad sea normal, solo nos quedará como resguardo la dignidad inalienable. Si no comenzamos a cultivar esta dignidad en todos los ámbi-

50

Vicki Jackson, Constitutional Dialogue and Human Dignity: States and Transnational Constitutional Discourse, 65 Mont. L. Rev. 15, 22-27 (2004). 51 DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 21ra. Ed., pág. 934 (1992).


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tos no va aflorar como valor ni como derecho independiente que pueda invocarse en los tribunales. El derecho de intimidad y la dignidad humana solo deben estar en función de nuestra condición como miembros de la especie humana que es una sola. A ella pertenecemos y solo a ella nos debemos. Lo demás sería indigno. Gracias por su atención y paciencia.


CONTESTACIÓN AL DISCURSO DEL PROFESOR CARLOS E. RAMOS GONZÁLEZ* José Julián Álvarez González** Como es costumbre en estos actos, un miembro de esta Academia pronuncia unas palabras en reacción al discurso del nuevo académico. Es para mí un verdadero placer realizar esta función, por cuanto el nuevo académico es una persona con quien me unen lazos de amistad desde que nos conocimos como estudiantes en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Como igualmente es costumbre en estos actos, mi intervención procurará ser breve. La noche corresponde al nuevo académico. En su magnífica ponencia,1 el profesor Ramos nos invita a que reflexionemos sobre la cláusula que da comienzo a la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico, aquella que proclama que “La dignidad del ser humano es inviolable”.2 Tras un análisis de su origen, historia, significado y utilización (o falta de ella), hace varios señalamientos metodológicos sobre cómo nuestros tribunales han aplicado el derecho a la intimidad. Como bien señala el nuevo académico, nuestro poder judicial ha derivado ese *

Sesión Solemne celebrada el 28 de octubre de 2010 en el Teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. ** Académico de Número de la Academia Puertorriqueña de Jurisprudencia y Legislación. Catedrático, Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Agradezco los comentarios atinados de mi colega Hiram Meléndez Juarbe y la labor de investigación y edición de Alba G. Reyes Santos, estudiante de tercer año de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Los errores, por supuesto, son míos. 1 Carlos E. Ramos González, La inviolabilidad de la dignidad humana: lo indigno de la búsqueda de expectativas razonables de intimidad en el derecho constitucional puertorriqueño. 2 CONST. P.R. art. II, ' 1.

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derecho de la interrelación entre la cláusula que nos ocupa, aquella que proclama que “Toda persona tiene derecho a protección de ley contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada o familiar”,3 y aquella otra que prohíbe los “registros, incautaciones y allanamientos irrazonables”.4 La razón por la que el profesor Ramos prácticamente se ve obligado a tornar su atención hacia el derecho a la intimidad en una ponencia cuyo título principal alude a la inviolabilidad de la dignidad humana es tristemente sencilla. Como él reconoce, el valor de la dignidad humana en nuestra Constitución puede desempeñar dos funciones: “como un derecho independiente o como un principio o >complemento= que debe acompañar la valoración de todos los derechos fundamentales”.5 No obstante, como igualmente reconoce, nuestro poder judicial, salvo algunas expresiones individuales de sus jueces, sólo ha utilizado este valor constitucional en esta segunda función. En las certeras palabras del profesor Ramos: “Lo cierto es que la dignidad humana no ha sido dilucidada como derecho independiente por el Tribunal Supremo de Puerto Rico”.6 Como él también reconoce, esa culpa no se limita a nuestros tribunales, sino que también abarca a la academia y a la profesión, con contadas excepciones, como son los casos de mis colegas Hiram Meléndez Juarbe7 y Luis Aníbal Avilés Pagán,8 a quienes hoy se une el profesor Ramos. Quisiera dedicar mi atención en esta ocasión a este aspecto y con ello reconocer mi propia culpa y procurar comenzar a expiarla. Pero antes, creo necesario resaltar un aspecto en el que puedo tener alguna discrepancia o, cuando menos, diferencias de matices con el profesor Ramos. En la segunda parte de su ponencia, el Id. art. II, ' 8. Id. art. II, ' 10. 5 Ramos González, supra nota 1, en la pág. 5. 6 Id. en la pág. 10. 7 Hiram Meléndez Juarbe, Privacy in Puerto Rico and the Madman=s Plight: Decisions, 9 GEO. J. GENDER & L. 1 (2008). 8 Luis Aníbal Avilés Pagán, Human Dignity, Privacy and Personality Rights in the Constitutional Jurisprudence of Germany, the United States and the Commonwealth of Puerto Rico, 67 REV. JUR. U.P.R. 343 (1998). 3 4


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nuevo académico critica que nuestro poder judicial haya transportado al plano de lo civil, bajo el derecho a la intimidad, el análisis de razonabilidad que en la esfera penal se aplica para enjuiciar los registros y allanamientos. El profesor Ramos quiebra una lanza contra la metodología usual que, como cuestión de umbral, se enfrenta a planteamientos de intimidad en lo civil preguntando si el reclamante tenía una expectativa razonable de intimidad, tanto desde una perspectiva subjetiva como objetiva. Según el nuevo académico, ante cualquier alegación de “violación a la intimidad, si ha de usarse una balanza, ésta debe estar desde un primer momento en desequilibrio a favor del reclamante”.9 Como el profesor Ramos reconoce y critica,10 he sostenido que una alegación de intimidad requiere resolver, en primer lugar, si el reclamo de infracción a la intimidad es significativo.11 Antes de esa etapa, no creo apropiado colocar el peso de la prueba en el demandado, llámesele “escrutinio estricto” o úsese cualquier otro término. La mera invocación de cualquier derecho constitucional no debe ser suficiente para alterar el peso de la prueba. Por “preferido” que nos guste decir que es el derecho a la intimidad, no adoptamos esa actitud con otros derechos que también nos gusta llamar “preferidos”, como son la libertad de expresión o la libertad de culto. En cuanto a estos dos últimos derechos, sabemos que la actitud judicial ante su invocación es examinar primero si realmente se trata de un problema de “expresión”12 o si quien invoca la 9

Ramos González, supra nota 1, en la pág. 26. Id. en la pág. 25 n. 47. 11 JOSÉ JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ, DERECHO CONSTITUCIONAL DE PUERTO RICO Y RELACIONES CONSTITUCIONALES CON LOS ESTADOS UNIDOS 806 (2009). En abono a la postura del profesor Ramos, también he denotado preocupación frente al frecuente uso por parte del Tribunal Supremo de Puerto Rico de lenguaje de intimidad en casos que tratan sobre registros y allanamientos irrazonables, por cuanto Aexiste el peligro de que el continuado tratamiento de esos problemas mediante el derecho general de intimidad termine rebajando la cobertura de ese derecho fuera del contexto penal@. Id. en la pág. 790. 12 Aunque muy abusada en situaciones en las que no debía invocarse, la dicotomía “expresión” v.”conducta” tiene algunas aplicaciones muy justificadas, cuando el impacto comunicativo de la “conducta” es cero o 10


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libertad de culto lo hace por razón de una creencia religiosa bona fide13 o lo hace en circunstancias en las que esa creencia religiosa realmente está en juego.14 El profesor Ramos parece especialmente preocupado de que en esa etapa de umbral se procure analizar si el reclamante de intimidad satisface el llamado criterio objetivo, esto es, “si la sociedad está dispuesta a reconocer si este reclamo de intimidad deber estar protegido”.15 Nos pregunta cómo juezas y jueces han de aplicar ese criterio sin irremediablemente utilizar sus preferencias personales.16 Ese problema, sin embargo, no es privativo de este asunto, sino que se extiende a todo el Derecho. La búsqueda, probablemente ilusoria, de la objetividad en el Derecho es empresa que nos ha llevado a talar bosques.17 Sin embargo, diariamente participamos en ella, como cuando invocamos la figura de la “persona prudente y razonable”, que nuestro Tribunal Supremo certeramente tildó de “mítica” hace cinco décadas,18 o la del “buen padre o madre de familia”. Perdóneseme la herejía, pero siempre he sospechado que a los jueces y juezas les cuesta mucho, si es que alguna vez lo han logrado, hallar diferencias significativas entre estas dos figuras objetivas y su propia realidad.

se acerca a serlo. Véase, e .g., Pueblo v. Hernández Colón, 118 DPR 891 (1987) (consumir bebidas alcohólicas en una vía pública no es “expresión”). 13 Véase, e. g., Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9 (el rechazo a una transfusión de sangre bajo cualquier circunstancia es una doctrina fundamental de las creencias religiosas de los Testigos de Jehová). 14 Véase, e.g., Amador v. Conc. Igl. Univ. De Jesucristo, 150 DPR 571 (2000) (disputa sobre la titularidad de un inmueble). 15 Ramos González, supra nota 1, en la pág. 21. 16 Id. en la pág. 22. 17 Uno de los mejores argumentos que conozco By a fin de cuentas no compartoB en favor de tal objetividad es Owen M. Fiss, Objectivy and Interpretation, 34 STAN. L. REV. 738 (1982). El debate al respecto, como sabemos, es feroz. Para mi humilde participación en ese debate, véase José Julián Álvarez González, Another Look at the ADiscretionary Constitution@, 71 REV. JUR. U.P.R. 1 (2002). 18 Hernández v. La Capital, 81 DPR 1031 (1960).


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Considero que la crítica más importante del profesor Ramos al uso del criterio objetivo en esta primera etapa es que ese criterio puede ir eliminando algunas expectativas de intimidad, según los avances tecnológicos o sociales popularicen una práctica o una idea.19 Frente a ese peligro, como argumentaré más adelante, la cláusula de dignidad puede ser una barrera más poderosa. Tal vez –reitero- tal vez, podría coincidir con el profesor Ramos en que en esa primera etapa no deba usarse el criterio objetivo y posponer su uso para una segunda etapa. Pero, prescindir asimismo del criterio subjetivo en esa primera etapa, como él también parece sugerir, no me parece justificado. No creo que la mera invocación de algún derecho constitucional requiera o siquiera permita que el peso de la prueba se traslade inmediatamente al adversario, que no pueda ser objeto de una moción de desestimación y que, aparentemente, siempre requiera presentar prueba, como el profesor Ramos sugiere.20 Paso a lo que anuncié que dedicaría atención principal: el hecho de que la cláusula de dignidad permanezca como una especie de dodo constitucional sin elucidación y aplicación serias por nuestros tribunales. En la inmensa mayoría de los casos, nuestro Tribunal Supremo cita esta cláusula pero inmediatamente abandona su consideración y, dependiendo del asunto ante sí, recala en la 19

Ramos González, supra nota 1, en la pág. 22. Por ejemplo, si la ciencia desarrollare un útero mecánico que pueda acoger a un cigoto y llevarlo a término, la explicación para el derecho a la intimidad de la mujer tendría que evolucionar. La explicación no podría ser, como algunos han sugerido, el control sobre el propio cuerpo. La explicación tendría que ser que se trata del derecho a no reproducirse. Para un breve tratamiento sobre los efectos de los desarrollos tecnológicos sobre el derecho a la intimidad, véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 788-789. Una decisión del Tribunal Supremo federal que se enfrenta a este tipo de problema es Kyllo v. United States, 533 U.S. 27 (2001). En ese caso el Tribunal resolvió 5-4 que el uso de un equipo para detectar imágenes termales desde fuera de una residencia constituyó un registro irrazonable, especialmente por cuanto se trataba de un equipo cuyo uso no era generalizado. 20 Ramos González, supra nota 1, en las págs. 25-26.


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cláusula antidiscriminación o en el derecho a la intimidad.21 Sólo algunas opiniones individuales muestran mayor interés en dar 21

Ejemplos de meras menciones de la cláusula de dignidad en opiniones mayoritarias, sin mayor elucidación, son: S.L.G. Semidey Vázquez v. ASIFAL, 2009 TSPR 184; Ramírez Ferrer v. Conagra Foods P.R., Inc., 2009 TSPR 55; Albino v. Ángel Martínez, Inc., 171 DPR 457 (2007); Nieves v. AM Contractors, 166 DPR 399 (2005); López v. E.L.A., 165 DPR 280 (2005); Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003); Valle v. E.L.A., 157 DPR 1 (2002); Meléndez v. Asoc. Hosp. del Maestro, 156 DPR 828 (2002); S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 651, 662, 665 (2002); Díaz v. Wyndham Hotel Corp., 155 DPR 364 (2001); Aponte Burgos v. Aponte Silva, 154 DPR 117 (2001); In re Robles Sanabria, 151 DPR 483 (2000); Pueblo v. Bonilla, 149 DPR 318 (1999); Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999); Pérez, Román v. Proc. Esp. Rel. de Fam., 148 DPR 201 (1999); Soc. de Gananciales v. Royal Bank de P.R., 145 DPR 178 (1998); Suárez Ruiz v. Figueroa Colón, 145 DPR 142 (1998); Soc. de Gananciales v. Centro Gráfico, 144 DPR 952 (1998); Vélez v. Serv. Legales de P.R., Inc., 144 DPR 673 (1998); Ramírez de Ferrer v. Mari Brás, 144 DPR 141 (1997); Sánchez v. A.E.E., 142 DPR 880 (1997); Pueblo v. Yip Berríos, 142 DPR 386 (1997); Díaz v. Alcalá, 140 DPR 959 (1996); García v. Mun. de Arroyo, 140 D.P.R. 750 (1996); García Ortiz v. Policía de P.R., 140 DPR 247 (1996); Fulana de Tal v. Demandado A, 138 DPR 610 (1995); El Vocero de P.R. v. Nogueras I, 138 DPR 103 (1995); Delgado Zayas v. Hosp. Int. Med. Avanzada, 137 DPR 643 (1994); Santini Rivera v. Serv. Air, Inc., 137 DPR 1 (1994); Rodríguez v. Depto. Servicios Sociales, 132 DPR 617 (1993); El Vocero de P.R. v. E.L.A., 131 DPR 356 (1992); Noriega v. Gobernador, 130 DPR 919 (1992); Berberena v. Echegoyen, 128 DPR 864 (1991); Rodríguez Meléndez v. Sup. Amigo, Inc., 126 DPR 117 (1990); Almodóvar v. Méndez Román, 125 DPR 218 (1990); García Pagán v. Shiley Caribbean, 122 DPR 193 (1988); P.I.P. v. C.E.E., 120 DPR 580 (1988); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986); Pueblo v. Falú Martínez, 116 DPR 828 (1986); Clemente v. Depto. de la Vivienda, 114 DPR 763 (1983); P.R. Tel. Co. v. Martínez, 114 DPR 328 (1983); Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982); In re Álvarez Crespo, 110 DPR 624 (1981); Figueroa Ferrer v. E.L.A., 107 DPR 250 (1978); Pierson Muller I v. Feijoó, 106 DPR 838 (1978); Ossorio Ruiz v. Srio. de la Vivienda, 106 DPR 49 (1977); Pueblo v. Domínguez Fraguada, 105 DPR 537 (1977); García Santiago v. Acosta, 104 DPR 321 (1975); Zachry International v. Tribunal Superior, 104 DPR 267


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tratamiento independiente y más detenido a la cláusula de dignidad.22 Respaldo la afirmación de mi colega Hiram Meléndez Juarbe23 de que este estado de cosas es insatisfactorio; que la cláusula de dignidad debe recibir atención independiente y que puede ser la base para resolver asuntos que se han considerado con mayor detenimiento bajo el derecho a la intimidad, tales como uno que él señala especialmente: los problemas jurídicos suscitados por el cambio quirúrgico de sexo.24 Otro tanto puede decirse de la negativa del Tribunal a interpretar que la Ley de Violencia Doméstica25 sea aplicable a una relación de pareja entre personas del mismo sexo.26 Añado un asunto posterior a la aparición del artículo del profesor Meléndez: el tema del derecho a rehusar (1975); López Rivera v. Matos, 101 DPR 740 (1973); Arcelay Rivera v. Superintendente Policía, 95 DPR 211 (1967); Ocasio v. Díaz, 88 DPR 676 (1963); Pérez v. Bauzá, 83 DPR 220 (1961). 22 Ejemplos de éstas son: Lozada Tirado v. Tirado Flecha, 2010 TSPR 9 (Rodríguez Rodríguez, op. concurrente); Aponte Hernández v. Sánchez Ramos I, 2008 TSPR 53 (Rivera Pérez, op. concurrente); Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 212 n. 4 (2007) (Rodríguez Rodríguez, op. concurrente); id. en la pág. 234 (Fiol Matta, op. disidente); Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 837 (2006) (Rodríguez Rodríguez, op. disidente); Delgado, ex parte, 165 DPR 170 (2005) (Fiol Matta, op. disidente); Serrano, Vélez v. E.L.A., 154 DPR 418 (2001) (Fuster Berlingeri, op. disidente) (curiosamente, el juez disidente no reiteró este planteamiento, según aplicado a los confinados, en Rosario v. Toyota, 166 DPR 1 (2005)); Andino Torres, ex parte, 151 DPR 794, 806-807 (2000) (Negrón García, op. concurrente); Pres. del Senado, 148 DPR 737 (1999) (Hernández Denton, op. concurrente y disidente); Arroyo v. Rattan Specialties, Inc., 117 DPR 35 (1986) (Hernández Denton, op. concurrente y disidente); Green Giant Co. v. Tribunal Superior, 104 DPR 489 (1975) (Trías Monge, op. disidente); Figueroa v. Díaz, 75 DPR 163 (1953) (Negrón Fernández, op. particular). 23 Op. cit. supra, nota 7, en las págs. 69-70. 24 Andino Torres, ex parte, 151 DPR 794 (2000); Delgado, ex parte, 165 DPR 170 (2005). 25 Ley núm. 54 de 15 de agosto de 1989, 8 LPRA ' 601 y ss. 26 Pueblo v. Ruiz, 159 DPR 194 (2003).


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tratamiento médico, que el Tribunal atendió en Lozada Tirado v. Tirado Flecha.27 En ese caso, aunque la opinión mayoritaria hizo algunas referencias, más frecuentes que las habituales, a la cláusula de dignidad, la decisión se basó principalmente en el derecho a la intimidad y, ante sus hechos particulares, en la libertad de culto. Estos casos, a mi juicio, demuestran las consecuencias negativas de invocar o usar como vehículo el derecho a la intimidad en circunstancias en que resulta complicado y problemático enmarcar esos asuntos bajo ese vehículo. Eso conlleva no sólo continuar manteniendo a la cláusula de dignidad sin contenido propio, sino también privar al derecho de intimidad de contornos manejables y coherentes. El derecho a la intimidad puertorriqueño padece de un serio problema de obesidad o inflación. El régimen terapéutico recomendable muy bien puede ser considerar bajo la cláusula de dignidad algunos de los problemas que se han analizado bajo ese derecho. Esa prescripción podría extenderse a algunos de los otros ejemplos que el profesor Ramos considera y critica en su ponencia: el vídeo sexual en la bóveda del Tribunal28 y el requisito de mostrar el recibo de compras antes de abandonar un comercio.29 Los resultados en ambos casos no necesariamente hubieran variado, pero el razonamiento hubiera sido más comprensible y más cónsono con el respeto a la dignidad de los promoventes. En particular, en el segundo de ellos, la queja del consumidor demandante era particularmente difícil de visualizar como un atentado contra su intimidad. Por ello, precisamente, resultó relativamente sencillo para el Tribunal rechazar ese reclamo. Tomado como un atentado contra la dignidad, una especie de presunción de conducta ilegal y moralmente censurable, el asunto se tornaba más complicado. 27

2010 TSPR 9. Carente de una cláusula de dignidad en la Constitución federal, y renuente a invocar el derecho a la intimidad en los últimos años, el Tribunal Supremo federal ha atendido asuntos similares bajo el análisis menos acucioso que aplica al impacto sobre intereses de libertad bajo la cláusula de debido proceso de ley de la Enmienda 14. Véanse Cruzan v. Director, Missouri Department of Health, 497 US 261 (1990); Washington v. Glucksberg, 521 US 702 (1997). 28 López Tristani v. Maldonado, 168 DPR 838 (2006). 29 Castro v. Tiendas Pitusa, 159 DPR 650 (2003).


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Existe considerable debate en la literatura jurídica sobre el significado jurídico que puede darse al concepto de dignidad. Algún autor ha sostenido que, por mucho que se aluda a la dignidad en constituciones, tratados y otros documentos jurídicos, éste no es sino un recipiente relativamente vacío para los más diversos temas, que produce resultados divergentes en distintas culturas.30 Por supuesto, son muchas las posturas divergentes a ésa, que ilustran el cada vez mayor interés en este concepto en la academia jurídica.31 Que el concepto de dignidad sea difícil de definir y de aplicar no debe significar que rehusemos intentarlo y desterremos esta disposición constitucional al limbo al que Robert Bork hubiera enviado a la Novena Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos.32 Tampoco olvidemos que algunos han hecho expresiones similares sobre el concepto de igualdad, tildándolo de “idea vacía”.33 No por 30

Christopher McCrudden, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights, 19 EUR. J. INT'L L. 655, 698 (2008). 31 Véanse, e.g., Jeremy Waldron, Dignity And Defamation: The Visibility of Hate, 123 HARV. L. REV. 1596 (2010); Matthias Mahlmann, The Basic Law At 60 - Human Dignity and The Culture of Republicanism, 11 GERMAN L.J. 9 (2010); Susanne Baer, Dignity, Liberty, Equality: A Fundamental Rights Triangle of Constitutionalism, 59 U. TORONTO L.J. 417 (2009); Carol Sanger, Decisional Dignity: Teenage Abortion, Bypass Hearings, and the Misuse of Law, 18 COLUM. J. GENDER & L. 409 (2009); Paolo G. Carozza, Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights: A Reply, 19 EUR. J. INT'L L. 931 (2008); Reva B. Siegel, Dignity and the Politics of Protection: Abortion Restrictions under Casey/Carhart, 117 YALE L.J. 1694 (2008); Mariann Arany Tóth, The Right to Dignity at Work: Reflections on Article 26 of the Revised European Social Charter, 29 COMP. LAB. L. & POL'Y J. 275 (2008); John D. Castiglione, Human Dignity under the Fourth Amendment, 2008 WIS. L. REV. 655. 32 ROBERT H. BORK, THE TEMPTING OF AMERICA: THE POLITICAL SEDUCTION OF THE LAW 166 (1990) (comparó esa enmienda con una indescifrable mancha de tinta o “ink blot”). 33 Peter Westen, The Empty Idea of Equality, 95 HARV. L. REV. 537 (1982). Por supuesto, las críticas no se hicieron esperar. Véanse, e.g., Steven J. Burton, Comment on “Empty Ideas”: Logical Positivist Analyses of Equality and Rules, 91 YALE L.J. 1136 (1982); Erwin


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ello nuestros tribunales han abandonado la tarea de dar contenido concreto a ese concepto. Y no hablemos de otros dos conceptos jurídicos a los que los tribunales han dado contenidos, a pesar de la parquedad del texto constitucional o, peor aún, en aparente contravención a ese texto. Me refiero al literalmente redundante concepto del debido proceso procesal y a su primo hermano (algunos dirían, bastardo), el literalmente contradictorio concepto del debido proceso sustantivo. Como bien señala el profesor Ramos, el texto exacto de nuestra cláusula de dignidad y su lugar preferente dentro de la Carta de Derechos proviene de la Constitución alemana de 1949.34 Convendría, por tanto, dar un vistazo a la jurisprudencia alemana que la interpreta, para poner en perspectiva los argumentos de quienes critican esta cláusula.35 El principio rector que la jurisprudencia alemana ha derivado de su cláusula de dignidad es que el ser humano es un fin en sí mismo y nunca puede convertirse en un objeto del poder del Estado.36 Partiendo de ese concepto central la jurisprudencia alemana ha derivado consecuencias concretas, tanto sustantivas como procesales.37 Chemerinsky, In Defense of Equality: A Reply to Professor Westen, 81 MICH. L. REV. 575 (1983); Kent Greenawalt, How Empty Is the Idea of Equality? 83 COLUM. L. REV. 1167 (1983); Kenneth L. Karst, Why Equality Matters, 17 GA. L. REV. 245 (1983). 34 Ramos González, supra nota 1, en la pág. 7. 35 Para lo que sigue, consúltese a Mahlmann, supra nota 31, en las págs. 26 y ss. 36 Id. en la pág. 26, citando el concepto de “Objektformel”, en el que descansa mucha jurisprudencia constitucional alemana. 37 Id. en las págs. 26-29. Claro está, como implícitamente reconoce el profesor Ramos, supra nota 1, en las págs. 6, 12-13, el desarrollo de la cláusula de dignidad puertorriqueña tiene límites exógenos, que no afectan a Alemania o a otros países soberanos. La jurisprudencia alemana denota una tendencia a preferir los derechos a la dignidad y a la personalidad por sobre el derecho a expresión, cuando éstos entran en conflicto. Véase NORMAN DORSEN, MICHEL ROSENFELD, ANDRÁS SAJÓ Y SUSANNE BAER, COMPARATIVE CONSTITUTIONALISM 909-912 (20 ed. 2010) (p. 910: AAccording to the prevailing tenet in Germany, the founders of the Basic Law deliberately gave preference to dignity and


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Quisiera sugerir una aplicación muy concreta de la cláusula de dignidad a una situación en la que la invocación de otras disposiciones constitucionales puertorriqueñas aún no ha tenido éxito y para la que el derecho a la intimidad, con toda su glotonería, no podría invocarse seriamente. Para introducir el ejemplo, sugiero que una de las manifestaciones más concretas en que una persona infringe la dignidad de otra es el acoso. No me refiero específicamente al acoso sexual, situación a la que algunos de nuestros jueces expresamente han encontrado aplicable la cláusula de dignipersonality rights, to the detriment of free speech”). Ejemplos de acciones por difamación en las que los tribunales alemanes, incluyendo a su Corte Constitucional, han invocado expresamente la cláusula de dignidad y han preferido su protección por encima de los intereses de expresión que estaban en juego al otro lado del litigio, son El caso Mefisto, 30 BverfGE 173 (Corte Constitucional, 1971), y El caso de la princesa Soraya, 34 BverfGE 34, 269 (Corte Constitucional, 1973). En ambos casos la jurisprudencia norteamericana sobre libertad de expresión probablemente hubiera impedido resultados similares. Aunque el Tribunal Supremo de Puerto Rico en Colón v. Romero Barceló, 112 DPR 573 (1982), pareció ignorar esa jurisprudencia y prefirió el derecho puertorriqueño a la intimidad por sobre el derecho federal a libre expresión, ese cálculo fue final porque no fue apelado, no necesariamente porque hubiera sido el balance al que hubiera llegado el árbitro final del asunto, el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 1042-1043. Curiosamente, Colón es otro caso en el que el concepto de dignidad era más apropiado que el de intimidad. Para la reacción inicial de dos jueces de nuestro Tribunal Supremo, quienes consideraron inaplicable a nuestro medio la jurisprudencia constitucional federal sobre difamación, por estimarla contraria Aa nuestra cultura y . . . a preceptos terminantes de nuestra Constitución y leyes@, entre los cuales destacaron en primer lugar la cláusula de dignidad, véase Torres Silva v. El Mundo, Inc., 106 DPR 415, 428 (1977) (Díaz Cruz, J., con Irizarry Yunqué, J., op. concurrente). Ante la división de votos en ese caso, no hubo mayoría absoluta para declarar inconstitucional cierto aspecto de la ley local de difamación, 32 LPRA '' 3141-3149, por contravenir esa jurisprudencia federal. La resignación jurídica pronto hizo su aparición. García Cruz v. El Mundo, Inc., 108 DPR 174 (1978).


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dad.38 Me refiero al acoso más general de una persona más fuerte o más violenta hacia otra, aquello que en inglés se llama “bullying” y que tan seriamente aflige a nuestra sociedad y a tantas otras. Tan difundido es ese problema, que en España se alude expresamente al “bully”, a veces sin siquiera procurar una traducción al castellano.39 Que el hostigamiento sexual “[e]s una práctica ilegal e indeseable que atenta contra la dignidad del ser humano” lo afirma la Juez Rodríguez Rodríguez en Umpierre Biascoechea v. Banco Popular, 170 DPR 205, 212 n. 4 (2007). Algo similar sostiene en ese mismo caso la opinión disidente de la Jueza Fiol Matta. Id. en la pág. 234. Otro tanto sostiene la opinión disidente de la Juez Rodríguez Rodríguez en Hernández Vélez v. Televicentro, 168 DPR 803, 837 (2006). Así lo había dicho, sin mayor precisión, la opinión mayoritaria en S.L.G. Afanador v. Roger Electric Co., Inc., 156 DPR 651, 662, 665 (2002). 39 En España, véanse: Acoso escolar o Bullying - El acoso escolar amenaza a casi un 2% de los niños españoles, en http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/index.htm (visitado el 17 de octubre de 2010); Identificado el perfil de las víctimas de 'bullying' en Europa, http://www.elmundo.es/elmundosalud/2009/02/09/psiquiatriainfantil/123 4204721.html (visitado en la misma fecha). Una búsqueda en Westlaw el 17 de octubre de 2010 produjo 42 documentos que satisfacen la siguiente solicitud: “bullying bully /s dignity dignitas dignidad”. A continuación algunos títulos representativos: GARY NAMIE & RUTH NAMIE, THE BULLY AT WORK: WHAT YOU CAN DO TO STOP THE HURT AND RECLAIM YOUR DIGNITY ON THE JOB 3 (2003); Jordan F. Kaplan, Help Is on the Way: A Recent Case Sheds Light on Workplace Bullying, 47 HOUS. L. REV. 141 (2010); Briana L. Seagriff, Keep Your Lunch Money: Alleviating Workplace Bullying with Mediation, 25 OHIO ST. J. ON DISP. RESOL. 575 (2010); Kerri Lynn Stone, From Queen Bees and Wannabes to Worker Bees: Why Gender Considerations Should Inform the Emerging Law of Workplace Bullying, 65 N.Y.U. ANN. SURV. AM. L. 35 (2009); Brady Coleman, Shame, Rage and Freedom of Speech: Should the United States Adopt European “Mobbing” Laws? 35 GA. J. INT'L & COMP. L. 53 (2006); Sharon E. Rush, Lessons from and for “Disabled” Students, 8 J. GENDER RACE & JUST. 75 (2004) (“Homophobic bullies who bash gays violate the basic value of respecting the inherent dignity of others”. 38


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En el contexto escolar o juvenil, uno de los bullies más conocidos es quien le arrebata la merienda o algún objeto de valor a algún compañero y se niega a restituirlo o a pagar su justo valor. Pues bien, uno de los bullies más temibles en Puerto Rico queda ilustrado por el siguiente ejemplo, que se compone de dos escenarios: Primera Escena: Un ómnibus escolar público, conducido por un empleado público ebrio, arrolla en un cruce de peatones a un peatón, una estudiante de 16 años. Le causa una fractura de su pierna izquierda, además de que destruye un teléfono celular que ella portaba, mas no estaba usando. Tras un juicio, un juez puertorriqueño concede a la peatón un total de $50,000 por todas sus causas de acción, así como $10,000 a cada uno de sus padres, por los daños morales de éstos. El Estado paga la sentencia completa. Segunda Escena: Minutos después del incidente antes narrado, el autobús se despeña por un barranco y cae al mar. Treinta niños perecen; veinte sufren lesiones serias. Tras un juicio, una juez puertorriqueña determina que los daños reales de cada uno de los veinte niños sobrevivientes ascienden a $500,000, que los daños morales de cada padre de cada uno de los niños sobrevivientes ascienden a $100,000 y que los daños morales de cada padre de cada uno de los niños que pereció ascienden a $200,000. La suma total de estas partidas de daños reales asciende a $26 millones. La sentencia, en estricto acatamiento de la ley, ordena al Estado pagar a cada uno de los niños sobrevivientes $2,884.60; $576.91 a cada padre de cada niño sobreviviente y $1,153.85 a cada padre de cada niño fenecido, para un gran total de $150,000.00.40 El Estado satisface la sentencia, con un gran sentido de alivio. ¿A qué se debe ese obvio fracaso de la justicia? En su infinita sabiduría, la Asamblea Legislativa del país ha dispuesto que, para ahorrar, el Estado sólo pagará por completo por las consecuencias económicas y morales de las pequeñas tragedias que cause, mas no 40

La ecuación es: [(500,000 /26, 000,000) x 150,000] + [(100,000/26000,000) x 150,000] + [(200,000 /26000,000) x 150,000].


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así por las tragedias de mayor monta que igualmente ocasione. Los límites, como sabemos, son de $75,000 por causa de acción por Aincidente@, hasta un total de $150,000 por todas las causas de acción surgidas del mismo incidente. El accidente con la menor viandante, en el mejor de los casos, es un incidente separado del segundo y mucho más trágico accidente.41 Como he escrito en otro lugar,42 esta situación clama por una consideración judicial más seria, particularmente bajo la cláusula de justa compensación.43 No repetiré aquí lo allí consignado.44

Véase 32 LPRA ' 3077. Digo Aen el mejor de los casos@ porque no dudo que el Estado intentará plantear, confío que sin éxito, que se trata de un solo incidente. Este estatuto se basó en la Federal Tort Claims Act, 28 USC ' 2674. Esa ley federal, sin embargo, no establece límites monetarios a las indemnizaciones. Los límites puertorriqueños eran aun menores antes de 1981 ($15,000 por causa de acción; $30,000 por todas las causas de acción surgidas del mismo incidente), pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico invalidó esos límites en Torres v. Castillo Alicea, 111 DPR 792 (1981), bajo un análisis de debido proceso sustantivo e igual protección de las leyes. Cuando el legislador aumentó los límites a los niveles actuales, el Tribunal, con el disenso vehemente y muy digno del Juez Alonso, no encontró violación constitucional alguna, aunque no se enfrentó al problema bajo la cláusula de justa compensación ni bajo la de dignidad. Defendini Collazo v. E.L.A., Cotto, 134 DPR 28 (1993). Hay otros esquemas similares bajo el derecho puertorriqueño. Por ejemplo, un médico que trabaje para el Estado es absolutamente inmune frente a pleitos de impericia surgidos de su labor para el Estado. El Estado es la única parte apropiada, pero sujeto a los límites en cuestión. Véase 26 LPRA ' 4105. Otros esquemas protegen a los médicos del sector privado. Id. '' 4101-4111. 42 Véase http://www.ialsnet.org/meetings/constit/papers/ AlvarezGonzalezJose(Puerto Rico).pdf: José Julián Álvarez González, The Oldest Property: Why Statutory Caps on Damages for the Benefit of Government or of Third Parties Deserve Rigorous Analysis under the ATakings@ Clause (2009). 43 CONST. P.R. art. II, 9; CONST. E.U. enmienda V. 44 Para una síntesis de ese argumento véase ÁLVAREZ GONZÁLEZ, supra nota 11, en las págs. 670-671. 41


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Lo que aquí me interesa recalcar es que el examen de la validez de los límites de la ley en cuestión también requiere un análisis serio bajo la cláusula de dignidad, a la cual, tampoco olvidemos, sigue una cláusula que declara que “Todos los [seres humanos] son iguales ante la Ley”.45 Lo que la cláusula de dignidad proclama, por ende, es que cada ser humano tiene igual dignidad que su prójimo. Por ello, debemos contestarle a esa persona a quien el bully le arrebata su emparedado y sólo le devuelve una hoja de lechuga, con qué autoridad lo hace. Debemos explicarle de forma persuasiva por qué su reclamo de reparación completa es menos digno de protección que la de quien sufrió mucho menos. Debemos explicarle qué justifica que le inmolemos, supuestamente en pro del bien común, y así lo convirtamos en un objeto del poder del Estado, en los términos que utiliza la jurisprudencia alemana. Si, como con precisión apunta el profesor Ramos, el concepto de dignidad entronca con el de solidaridad,46 cabe preguntar cómo el Estado, es decir, todos nosotros, podemos desentendernos de la tragedia de nuestro prójimo cuando esa tragedia, que nosotros mismos hemos causado, alcanza cierto nivel superior. )Con qué autoridad le exigimos a ese prójimo que sufra sin chistar, con el propósito de que nosotros suframos lo menos posible? Parafraseando la última oración de la ponencia del profesor Ramos, “eso es indigno”.

CONST. P.R. art. II, ' 1. Producto de su época, la cláusula en cuestión utiliza la palabra Ahombres@ en el lugar en el que coloqué corchetes. 46 Ramos González, supra nota 1, en la pág. 4. En este aspecto, tiene absoluta razón el profesor Ramos cuando señala, id., que existe una fuerte relación entre la cláusula de dignidad y aquellas cláusulas de nuestra Constitución que reconocen derechos económicos y sociales. Esas disposiciones, que hubieran incluido a la malograda sección 20 de la Carta de Derechos, significan que el Estado tiene la obligación de procurar que los componentes de la sociedad vivan una vida digna. Sobre el particular, véase Esther Vicente Rivera, Una mirada a la interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales en las decisiones del Tribunal Supremo de Puerto Rico, 44 REV. JUR. U. INTER. P.R. 17 (2010). 45


DEJA VU: A FEDERAL JUDGE REVISITS THE “WAR ON DRUGS”, or life in a balloon.1 Juan R. Torruella2 The so-called “War on Drugs” is a perfect example to which one can apply the semi-humorous play on words, “we have met the enemy and it is us.”3 Not much more is humorous about this war. Fourteen years ago, I first made public my private views regarding this subject. While presenting a paper at Colby College in Maine, it was already clear to me that we as a society were our own worst enemy in dealing with this overpowering social problem. I also suspected, although not to the extent that I perceive today, that nothing I was doing in support of this war, which was mostly enforcing our laws and putting people behind bars, would likely change the situation in any measurable degree. My presentation later developed into a law review article published by several academic journals.4 After a detailed analysis of the statistics related to the consumption in the United States of both legal and illegal drugs, I proposed that an “objective multi-disciplinary study” be carried out by a bipartisan commission appointed by the Executive Branch and Congress, to “independently assess the facts and recommend courses of conduct” to confront the issues raised See closing remarks in Juan R. Torruella, One Judge‟s Attempt at a Rational Discussion of the So-Called “War on Drugs”, 6 B. U. PUB. INT. L. J. 1(1996); 14 YALE J. ON REG. 235 (1997); 66 REV. JUR. U. P. R. 1 (1996). 2 Judge, U. S. Court of Appeals for the First Circuit. The author wishes to acknowledge the support and encouragment of the Academia Puertorriquena de Jurisprudencia y Legislacion in this undertaking, as well as the help of Margarita Mercado, Dr. Ana Cristina Gomez and Guillermo Rebollo Gil in updating and editing this article. 3 The original quote, “[w]e have met the enemy and they are ours,” is a message attributed to Commodore Perry after the Battle of Lake Erie during the War of 1812. 4 See supra note 1. 1

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by the illegal drug problem 5 . I further suggested that in the meantime pilot programs decriminalizing some drugs, such as marihuana, should be considered. 6 Of course, not much has happened as far as the suggested commission or study are concerned, but some progress has been made in some states as far as decriminalizing marihuana possession for personal or medical reasons. The Colby lecture and my article received a modicum of notoriety, not so much because of their content, which was hardly radical in its ultimate moderate proposals and which were certainly not new, but because I was then the chief judge of the U. S. Court of Appeals for the First Circuit. Undoubtedly, certain segments of the public were taken aback, perhaps disapproving that someone in my position was speaking out on what was obviously a controversial subject, and further, in which I criticized, however mildly, a government policy and course of action, which at first glance was enshrined in virtuosity. This reaction was not unexpected on my 5

Torruella, 66 REV. JUR. U. P. R. AT 38-39. To my knowledge the closest undertaking in this regard, has been the “National Criminal Justice Commission Act of 2010”, proposed by Senator Jim Webb on March 26, 2009. S. 714 111th Cong (as reported to the Senate, May 6th, 2010). The bill would: “[C]reate a blue-ribbon commission charged with undertaking an 18-month, top-to bottom review of the entire criminal justice system. Its task [would] be to propose concrete, wide ranging reforms designed to responsibly reduce the overall incarceration rate; improve federal and local responses to international and domestic gang violence; restructure our approach to drug policy; improve the treatment of mental illness; improve prison administration; and establish a system for reintegrating ex-offenders.” Summary, Press Release, March 2009, (emphasis in the original). A companion bill was passed by the House of Representatives on July 27, 2010. Press Release, Jim Webb, U.S. Senator for Virginia, “Webb‟s National Criminal Justice Commission Act Wins Approval in House of Representatives” (July 28, 2010). Senator Webb's cogent remarks upon the introduction of this bill in the Senate can be found at http://webb.senate.gov/issuesandlegislation/Senator-Webbs-floor-speechintroducing-the-criminal-justice-legislation.cfm. 6


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part, for I must confess, that when I chose to speak out on this matter I was hoping to jump-start much needed public discussion, even at the risk of some disapproval for my views. I believed then, and still do, that the citizenry can benefit from receiving the perspective of one whose duty it is to enforce the laws that provide the framework for this war. Sufficient time has passed since my last incursion into this subject to allow me to take stock of where we stand today on this “War on Drugs”, update my viewpoint as to its success or failure, and express a more definite and less timid course of action than the one I adopted in my previous article on this question. Although I will be principally discussing the subject as it affects the United States, it is obvious that in this shrinking planet such a myopic view of a problem of international dimensions can hardly be geographically contained in such a manner.7 The world of illegal drugs I initiate the discussion by referencing two United Nations statistics: (1) it is estimated that 3.5 to 5.7% of the World‟s adult population uses illegal drugs, 8 and (2) that this illegal industry generates $320 billion in annual revenues.9 To put these figures in context, this means that approximately 250 million persons10 use illicit drugs worldwide, and that the annual revenue generated by 7

See generally, EUROPEAN COMMISSION, A REPORT ON GLOBAL ILLICIT DRUG MARKETS 1998-2007 24 (Peter Reuter and Franz Trautman eds.) (See Table 2, United Nations and United States estimates of cocaine and opium production 1998-2007) [hereinafter EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007]. See also, “Failed States and Failed Policies: How to Stop the Drug Wars,” THE ECONOMIST, March 5, 2009, http://www.economist.com/node/13237193. 8 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG REPORT 12; 123 (2010). 9 UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG REPORT 170 (2007) [hereinafter 2007 WORLD DRUG REPORT]. 10 The world population is estimated at 6.86 billion persons. International Program Center, U. S. Census Bureau, at http://www.census.gov/main/www/popclock.html.


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the sale of this illegal contraband is higher than the annual public budgets of Colombia, the Dominican Republic, India, Switzerland, or Venezuela to mention just a few examples.11 Perhaps it is worth remembering that even a small part of the economic power generated by these unlawful enterprises allowed the Escobar drug cartel in Colombia in 1986 to offer to pay that country‟s $10 billion national debt in exchange for being given a free hand to engage in its nefarious,12 but extremely profitable activities.13 It is estimated that the Mexican and Colombian drug cartels alone generate between $18 and $39 billion from the wholesale distribution of illicit drugs.14

11

CENTRAL INTELLIGENCY AGENCY WORLD FACTBOOK Country Profiles: Budget (2010), http://cia.gov/library/publications/theworldfactbook/fields/w256.html?countryName-world-fact book/fields/2056.html?countryName. [Hereinafter WORLD FACTBOOK]. 12 See Adam Dunn, Reporter pursues Escobar story in „Killing Pablo‟, CNN, May 31, 2001, http://articles.cnn.com/201-0531/entertainment/killing.pablo_1_killing-pablo-colombian-governmentpablo-escobar?s=PM:SHOWBIZ. 13 The profit margin in the markup of the raw materials from production to retail sale ($650/kilogram for cocaine leaf in Colombia to $120,000 for 100 mg. for pure retail cocaine powder in Chicago; and $500/ kilogram for opium in Afghanistan to $135,000 for 100 mg., of pure retail heroin powder in London [circa 2000]) is probably only surpassed by items such as gold, uranium and diamonds. See EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, 23 Table 1 (Prices of cocaine and heroine through the distribution system ca. 2000 (per pure kilogram equivalent). However, it is worth noting that most of the domestic distribution revenues go to the lowest levels of the system to compensate for the higher risks of penal sanctions and violence from competing organizations, although those at the higher echelons make the great individual fortunes generated by the illegal drug trade. Id. 14 NATIONAL DRUG INTELLIGENCE CENTER, NATIONAL DRUG THREAT ASSESSMENT 49 (2009).


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What is the goal that we hope to achieve by pursuing the “War on Drugs”? Analysis of the dual factors brought to light by the cited U. N. statistics, namely, (1) the huge number of persons using illegal drugs (which in turn creates the market forces that generate the large-scale unlawful commerce), and (2) the tremendous profits rewarding the risk takers/entetrepreneurs 15 that engage in this illegal trafficking, 16 holds the key to understanding and dealing with (notice I do not use the word “resolving”) the issue before us. This analysis must commence by inquiring as to the goal or goals pursued by those who promote the present strategy. In 1998, in what I believe was an overly optimistic and unrealistic goal, the UN declared that its stated purpose in promoting and backing the “War on Drugs” at an international level, was the achievement of “a world free of drugs.” The UN pledged to “eliminate or significantly reduce the manufacture, marketing and trafficking of psychotropic substances.” by the year 2008.17 As we now know, and surely suspected at the time if one was at all knowledgeable in this field, this was a euphoric vision that was quickly tempered by the realities of the international illegal drug trade. Although in 1998 when the UN made its aspirational announcement, the total world production of opium was approximately 430 metric tons, and that of cocaine approximately 825 metric tons,18 by 2008 this production had increased to 880 metric tons for opium, and 994 metric tons for cocaine. 19 Even though marihuana is produced in 170 countries, the fact that it is grown in small plots and in hydroponic operations, made it difficult to 15

See Feds net more than $3.5 million in cash smuggling operation, PUERTO RICO DAILY SUN, Nov. 7, 2009, at 6. 16 See notes 13 and 14. 17 UNITED NATIONS NON-GOVERNMENTAL LIASON SERVICE, NGLS Roundup, Countering the World Drug Problem Together, July 1998, at http://www.un-ngls.org/orf/documents/text/roundup/27drugs.tx. 18 EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 8, at 26, (See Table 2). 19 Id. The C. I. A. World FactBook estimated 865 metric tons for cocaine and 1,000 metric tons for heroin in 2007. See note 12.


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quantify with any degree of certainty whether production increased or decreased during the 1998-2007 period.20 A brief survey of the drug scenario in several leading countries, whereas hardly comprehensive, is worthwhile to give some idea of the global nature and scope of this intractable problem: 21 Afghanistan. It is the world‟s largest producer of opium, even after a 22% decrease in the acreage of poppies under cultivation in 2008, which reduction was mainly caused by reason of the “other War”. In 2007, Afghanistan produced 648 metric tons of heroin. The Taliban, notwithstanding its allegedly Islamic fundamentalist composition, as well as other antigovernment groups, participates in and profits from the opiate trade, which is a key source of funding for the Taliban, at least inside Afghanistan. Widespread corruption and political instability impede counter-drug efforts. Burma (Myanar). Next to Afghanistan, Burma is the world‟s second largest producer of illicit opium. In 2008, it produced 340 metric tons, an increase of 26% over the prior year. The illicit drug trade is a major source of funding in the area controlled by the United Wa State Army, located in the northeaster semiindependent part of the country bordering on the P. R. China. Burma is a major source of heroin for S. E. Asia and Europe. Colombia. It is the world‟s leading coca leaf producer with 167,000 hectares under cultivation in 2007, a 6% increase over 2006 notwithstanding an aggressive aerial eradication program funded by the United States, which, in 2005 alone targeted close to 130,000 hectares. Colombian sources produce 535 metric tons of cocaine and supply nearly all of the U. S. market as well as much of the European consumption. Colombia has also become an important producer of opium with most of the heroin extracted going to the United States. 20

EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 7, at 13. The following information was obtained from the CIA World Factbook. See, WORLD FACTBOOK, supra note 11. The CIA's listing is hardly comprehensive. A brief perusal of the Factbook reveals that practically all countries are somehow involved in some facet of the illegal drug trade, be it producing, acting as a transit point, or money laundering the illicit gains, or any combination of these activities. 21


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Dominican Republic. It is an important transshipment point for drugs from South American destined for the U. S. and European markets. It has replaced Puerto Rico as a transshipment point because of aggressive law enforcement efforts there.22 The Dominican Republic is also used for the transfer of ecstasy shipments from Belgium and the Netherlands headed for the U. S. and Canadian markets. The country is also a major money-laundering situs for Colombian drug cartels. India. It is the worldâ€&#x;s largest producer of licit opium, a reminiscence of the 19th Century Opium Wars. An undetermined quantity of legally produced opium is believed to be diverted to illicit international markets. India is also a major illicit producer of methaqualone. Iran. Despite vigorous enforcement and interdiction on the Afghan border, is an important transshipment point for heroin to South East Asia. Iran also suffers one of the highest opiate addiction rates in the world. Mexico. It is a major drug-producing nation and transshipment point into the United States as 90% of the cocaine imported into this country comes from South American sources. In 2007, Mexico produced 19 metric tons of heroin for importation mostly into the western U. S. and about 15,800 metric tons of marihuana, also for U. S. consumption. Mexican drug cartels are reportedly operating widely throughout the United States with varied intensity. They are the largest suppliers of cocaine, marihuana and methamphetamine to the U. S. market. Mexico is also an important money laundering, situs for the illicit drug industry. Netherlands. It is a major source of U. S. bound ecstasy and a significant money-laundering center. Panama. It is a major cocaine transshipment point and a preeminent money-laundering center for narcotics revenue, particularly

22

See Lorraine Blasor, Drug Czar Chief: Cocaine transit via P.R. down, threat reduced, THE SAN JUAN STAR, May 27, 1998 (Drug Czar Bary McCaffey, said “the $92 million the federal government has pumped into Puerto Rico to fight drug smuggling, plus an additional $8 million for the Drug Trafficking High Intensity Zone office here, is 'beginning to pay off'.�).


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within the Colón Free Zone with its concentration of international banks. Peru. Until 1996 was the world‟s largest producer of coca leaf, it is now second behind Colombia, with about 210 metric tons of cocaine produced in 2007. Although some of the cocaine ends up in the U. S. markets, increasingly it is being shipped to Brazil, Chile, Argentina, and Bolivia or transshipped to Europe and Africa. South Africa. Is the world‟s largest market for illicit methacholine (a pharmaceutical depressant, referred to as “madrax” in South East Asia and Africa), which is imported from India through various East-African countries. Spain. Despite vigorous law enforcement efforts, it is a major transshipment point for cocaine and hashish (the resinous exudates of the cannabis or hemp plant) destined for the European market. It is also a leading money-laundering site for Colombian drug cartels and organized crime. Switzerland. Despite U. S. pressure, because of its banking laws, Switzerland remains an important repository of illegal drug proceeds and the situs of layered money-laundering schemes. United States. It is the world‟s largest consumer of cocaine (shipped from Colombia through Mexico and the Caribbean). It is also a major consumer of Colombian and Mexican heroin, marihuana, ecstasy, and methamphetamine. It is an illicit producer of marihuana, depressants, stimulants, hallucinogens, and methamphetamine, mostly for local consumption. Despite strict banking controls, there is a tremendous amount of money-laundering activity taking place by the various illicit drug organizations and organized crime. The European Commission noted this general increase in production of illicit drugs in 2008 in its Report on Global Illicit Drug Markets. Covering the period from 1998-2007, the European Commission categorically stated that its study “found no evidence that the global drug problem was reduced”.23 This conclusion was not of uniform applicability throughout the world or throughout this period, as in fact the drug problem generally improved in the 23

EUROPEAN COMMISSION REPORT, supra note 8, at 57.


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rich countries while worsening in a few large, developing or transitional countries.24 Perhaps because the U. N. realized that its stated goal of a “drug free world” was unattainable, in 2009 it did an about face, and embraced drug decriminalization as an alternative to the penal model previously supported. 25 In this report, the United Nations lavished praise on Portugal‟s innovative drug strategy, which since 2001 had removed criminal sanctions for personal drug possession, emphasizing treatment over incarceration.26 The agenda of the United States, the originator of the “War on Drugs” and the prime exponent of this strategy since then, has remained substantially unaltered since its commencement in the early 1970‟s. In 1988, Congress stated, “that legalization of illegal drugs on the Federal or State level, is an unconscionable surrender in a war in which, for the future of our country there can be no substitute for total victory.” 27 This rhetoric was followed by a proclamation stating that, “[i]t is the declared policy of the United States to create a Drug-Free America by 1998.”28 In support of its prohibitionist model, the United States became a party to several treaties 29 and multi-national covenants, 30 and enacted numerous 24

Id. UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME, WORLD DRUG REPORT 164 (2009). 26 Id. at 168; See also, UN BACKS DECRIMINALIZATION IN WORLD DRUG REPORT, http://www.huffingtonpost.com/2009/06/24/un-backs-drug-dccr http:///www.huffingtonpost.com/209/06/24/un-backs-drug decriminali_n_220013.html. 27 Anti-Drug Abuse Act of 1988, 21 U. S. C. §1501 (1994). 28 Id. §1502 note. 29 See e. g.,Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, March 25, 1972, March 30, 1961, 18 U.S.T. 1407, 520 U.N.T.S. 204; Convention on Psychotropic Substances, 1971, Feb. 21, 1971, 32 U.S.T. 543, 1019 U.N.T.S. 175; United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, December 20, 1988, 1582 U.N.T.S. 165. 30 By 1998, the United States was a party to 19 maritime drug interdiction agreements. The White House, International Crime Control Strategy (1988), http://www.fas.org/irp/offdocs/iccsv.html. See also George K. Walker, Self-defense, The Law of Armed Conflict and Port Security, 5 25


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domestic statutes,31 clearly aimed at promoting a drug-free society, intolerant to certain selectively designated drugs32 that were earmarked as subject to criminal proscription. Although this is the policy promoted and followed by the Federal Government 33 and most of the States, as will be presently discussed, fifteen US jurisdictions have experimented with various schemes aimed at the decriminalization/medicalization of marihuana.34 The legitimacy of S.C. J. INT'L L. & BUS. 347, (2009). (The United States has negotiated over 20 bilateral treaties dealing with drug traffic interdiction. These variously allow boarding, pursuit, entry to investigate, overflight and orders to land aircraft, seaward of the territorial sea of a state party, with western hemisphere countries and States with Western Hemisphere dependencies.) 31 See e. g., Comprehensive Drug Abuse and Control Act, Public Law No. 91-513 84 Stat. 1236 (1970) (codified in 21 U. S. C.§§801-971). 32 Alcohol and tobacco were, of course, controlled but not proscribed except for minors. 33 As a point of historical fact, under the Marijuana Tax Act of 1937, Pub .L. No. 238, 50 Stat.551, ch.553, transfers of marijuana by physicians and dentists to their patients were legal if the doctor or dentist had paid a tax on the marijuana of $1 a year. Id. §2(a). Transfers by a marijuana dealer directly to a patient were also legal if done pursuant to a prescription by a doctor or dentist who was registered under the Act. Id. §6(b). For a cogent history of drug legislation in the United States, seeMargarita Mercado Echegaray, Drug Prohibition in America: Federal Drug Policy and Its Consequences, 75 REV. JUR. U.P.R. 1216 (2006). 34 Alaska (Medical Uses of Marijuana for Persons Suffering from Debilitating Medical Conditions Act, A.S. §§17.37.010-17.37.080 (2005)), Arizona (Drug Medicalization, Prevention and Control Act, A.R.S.§§13-3412(A)(8)-13-3412.01 (2005)), California ( Compassionate Use Act, Cal. Health & Safety Code §11362.5 (2005)), Colorado (Const. Col. art. XVIII, §14; CSRA §18-18-406.3 (2006)), Hawaii ( Medical Use of Marijuana Act, HRS §329-121-329-128 (2005)),Maine (Maine Medical Marijuana Act, 22MRSA §2383-B(5)(2005)), Massachusetts, Massachusetts Medical Marijuana Act; Michigan, Michigan Medical Marijuana Act, Mich. Comp. Laws §§33.26421-333.26430 (2008); Montana (Montana Medical Marihuana Act, MCA §§50-46-101-50-46210(2005)), Nevada (Medical Use of Marijuana Act, NRS §§453A.010453A.810(2005); New Jersey, New Jersey Compassionate Use Medical Marijuana Act, N.J. Stat. Ann. §24:61-1-Pub. L. (2010);New Mexico,


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these state laws in light of the federal government‟s constitutional supremacy in this field seems to place these experiments in legal doubt, albeit the present Administration‟s announcement in October 2009 that federal prosecutors would no longer prosecute medical users in those states.35 Nevertheless, these programs bear close scrutiny in light of the other issues (other than the legality of these programs) that they raise, and perhaps, solve.36 Have we accomplished our goal? In my view, the one proposition that seems to be beyond ken is that if the “War on Drugs” purported to eradicate or to substantially reduce illegal drug production and consumption, this war has utterly failed to accomplish or to even come close to achieving this goal. I do not see how we can avoid the conclusion that the “War on Drugs” has not only long been lost, but that our defeat for some time has been at high human37 and material costs. Lynn and Erin Compassionate Use Act, N.M. Stat. Ann. §§26-2B-1-262B-7; Oregonain ( Oregon Medical Marijuana Act, O.R.S. §§ 475.300475.346 (2005)), Rhode Island, The Edward O. Hawkins and Thomas C. Slater Medical Marijuana Act, 2005 R.I. Pub. Laws Ch. 05-442, Vermont, Marijuana Use by Persons with Severe Illness Act, 18 VSA §§ 4472-4474d(2005)), and Washington (Washington Medical Use of Marijuana Act, RCWA§§69.51A.005-69.51A.092(2005), as well as the District of Columbia (Legalization of Marijuana for Medical Treatment Initiative Amendment Act of 2010, D.C. Bill 18-622. 35 United States Department of Justice, Memorandum for Selected United State Attorneys on Investigations and Prosecutions in States Authorizing the Medical Use of Marijuana, October 19, 2009, http://blogs.usdoj.gov/blog/archives/192. 36 See Zachary Malinowoski, Growing pains: R.I. marijuana growers, patients double in a year, THE PROVIDENCE JOURNAL, Sept. 17, 2010 at http://www.projo.com/news/content/RI_MARIJUANA_09-1710_IHJNRAM_V53.2536cc.; Christopher J. Girard, Thousands attend marijuana rally, BOSTON SUNDAY GLOBE, Sept.19, 2010, http://www.boston.com/news/local/massachusetts/articles/2010/09/19/th ousands_attend_marijuana_rally/. 37 The Associated Press, “Mexico: 28,000 killed in drug violence since 2008,” Puerto Rico Daily Sun, Aug. 4, 2010, at 7; E. Eduardo Castillo,


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This conclusion is neither a new nor startling proposition, nor is it defeatist as claimed by some. It is rather, standing up and facing the unforgiving facts.38 In this respect, it is essential to be mindful that the basic underlying law that permeates and dictates the entire illegal drug conundrum is the economic law of supply and demand, not the laws that I help to enforce. To this end, it is the huge American consumer pool, 39 most of whose members are never held accountable for creating the demand for the product, “the fuel that feeds” the motor” generating this entire dilemma. As has been aptly stated, “[t] he United States remains the source of the appetite that sets the industry in motion.”40 Family of hero of drug war in Mexico slain, THE BOSTON GLOBE, Dec. 23, 2009, at A3 (“Cartel's message is loud and clear to troops involved.”). In large part, this blood bath in Mexico has been the result of the success of the Drug Enforcement Administration's successes in squeezing off the Caribbean drug conduit into the United States, and by default, rerouting it from South America into the United States through Mexico. See Keving Hartnett, From Small Corners to Big Carterls, the Drug War‟s Unintended Consequences, THE PENNSYLVANIA GAZEITTE, Nov/Dec 2009, at 9. 38 See Robert W. Sweet, The “War on Drugs” is Lost, NAT'L REV., Feb. 12, 1996. The author, a distinguish U.S. District judge in the Southern District of New York, was one of the pioneer voices in denouncing the floundering of our drug policies. See also Kurt Schmoke, The “War on Drugs” Is Lost, NAT'L REV. Feb. 12, 1996; Nichols D. Kristop, Drugs Won the War, NEW YORK TIMES, June 13, 2009. See also, STEVEN B. DUKE & ALBERT G. GROSS, AMERICA'S LONGEST WAR: RETHINKING OUR TRAGIC CRUSADE AGAINST DRUGS (1993). 39 Although my present observation is directed at the U.S. scenario alone, this is obviously a tunnel vision of the problem, for we also have a very substantial European market, as well as elsewhere throughout the World. See generally EUROPEAN COMMISSION, REPORT 1998-2007, supra note 7, at 11-12. 40 Hartnett, supra note 37. In 2008, 16% of Americans had used cocaine, a rate four times higher than any country in the world. Id. Furthermore, apart from New Zealand, whose inhabitant‟s match Americans puff for puff of marijuana at a 42% rate, no other country comes close to us in marihuana usage, not even the liberal Dutch at 20%, or the Italians, where fewer than one in ten has ever used it. Id. See also SAMHSA


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One, perhaps not entirely satisfactory way of measuring the success or failure of the conduct of this war in the intervening years since I last expressed myself on this issue, is to look at the available comparative statistics between the two time periods, bearing in mind, the fact that in the shadowy world of illegal drugs and their use, statistics are particularly suspect. 41 There are, however, certain hard facts which cannot be easily disputed. We start with an accounting of the material costs of the war. What have been the costs to the American taxpayer of the “War on Drugs”? In 1973, when the war commenced, the total federal expenditures on enforcement of the illegal drug laws of the United States were less than $100 million. 42 By 1994, this figure had risen to $12.184 billion annually, more than 121 times the 1973 number.43 This amount increased to $14 billion only two years later in 1996 News Release, National Survey reveals increase in substance use from 2008-2009, Sept. 16 2010, at http://www.samhsa.gov/newsroom/advisaries/1009152021.aspx. I am again reminded of the riposté of the lawyer in El Salvador, which I refer to in my earlier article on this subject, when he said to me on occasion of my lecturing in his country during the mid-1980's, and in answer to my statement that the United States was providing his country with all kinds of material help in fighting the “War on Drugs”: Excuse me your Honor that is not the help that we are in need of. What we need is for your country to stop consuming these drugs. If your people were not buying drugs, we would not be growing and selling them. We would rather sell you coffee, or oranges, or bananas, if you would only stop buying and consuming drugs. Torruella, supra note 1, at 5. 41 EUROPEAN COMMISION, REPORT 1998-2007, supra note 7, at 13-14. 42 Bureau of Census, U.S. Dept of Commerce, Statistical Abstract of the United States, 1995, (115th ed. 1995) [hereinafter-Statistical Abstract]; Steven B. Duke, Drug Prohibition: An Unnatural Disaster, 27 CONN. L. REV. 571, 574 (1995). 43 DRUGS & CRIME DATA CENTER & CLEARINGHOUSE, FACT SHEET: DRUG DATA SUMMARY 5 (June 1995).


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when I wrote my original article on this subject.44 I will not detail the step by dreary step upward of this sum since 1996 to the present. Suffice it to say that the law enforcement expenditures of the United States had risen to $44.1 billion yearly by 2009, with a total of approximately $1 trillion having been spent since the commencement of the War in 1973 to the present.45 Furthermore, State expenditures related to illegal drug enforcement were estimated in a 1987 study at $5 billion annually, a figure that most certainly has increased considerably since then to the present.46 In the meantime, the US Coast Guard estimates that it is able to seize "at best 8 to 10% of drugs smuggled by sea."47 The obvious question to be posed is, what results and benefits have we as a society received from this huge investment of public funds? 44

Id. See also Schmoke, supra note 39 at 40- 41. See Andre Gaud, War on Drug Rages On, NEWS-PRESS NOW.COM, http://www.newspressnow.com/news/2010/aug/08/war-drugs/. A recent study released by the National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University found that federal, state and local governments spent $467 billion in 2005 on substance abuse and addiction. THE NATIONAL CENTER ON ADDICTION AND SUBSTANCE ABUSE AT COLUMBIA UNIVERSITY, SHOVELING UP II: THE IMPACT OF SUBSTANCE ABUSE ON FEDERAL, STATE AND LOCAL BUDGETS 1 (2005) [hereinafter, SHOVELING UP II]. 46 Ethean A. Nadelman, Drug Prohibition in the United States: Costs Consequences, and Alternatives, 245 Sci. 939, 940 (1989). Recent estimates show that federal, state and local governments spend $44.1 billion annually enforcing drug prohibitions. Nicholas D. Kristof, Drugs won the War, THE NEW YORK TIMES, June 13, 2009. A recent study by the Cato Institute places this figure at $25.7 billion. See JEFFREY A. MIRON AND KATHERINE WALDOCK, THE BUDGETARY IMPACT OF ENDING DRUG PROHIBBITION, Cato Institute, Wash.,D.C. (2010), at 5 (hereinafter "The Budgetary Impact"). In 2005, state governments spent $135.8 billion on substance abuse and addiction. Shoveling Up II, supra note 42 at 2. It is worth mentioning that between 1981 and 1986 state and local drug arrests grew by 59%, see Bureau of Justice Statistics, U.S. Dept. of Justice, Drug and Crime Facts, 8 (1991) (hereinafter “Facts”), and thereafter increased an additional 23% from 1986 to 1991. 47 H.R. Rep. No. 96-323 at 4 (1974). 45


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The human costs of the “War on Drugs” The most critical ramifications and consequences of the “War on Drugs”, are the human costs of this course of action. After almost forty years of doggedly presenting the same order of battle and strategy to the enemy, in which we have made tremendous investments in both public rhetoric and treasure, to say nothing of outand-out law enforcement emphasis at all levels, I believe that the public has a right to expect and demand that some mayor progress be shown in solving, or at least ameliorating, what is probably the single-most recurring internal social problem in the United States, with the possible exception of our economy, a not totally unrelated problem if we consider the useless drain that the “War on Drugs” has been on our national treasure. We commence our scrutiny by stating the undeniable fact that the United States has the highest prison population in the world, with approximately 2.3 million inmates incarcerated in federal and state institutions. 48 This represents more persons in prison than even the People's Republic of China, whose population is six and a half times that of the United States. 49 Furthermore, and of relevance in evaluating the efficacy of the present policies regarding illegal drugs, it is worth taking note of the fact that the prison population in the United States rose from a total of about 200,000 state and federal prisoners in 1970, to 1,540,805 in 2008, to which must be added the 785,556 inmates confined in local detention centers for a total of over 2.3 million persons under confinement.50 48

THE SENTENCING PROJECT: RESEARCH AND ADVOCACY FOR REFORM, Facts About Prisons and Prisoners, at http://www.sentencingproyect.org/doc/publications/publicationsinc_factsAboutPrisons_Jul2010.pdf [hereinafter Facts About Prisons and Prisoners]. 49 THE NEW YORK, PUBLIC LIBRARY DESK REFERENCE BOOK 887; 900 (4th ed. 2002). China's population is 1,261 billion); United States' population, 275.5 million. 50 Facts About Prisons and Prisoners, supra note 48. In 1980, only 7% of those admitted to state prisons were convicted of drug-related offenses, while by 1990 this figure had increased to 32%. Bureau of Statistics, Prisoners in 1992 (1993) at 10.


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This was at a cost of $20-30,000 per year per inmate for keeping prisoners in federal prisons in 1994, and with $50,000 to $100,000 per prisoner for building new facilities, depending on the level of security and climate.51 The Federal Bureau of Prisons estimated in 1994 that it cost $58.50 per day, or $21, 352 each year, to keep a federal inmate in prison.52 State and local costs for incarceration are difficult to establish with certitude. If we count the number of persons under the various probation or supervised release programs, the total number of persons under penal supervision in the United States exceeds 7 million persons.53 In fact, in 2008, more than one in every 100 Americans resided in a prison or jail.54 Moreover, the number of drug related crimes in the United States which resulted in imprisonment rose from 41,000 in 1980, to over 500,000 in 2008,55 an exponential increase which although attributable in part to more vigorous and effective law enforcement efforts, also speaks legions of the failure to achieve the war's goal of eliminating or substantially reducing illegal drug activities in this country. In 2006, 53% of all federal prisoners were incarcerated for drug-related violations.56 In fact, by 2007 the number of arrests for crimes related to illegal drugs exceeded

Michael Torney, Race and the “War on Drugs”, 1994 U.CHI. LEGAL F. 25, 26, 27. 52 FEDERAL BUREAU OF PRISONS, U.S. DEPT. OF JUSTICE, A JUDICIAL GUIDE TO THE FEDERAL BUREAU OF PRISONS 5 (1995) [hereinafter “Judicial Guide”]. 53 Id. 54 THE PEW CENTER ON THE STATES, ONE IN 100: BEHIND BARS IN AMERICA 2008 3 (2008). 55 MARC MAUER & RYAN S. KING, THE SENTENCING PROJECT, A 25YEAR QUAGMIRE: THE “WAR ON DRUGS” AND ITS IMPACT ON AMERICAN SOCIETY 2 (2007), available at http://www.sentencingproject.org/doc /publications/dp_25yearquagmire.pdf. 56 U.S.DEPARTMENT OF JUSTICE, BUREAU OF JUSTICE STATISTICS BULLETIN, PRISONERS IN 2006 (2007). 51


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arrests for all other crimes, with arrests for illegal drugs topping 12.5% of the arrests for all crimes.57 The statistics for drug use, although at times encouraging, have on the whole and in the long run, been discouraging and certainly confirm the conclusion that our present prohibitionist model has been a failure and has not achieved any substantial progress in achieving its stated goal. This is particularly apparent when we compare the overall results in the illegal drug arena with that of alcohol and tobacco. In 1996, when I first spoke out on this subject, there were approximately 40.3 million tobacco users, 58 103 million alcohol users, 59 and almost 12.2 million illicit drug users in the United States.60 The present61 estimates for these items are 69.7 million for tobacco users, 62 130.6 million for alcohol,63 and approximately 21.8 million persons use illicit drugs.64 57

FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATIONS, CRIME IN THE UNITED STATES 2004, UNIFORM CRIME REPORTS, PERSONS ARRESTED, http://www.fbi.gov/ucr/cius_04/persons_arrested/index.html. 58 Joan Beck, Smokers, Chill out, Think of Your Poor Hearts, NEWS TRIB., April 18, 1994, at A-6. 59 U. S. Drug Abuse Level Unchanged, Report Says, 109 Pub. Health Rep. 839 (1994), available at LEXIS, New Library, ASAPII File. 60 DRUG & CRIME DATA CENTER & CLEARINGHOUSE, FACT SHEET: DRUG USE TRENDS 1 (1996). 61 The best available data is the 2009 National Survey on Drug Use and Health. See , U. S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION, OFFICE OF APPLIED STUDIES, RESULTS FROM THE 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUGE USE AND HEALTH: VOLUME 1, SUMMARY OF NATIONAL FINDINGS (2009) [hereinafter 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH]. 62 Id. at 4. This figure is for Americans 12 years or older, which is 27.7% of the population. Id. Cigarette smoking among young adults 18 to 25 decreased significantly between 2002 to 2009, but was still the highest of all age groups. Id. There was also a moderate decline in cigarette smoking during that period among youths aged 12 to 17. Id. 63 Id. at 3. This figure is for persons over the age of 12, and is the equivalent of over half of the U. S. population over 12 years old. 64 Id. at 1. This figure is for persons over the age of 12. Approximately 22.2 million Americans over the age of 12 reported having had a


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Translating this information to practical terms: (1) Tobacco has approximately 69.7 million users in the United States65 and causes more fatalities in the United States than those caused by alcohol, HIV, automobile accidents, illicit drugs, homicides and suicides.66 The annual death toll of tobacco-related deaths rose from 188,000 in 1965 to 434,000 in the late 1980's,67 to about 435,000 at present68 This notwithstanding that the average cost of a pack of cigarettes is $5.51, of which state taxes average $1.45 per pack plus the federal cigarette tax of $1.01 per pack, all of which is paid by the consumer.69 Of course, the costs to society are not limited to just the outright deaths, with the obvious emotional and sentimental costs to family and friends, but also involves the intangible loss to the community of a person's multifaceted contributions to society. A more accountable cost is the fact that in the United States close to 8.6 million persons suffer from tobacco-related illnesses, 70with an annual direct cost to the dependency on drugs or abuse in their use, which represents about 8.9% of the U. S. population, which is almost twice the reported figure of 5% for the world as a whole. Id. at 2. 65 Id. at 4. 66 Ali H. Mokdad, et al. Actual Causes of Death in the United States, 2000, J. AM. MED. ASS‟N NO. 1238-45 (2004). 67 Smoking-Attributable Mortality and Years of Potential Life Lost_United States. 1999, 40 MORTALITY WKLY. REP. 62 (1991), available at LEXIS, News Library, ASAPII, File. To these should be added about 40,000 nonsmokers who died of inhalation from passive smoke. Death Toll from Smoking Worsening, N.Y. TIMES, Feb.1, 1991, at A14. 68 Mokdad, supra note 66. To this must be added an estimated 50,000 nonsmoking adults who died from second hand smoke. American Lung Association, Health effects, http://www.lungusa.org/stop-smoking/aboutsmoking/health-effects/. 69 State Cigarette Excise Tax Rates & Rankings, http://www.tobaccofreekinds.org/research/factsheets/pdf/0097.pdf 70 American Cancer Society, Study: 8.6 Million Americans Sick with Tobacco-related Illnesses: few Quitters Get the Help Needed to Succeed, http://www5.cancer.org/docroot/NWS/content/NWS_2_1x_Study_86_M illion_Ameri-


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federal and state governments of $96 billion, 71 including $30.9 billion in healthcare and disability benefits paid for the treatment of diseases and illnesses associated with this drug.72 (2) Alcohol is the most commonly used drug in the United States, with almost twice the number of users as those using tobacco in its various modalities, and six times more than the case of illegal drugs. In 1991, it was estimated that there were 10 million alcoholics in the United States, with about 73 million adults suffering from this condition. 73 That year there were an estimated 45,000 alcohol-related traffic fatalities 74 in the United States,75 a figure that is only part of the total number of alcohollinked deaths, which reached over 100,000 that year.76 cans_Sick_With_Tobaccorelated_Illnesses.asppNWS_21X_sTUDY_86_ Million_Americans_Sick_With_Tobaccorelated_Illness.asp 71 Eric Lindblom, Campaign for Tobacco-Free Kids, Toll of Tobacco in the United States of America, http://www.tobaccofreekids.org/research/factsheets/pdf/0072.pdf. 72 Id. 73 James A. Inciardi, Against Legalization of Drugs, in Arnold S. Trebach & James A., LEGALIZE IT? DEBATING AMERICAN DRUG POLICY, 139, 160 (1994). 74 In a 2008 study, the National Highway Traffic Safety Administration (NHSTA) estimates that 8% of all drivers in the United States, or 17 million people, have driven at least once over the course of a year, even though they though they were drunk. See Associated Press, U.S. estimates millions drive drunk, THE BOSTON GLOBE, Aug. 26, 2010, at A1. 75 Inciardi, supra note at 160. Puerto Rico is among the ten highest U.S. jurisdictions in traffic fatalities due to the consumption of alcohol. Justice: Youth alcohol consumption costs P.R. hundreds of millions a year, PUERTO RICO DAILY SUN, October 28, 2009, at 6 (youth alcohol consumption is costing the local economy between $250million and $1 billion a year). Of the 430 people who died in traffic accidents in P.R. in 2007, 40% of those killed were 29 years old or younger. Id. 76 SUBSTANCE ABUSE AND MENTAL HEALTH SERVICES ADMINISTRATION, U.S. DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, NATIONAL EXPENDITURES FOR MENTAL HEALTH SERVICES AND SUBSTANCE ABUSE TREATMENT 1991-2001, Ch. 5 (2001), http://www.samhsa.gov/spendingestimates/chapter5.aspx [hereinafter SAMSHA, National Expenditures].


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The total annual cost of alcohol abuse in the United States for 1998 alone, including direct governmental spending and private spending, as well as lost productivity, was estimated at over $184.6 billion.77 In 1998, public and private entities spent $9.8 billion on health care and disability costs related to alcohol abuse. 78 An additional monetary and human cost to American society related to alcohol abuse is the fact that two fifths of all crimes leading to state prison sentences are committed under the influence of alcohol (and, of course, in many cases also combined with the use of illegal drugs). In 2008, slightly more than half of Americans aged 12 or older reported using alcohol, which is 130.6 million persons, or 51.9% of our population.79 Today, the alcohol-related deaths are calculated at about 75,000,80 with the life expectancy of alcohol abusers being reduced by an average of 30 years.81 In fact, alcoholism is the third 77

Inciardi, supra note 73, at 160. SAMSHA, National Expenditures, supra note 76. In 1994, the federal government alone spent $12 billion on health care and disability related to alcohol abuse. Bureau of Census, U.S. Dep't of Commerce, Statistical Abstract of the United States, 1995, (115th ed. 1995) [hereinafter Statistical Abstract]. Of a total of $66 billion spent annually by the federal government on health care and disability costs associated with alcohol, tobacco, and illegal drug use, 18% ($11.8 billion) were destined for the alcohol programs. 16% ($10.56 billion) for drug abuse agendas and 66% ($ 43.56 billion) for tobacco related care and disability programs. Id. A study by the National Center on Addiction and Substance Abuse at Columbia University found that in 2005 government spending related to smoking, alcohol abuse and illegal drugs reached $468 billion, accounting for one-tenth of combined federal, state and local expenditures for all purposes, of which expenditures only 2% went to prevention, treatment and addiction. Eril Eckholm, Governments' Drug-Abuse Costs hit $468 Billion, Study Says, NEW YORK TIMES, May 28, 2009, at 1 http://www.nytimes.com/2009/05/ 79 See 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH, supra note, 61 at 3. 80 Centers for Disease Control and Prevention, Alcohol-Attributable Deaths and Years of Potential Life Lost, United States, 2001 (2004), http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm5337a2.htm. 81 Id. 78


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major cause of death in the United States, after tobacco-related causes and illnesses related to bad eating habits.82 Traffic accident fatalities in which alcohol plays a factor reaches approximately 38, 000 annually.83 The federal government alone spends $45.5 billion on health care and disability costs associated with alcohol abuse.84 (3) Illegal drugs85 were used by 11.7 million Americans 1996, a decrease from 24.8 million in 1979. 86 In 1996, there were approximately 5,000 deaths directly attributed to the use of illegal drugs by reason of overdoses. A significant decline in illicit drug use was noted throughout the 1980's, with illegal drug use for all persons over 12 going down from 13.7% in that age group, to 5.6% by 1993.87 In fact, there was a general decrease in the use of all illegal drugs of about 59.1% during that period88. 82

Id. See also, Mokdad, supra note 66. Alcohol Alert, 2008 Drunk Driving Statistics, http://www.alcoholalert.com/drunk-driving-statistics.html. 84 The George Washington University Medical Center, The Alcohol Cost Calculator, Treatment of Alcohol Medical Consequences/related Insurance Administration Costs, December 2007, http://www.alcoholcostcalculator.org/business/about/?page=note. 85 This term includes marihuana, cocaine, heroin, amphetamine, hallucinogens, inhalants and nonmedical use of sedatives, tranquilizers, stimulants or analgesics. 86 OFFICE OF NATIONAL DRUG CONTROL STRATEGY, EXECUTIVE OFFICE OF THE PRESIDENT, THE NATIONAL DRUG CONTROL STRATEGY: 1996, at 77, (Figure. 5-1). 87 Drug & Crime Data Center & Clearinghouse, supra note 61, at 1 (Table 11) (past thirty days use); Id. at 2 (Figure 2), 5 (Figure 1). 88 Id. 1 (Table 11) (past thirty-day use). Marihuana use went from 18.5% in 1974 for those in ages 12-17, to 10.1% by 1993, after a peak of 20 % during the 1977-82 period. Id. at 2 (Figure 2), 2 (Figure 5). For ages 1825, this figure decreased from 34.2% in 1974 to 22.9 % in 1993, with peak years of 40% in the 1979-82 period. Id. In the over 26 age group there was an increase from 3.8% in 1974 to 6.3% in 1993, with increases in 1982 and 1985 up to 10%. Id. Cocaine usage declined from 2.7% for the 12-17 age groups in 1974 to 0/8% in 1993, after a peak in the 197982 period of over 4%. Id. at 2 (Figure 1), 5 (Figure 1). For ages 18-25 there was an overall decline of from 8.1% in 1974 to 5.0% in 1993 to a peak of close to 20% in the 1979-82 period. Id. The over 26-age group generally increased from 0.6% in 1974 to 1.9 % in 1993. Reaching a 83


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This situation has turned upwards since the 1990's. It was reported in 2009 that 21.8 million Americans over 12 years of age were using illegal drugs, which represents 8.7% of the U.S. population in that age group.89 This is almost twice the percentage of illegal drug usage rate that is estimated by the UN surveys as the world's population of illegal drug users. 90 The 2008 ADAM II Report (Arrestee Drug Abuse Monitoring Program of the Office of National Drug Control Policy), indicated that as many as 87% of all arrestees for all crimes, tested positive for illegal drug use.91 In the year 2000, approximately 17,000 Americans died of druginduced causes, over 90% of which were from overdoses, a figure that rose to 39,000 by 2006.92 peak of around 4% in the 1982-85 period. Id. Heroin usage generally declined in its usage by all age groups in the period from 1974 to 1993, with the 12 to 17 year group going from 1.0% in 1974 to only .2% in 1993, Id., at 142 (Table 2), those in the 18-25 years bracket going from 4.5% to 0.7% in the same period, and those 26 years and older going from 0.5% to a base too small to be statistically significant. Id. 89 See 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note, 61 at 13. By comparison, Puerto Rico has approximately 60,000 persons who are addicted to illegal drugs, which is approximately 2.34% of its population. ASSMCA: "Trastornos de Sustancias y Uso de Servicios: Encuesta de Hogares, 2008. It is estimated that they consume approximately $3 million worth of illegal drugs each day, Id. Puerto Rico has the fourth highest rate in both drug arrests and incarceration in the world. See World Bank, 2000. 90 Id. at 73. 91 Press Release, Office of National Drug Control Policy, New Study Reveals Scope of Drug and Crime Connection: As Many as 87% of People Arrested for Any Crime Test Positive for Drug Use, http://www.ondcp.gov/news/press09/052809.html; Marijuana was the most commonly detected drug, with cocaine second and heroin a distant third. Id. 92 Mokdad, supra note 66. That year there were 435,000 deaths due to tobacco, 400,000 deaths attributable to poor diet and inactivity, and 85,000 fatalities due to alcohol. According to investigators for the Center for Prevention and Control of Disease, in 2006 the deaths attributed to the consumption of drugs reached 39,000 persons in the United States. Phillip Smith, Overdose and Other Drug-related Deaths Now Closing In on Car Wrecks as Leading Accidental Killer in US, StoptheDrugWar.org,


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Marihuana is the illegal drug of preference, with approximately 16.7 million Americans users at present. 93 The potency of marihuana has increased in recent years, with marihuana grown and imported from Canada reportedly being the most potent in the underground market.94 Marihuana is also claimed to be the biggest cash crop in the United States, being grown in every state and territory of the nation. 95 The consumption of cocaine by Americans remained stable between 1997 and 2006 at about 2.4 million persons, or 1% of the population over 12, and then decreased in 2008-2009 to 1.6 million or 0.7% of that age group.96 The same flat user curve was reported for this period and age group, at 0.1% of the population, in the case of heroin.97 In 2008,

September 30, 2009, http://stopthedrugwar.org/speakeasy/2009/sep/30/overdose_and_other_dr ugrelated_d. They also claim that the mortality rate for analgesic opiates, such as methadon, sedatives, and medicines taken to ease pain, such as Vicodin, caused seven times more fatalities in 2006 than in 1999. Margaret Warner, Li Hui Chen, M.S., Ph.D. & Diane M. Makic, Dr. P.H., Increase in fatal Poisonings Involving Opioid Analgesics in the United States, 1999-2006 (2009), http://www.cdc.gov/nchs/data/databriefs/db22.pdf. 93 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note 61 at 16. A recent phenomena was revealed by a government survey which shows an increase in the marihuana users in the age group 50-59 of from 5.1% in 2002 to almost 10% in 2007. Steve Hendrix, Baby Boomers find growing acceptance of marijuana use, BOSTON SUNDAY GLOBE, November 22, 2009, at A9. See also, Jennifer Mann, Baby boomers going to pot, PATRIOT LEDGER, August 23, 2010, at 1. 94 According to Mahmoud El Sohly of the University of Mississippi's Potency Project, the average THC content of marihuana samples has gone from an average of 4% in 1983, to 4.8% in 2003, to 7.3% in 2007, to 10.1% in 2007. See, CNNhealth.com, at http://www.cnn.com/2009/HEALTGH/05/14/marijuana.potency/index.ht ml (last visited 5/14/2009). 95 See Katherine Bishop, New Front in Marijuana War: Business Records, THE NEW YORK TIMES, May 24, 1991, at 44. 96 2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note 61. 97 Id.


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1.9 million persons aged 12 and older were current users of heroin, comprising 0.7 % of the population.98 One major change in the illegal drug scenario since I last wrote on the subject has been the appearance of the so-called "designer drugs" such as methamphetamine (met).99 They are referred to as "designer drugs"100 because they can be produced through a series of fairly simple chemical procedures in home labs or in more sophisticated mass production clandestine facilities. 101 Even though met has been around for many years, and its popularity has waxed and waned over this period, it seems to be on the rise among several population subgroups.102 The current increase (since the early 1990's) of met use began in the western United States. However, by the mid-2000's, its use had become of nationwide concern, with clandestine lab seizures increasing in almost all states during the 2000-2005 period. 103 SAMHSA estimated that from 1993 through 2003, the rate of admissions for treatment of 98

Id. This is a central nervous system stimulant, categorized by the U.S. Food and Drug Administration as a Schedule II amphetamine, which means is has a high potential for abuse and for psychological or physical dependence. Methamphetamine Use and Risk for HIV/Aids. Center for Disease Control and Prevention, January 2007, at http://www.cdc.gov/hiv/resources/factsheets/meth.htm. Met, as it is popularly known, is smoked, injected, snorted, swallowed, or injected into the anus. Id. 100 Also included are LSD, and Ecstacy(MDMA). A pound of methamphetamine worth $20-30,000 can easily be produced with $500 worth of chemicals, laboratory glassware and minimal knowledge of chemistry. HOWARD ABADINSKY, DRUGS: AN INTRODUCTION 127 (2004). See also, Smoke shop rebufs police request to pull hallucinogenic incense, PATRIOT LEDGER, Sept. 11-12, 2010, at 1. 101 Id. Although most of the met consumed in the U.S. is manufactured outside the United States, roughly one third of U.S. consumption is from domestic sources. See INTERAGEB\NCY WORKING GROUP ON SYNTHETIC DRUGS, "INTERIM REPORT 2 (2005), available at http://www.nejr.gov/ondcppubs/public-ations/pdf/intrim-rpt.pdf. 102 See Office of National Drug Control Policy, Fact Sheet, 2008 ADAM II Report, WhiteHouseDrugPolicy. gov, at 4 103 See supra note, 101, at 2. 99


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methamphetamine or amphetamine abuse increased from 13 to 56 admissions per 100,000 for people aged 12 or older, which is a rough indicator of the general increase of drug use in the population at large. 104 In 2004, SAMHSA further estimated that 600,000 persons (or 0.2% of the US population) had used met in the prior month. 105 Also in that year, an estimated 12 million persons aged 12 and older (4.9% of this age group) had used met at least once in their lifetime, and 1.4 million 12 and older (0.6% of the age group) had used this illegal drug during the year previous to the study.106 The 2009 NSDUH reported an increase to 731,000, or 0.3% of the US population.107 Although there is no typical met user, the trend is that many are young (the average age at first use was 18.9 in 2002, 20.4 in 2003 and 22.1 in 2004), because it is cheaper and longer lasting than cocaine, with the highest rate of use during 2006 being among young adults aged 18 to 25, followed by youth aged 12 to 17, with the lowest use for those over 26.

104

Id. Id. 106 Id. 107 Id. 105


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FIG. 1 THE ILLEGAL DRUG LANDSCAPE IN THE U.S.

SAMHSA's latest National Survey on Drug Use and Health for 2009, released on September 16, 2010, indicating that illicit drug use in the United States increased from 8% of the population over age 12 in 2008, to 8.7% in 2009, a change driven in large part by increases in marijuana use.108 There is particular relevance to the finding that 21.2% of young adults (those 18-25), experimented with illegal drugs in 2009, an increase from 19.6% in 2008.109 What have been the institutional costs of the “War on Drugs”? As it happens with all wars, the first casualties of this war have been objectivity, truth, and ultimately, the law itself. As stated long ago by Cicero, Inter arma enim silent leges ("In time of war the 108

2009 NATIONAL SURVEY ON DRUG USE AND HEALTH supra note, 62 at 1. 109 Id. at 2.


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laws are silent."). Such has been the case with this conflict. The rule of law, as relates to our civil and constitutional rights, 110 has been mangled at the hands of an Executive branch that has pushed enforcement to the limits on what amounts to a theory that the ends justify the means, a Congress that has stretched the borders of its legislative powers under Article I of the Constitution 111 in an attempt to do what it believes is politically expedient, and a judiciary which has generally been compliant and has stretched even those limits to the breaking point, failing to contain the other branches within the fence that is established by the Constitution. As sardonically stated by Justice Stevens in a case involving warrantless searches, "no impartial observer could criticize [the] Court for hindering the “War on Drugs”,112 rather, the Court had become a"loyal foot soldier in the Executive's fight against crime."113

110

See generally, Paul Finkelman, The Second Casualty of War: Civil Liberties and the “War on Drugs”, 66 S. CAL L. REV. 1389 (May, 1993); Randy E. Barnett, Bas Trip: Drug Prohibition and The Weaknesses of Public Policy,"103 YALE L .J 2593 (June, 1994)(Book review of "America's Longest War: Rethinking Our Tragic Crusade Against Drugs" by Steven B. Duke & Albert Gross); Randy E. Barnett, The Harmful Side Effects of Drug Prohibition", 2009 UTAH L.REV. 11 (2009); Robert W. Sweet, Will Money Talk: The Case For Comprehensive Cost-Benefit Analysis of the “War on Drugs”, 20 STAN. L. & POL'Y REV. 229 (2009); Jaime Fellner, Race Drugs, and Law Enforcement In The United States, 20 STAN. L. & POL'Y REV. 257 (2009); Gabriel J. Chin, Race, The “War on Drugs”, and The Collateral Consequences Of Criminal Conviction," 6 J. GENDER RACE & JUST. 253 (Fall 2004). 111 See Eugene Kontorovich, Beyond the Article I Horizon: Congress's Enumerated Powers and Universal Jurisdiction Over Drug Crimes, 93 MINN. L. REV. 1191 (2009). 112 California v. Acevedo, 111 S.Ct. 1982, 2002 (1991) (Stevens, dissenting) 113 Id. In Gonzalez v. Raich, 545 U.S. 1 (2005), the provisions of the Controlled Substances Act criminalizing the intrastate growing, possession, and use of marijuana for medical purposes was upheld against a challenge under the Interstate Commerce clause.


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Although there is no legal basis for carving out a "drug exception" 114 to the application of the Constitution, and its existence has been rejected at the highest levels 115, de facto and sub silencio it is honored by the actions of all three branches of government. 116 Law enforcement activities, government policies, drug-related legislation and court decisions have all subtly, and sometimes not so subtly, coalesced to diminish and undermine the philosophy and text of the Bill of Rights. The embattled Fourth Amendment 117 is probably the leading example of a “War on Drugs” casualty.118 As has been erstwhile noted in an apropos reference to George Orwell's, 1984, a date that 114

A term first used by Judge James Lawrence King in United States v. Miranda, 442 F.Supp.786, 795 (S.D. Fla. 1977). 115 "The impairment of individual liberties cannot be the means of making a point, that symbolism, even symbolism for so worthy a cause as abolition of unlawful drugs, cannot validate an otherwise unreasonable search." National Treasury Employees Union v. Von Raah, 489 U.S. 687 (1989) (Scalia, J., dissenting); "[T] here is no drug exception to the Constitution, any more than there is a communism exception or an exception for other real or imagined sources of domestic unrest." Skinner v. Ry. Labor Execs. Ass'n, 489 U.S. 602, 641 (1989) (Marshall, J., dissenting). 116 See Steven Wisotsky, Crackdown: The Emerging "Drug Exception" to the Bill of Rights, 38 HASTINGS L. J. 889, (1987). 117 "The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized." U.S. CONST. amend IV. 118 Silas J. Wasserstrom, The Incredibly Shrinking Fourth Amendment, 21 AM.CRIM. L. REV. 257 (1984); see also, Stephen Saltzburg, Another Victim of Illegal Narcotics: The Fourth Amendment, 48 U. PITT. L. REV. 1 (1986). See United States v. Pineda-Moreno, 2010 WL 3169573 (C.A. 9-2010- Ore.)(Kazenski, C.J. dissenting from denial of en banc) (unwarranted entry into curtilage to attach GPS device to car); see also, Dugold McConnell, Court agents secretly put GPS tracker on cars, CNN Justice, Aug. 27, 2010 http://www.com/2010/CRIME/08/23oregon.gps.surveillance/iden.ntml?h pt=71


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we have passed in more than one sense, the “War on Drugs” has led to "[a] gradual but perceptive rise in Big Brotherism against the public at large in the form of eavesdropping, surveillance, monitoring, informing, and other intrusive enforcement methods.” 119 Among the inroads that have been sanctioned are those that have permitted intrusions into our homes by the use of aerial surveillance, 120 a practice that has led to the practical abandonment in other drug-related contexts of the privacy test announced in Katz v. United States.121 These relaxations of the restrictions of the Fourth Amendment have allowed the expansion of police authority to carry out warrantless searches for drugs on individuals and automobiles under circumstances beyond the original intention of Terry‟s rationale,122 which was based on police officer safety, not as a subterfuge, for a search for criminal evidence without meeting the requirements of the Fourth Amendment. The creation of the socalled "good faith" exception to the Fourth Amendment requirement of probable cause established in United States v. León, 123 Steve Wisotsky, BREAKING THE IMPASSE IN THE “WAR ON DRUGS”, 118 (1986). See also Justice Brennan's dissent in Riley, 488 U.S. at 466 (Brennan, J. dissenting). 120 California v. Ciraolo, 474 U.S. 207 (1986) (the information used as basis for search warrant received through overflight not a search despite the fact that the marihuana observed was growing inside the curtilage, which was surrounded by six foot and a ten foot high fences which blocked the view from the street); Florida v. Riley, 488 U.S. 445 (1989) ( same, in helicopter overflight with use of telephoto lense in camera to photograph through open skylight in greenhouse). 121 Katz v. United States, 389 U.S.347 (1947). See Harmelin v. Michigan, 111 S. Ct. 2680 (1991) (search expanded beyond weapons to drugs, for which defendant, a first time offender, was sentenced to life in prison). 122 Terry v. Ohio, 393 U.S. 1 (1968) (a brief stop for questioning and a pat-down for weapons on a public street, based on a reasonable fear of imminent violence, is permitted without a warrant). Cf. United States v, Fornia-Castillo, 408 F. 3d 52, 64 (1st Cir. 2005.) (interrogation of defendant by police with drawn weapons and while Defendant was handcuffed does not convert Terry stop into a de facto arrest and is not coercive). 123 United States v. León, 468 U.S. 897 (1984). 119


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which in practice we see stretched beyond "good faith," is another example of the courts' permissive attitude towards the government in drug cases. Equally troubling is the upholding of the validity of a warrant issued on the basis of a partially uncorroborated anonymous tip,124 leading to cases in which it was allowed to corroborate the anonymous tip by the post facto discovery of illegal evidence.125 The U.S, Court of Appeals for the Sixth Circuit stated it well in a drug-related case involving the Fourth Amendment: Presently, our nation is plagued with the destructive effects of the illegal importation and distribution of drugs. At this critical time, our Constitution remains a lodestar for the protections that shall endure the most pernicious affronts to our society. The warrant requirements of the fourth amendment govern zealous law enforcement. The drug crisis does not licence the aggrandizement of governmental power in lieu of civil liberties. Despite the devastation wrought by drug trafficking in communities nationwide, we cannot suspend the precious rights guaranteed by the Constitution in an effort to fight the “War on Drugs”.126 The use of "drug-courier" profiling, a technique tacitly sanctioned by the Supreme Court in United States v. Sokolow,127 and which is often based on racial characteristics, is a common police practice that has further led to the impingement of citizen rights under the Constitution.128 In Soklow the Supreme Court majority decision, which effectively white washed the dubious actions of the police, led Justice Marshall to state in his dissent that the Court

124

See Illinois v. Gates, 462 U.S. 213, 230 (1983). United States v. Johnson, 64 F. 3d 1120, 1125 (8th Cir. 1995). 126 United States v. Radka, 904 F. 2d 357, 361 (6th Cir. 1990). (emphasis supplied). 127 United States v. Sokolow, 490 U.S. 1 (1989). 128 See Sheryl McCarthy, Off Target Targets of Drug War, N.Y. NEWSDAY, Oct. 22, 1990, at 6. 125


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had shown its "willingness, when drug crimes or anti-drug policies are at issue, to give short shrift to constitutional rights."129 Credible complaints have been filed in New York and New Jersey regarding the police targeting of African-American and Hispanics with the use of stop and frisk tactics that are not justified except by the use of preconceived drug-courier profiles. Some of these traits include being of color, driving a fancy car, or being in a particular neighborhood, characteristics which could very well fit a large percentage of the population in minority neighborhoods. This police technique has led to considerable harassment and to civil rights violations of minorities. Statistical evidence suggests, for example, that in the New Jersey Turnpike, African-Americans are stopped by the state police at a rate that is considerably higher than it is for Caucasians.130 This police bias is widespread, with similar claims being made throughout the country in such geographically disperse locations as Washington,131 Los Angeles132and Boston,133 to say nothing of the jurisdictions bordering Mexico. Of course, the use and abuse of the drug-courier profiles affects not only citizens of color, but the citizenship in general.134

129

Sokolow, 490 U.S. at 17 (Marshall, J., dissenting). Joseph F. Sullivan, New Jersey Police Are Accused of Minority Arrests Campaign, N.Y. TIMES, Feb. 19, 1990, at B3.; Frances Ann Burns, Officials Drop Off Panel on Alleged Harassment of Black Drivers, UNITED PRESS INT'L., Jan16, 1990, available at Lexis, Nexis Library, UPI File. 131 Susan Beck, et. al. The Cocaine War in America's Fruitbowl, AM. LAW., Mar. 1990, at 82,83.(Hispanics in Spokane targeted); 132 Victor Merina, Joe Morgan's Suit Protests Drug Profile, L.A. TIMES, Aug. 7, 1990, at B1. 133 See McCarthy, supra note 128. 134 See Florida v. Johnson, 561 So. 2d 1139 (Fla. 1990); United States v. Miller, 821 F.2d 546, 550 (11th Cir. 1987) ("common sense suggests" that innocent travelers will be harassed by profiles); United States v. Smith, 799 F. 2d 704 (11th Cir. 1986); United States v. Montilla, 733 F.Supp. 579, 581, 583 (W. D. N.Y. 1990) (decision to stop the two defendants "was based upon" their "nervous reactions, the use of the express bus from New York City [to Buffalo], and their pace through the terminal", and the fact that the two defendants, a man and a woman, were carrying 130


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As we continue down the Bill of Rights, we come upon legislation and court decisions that directly impact the Fifth 135 and Sixth Amendments' due process and right to counsel provisions.136 The cases show a definite trend in the lowering of the bar in allowing the government to establish guilt by proof beyond a reasonable doubt in drug-related cases with unusual laxity, in many cases by the piling of inference upon inference. Cf. United States v. Azubike, 564 F.3d 59 (Azubike II)(1st Cir. 2009) and United States v. Mangual-Corchado, 139 F.3d 34 (1st Cir. 1998), as well as in overlooking what would otherwise be considered outrageous government conduct in the prosecution of drug-related charges. See, United States v. Alvarez Machin, 504 US 653 (1992) (the abduction of a Mexican citizen in Mexico by D.E.A. agents for the purposes of bringing him to US territory for prosecution for the murder of a D.E.A. agent in Mexico, does not violate the Constitution or laws of the United States). In Calero-Toledo v. Pearson Yachts, 416 US 663 (1974), no lesser defender of civil rights than Justice Brennan allowed the confiscation of Pearson Yacht's chartered vessel pursuant to Puerto Rico's controlled substance statute, notwithstanding that Pearson was not only innocent of any wrong doing, but had in fact included a clause in the charter agreement prohibiting the presence of drugs aboard the boat. The Fifth Amendment's guarantee against deprivation of property without due process was held to be no bar to confiscating the innocent property owner‟s vessel. When we come to the Sixth Amendment, the enactment of the Comprehensive Forfeiture Act of 1984, 137 and the rulings of the dufflebags, talking to each other in a "confidential tone" and they "turned abruptly away" from one of the arresting agents.). 135 The Fifth Amendment provides, in relevant part, that no person shall be "be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation." U.S. CONST. amend V. 136 The Sixth Amendment provides, in relevant part: "In all criminal prosecutions, the accused shall enjoy the right…to have the Assistance of Counsel for his defence." U.S. CONST. amend VI. 137 See 18 U.S.C. §1963(c) (1982); 21 U.S.C. §853 (c) (Supp.IV 1985), and 21 U.S.C. §853 (Supp.V 1988), which are all part of the


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Supreme Court in the cases of Caplin & Drysdale v. United States,138 and United States v. Monsanto,139 sustaining the validity of this statute as applied to attorneys' fees of defendants charged in drug cases, represent a truly alarming degradation of the right to counsel of one accused of a crime.140 This statute and these two cases combine to tip the scales of justice against criminal defendants in drug cases clearly in favor of the government, and seriously, affect the fair play that we take for granted exists in American courts both against the accused and those that would represent them in those courts. Thus, the government is allowed to engage in the pre-trial freezing of assets of drug defendants as well as in the post-trial seizure of defendantâ€&#x;s property, thereby preventing the acussed of posting bail and using personal assets to provide an adequate defense. It is hard to argue against the contention that the forfeiture statute undermines the presumption of innocence and the Sixth Amendment right to counsel, for this statute allows the sequestration of private property solely on the basis of suspicion (even if called "probable cause") or the issuance of an indictment. Before trial, a defendant is deprived of access to the funds and property necessary for bail, living expenses, and of course, the seizure of assets severely impinges his/her ability to defend him/herself from the merits of the accusations against him/her. The accused can literally be ejected from his/her home with nothing more than the Comprehensive Crime Control Act of 1984, Pub. L. 98 473, 98 Stat. 1837, 2170. 138 Caplin & Drysdale v. United States, 491 U.S. 637 (1989). 139 United States v. Monsanto, 491 U.S. 600 (1989). 140 See Kevin B. Zeese, Supreme Court Upholds Forfeiture of Legal Fees, 2 DRUG L. REP 109 (1989); Melinda Hardy, Sixth AmendmentApplicability of Right to Counsel of Choice to Forfeiture of Attorney Fees, 80 J. CRIM. L. & CRIMINOLOGY 1154 (1990); Roderick D. Vereen, Attorneys's Rights to Fees Under the Comprehensive Forfeiture Act of 1984: The 'Bona Fide Purchaser, 16 S.U.L.REV. 407 (1989); John Dombrink et. al, Fighting For Fees-Drug Trafficking and the Forfeiture of Attorney's Fees, 18 J. Drug Issues 421 (1988); Danton Asher Berube, Drug Proceeds Forfeiture and the Right to Counsel of Choice, 43 VAND. L. REV. 1377 (1990); Joe Margulies, Resource Deprivation and the Right to Counsel, 80 J.CIM. L. & CRIMINOLOGY 673 (1989).


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clothes on their back, not even a toothbrush! This type of draconian legislation seems excessive in a democratic country, even if marginally declared to be constitutional. Along these grounds, some of the most egregious actions of the government are exemplified by its actions against defense lawyers, in which the government has received the support of the courts. The government has thus sought attorney's fees information from a lawyer regarding representation of a client in drug cases, with the court rejecting an argument that this information was privileged and violated the client's right to counsel.141 The courts have also allowed the deposition of counsel by the government requiring the production of documents in his/her possession for the purpose of determining the amount, form, and source of payments made to counsel in connection that lawyer's legal representation of a client in a drug case.142 The inherent conflict of interests created by this oppresive statute, and by the courts' support of the government's actions, promotes even further abuse. Justice Blackmun cogently stated this in his dissent in Caplin & Drysdale: Perhaps [the] most troubling [aspect of the case] is the fact that forfeiture statutes place the Government in the position to exercise an intolerable degree of power over any private attorney who takes on the task of representing a defendant in a forfeiture case. The decision whether to seek a restraining order [on the property of defendant] rests with the prosecution, as does the decision whether to waive forfeiture upon a plea of guilty or a conviction at trial. The Government will be ever tempted to use the forfeiture weapon against a defense attorney who is particularly talented or aggressive on the client's behalfthe attorney who is better than what, in the Government's view, the defendant deserves. The specter of the Government's selectively excluding only the most talented defense counsel is a very serious threat to the equality of 141 142

In re Grand Jury Subpoena, 906 F.2d 1485, 1498 (10th Cir. 1990). United States v. Saccoccia, 898 F.Supp 53, 63 (R.I. 1995).


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forces necessary for the adversarial system to perform at its best. An attorney, whose fees are potentially subject to forfeiture, will be forced to operate in an environment in which the Government is not only the defendant's adversary but also his own.143 Refuting the government's contention that this law was not enacted to raise revenue for the government, Justice Blackmun further pointed to the additional potential for abuse by the prosecution: The mentality of police officials and district attorneys suggests otherwise. Many such officers, particularly at the local level, are funding an increasing amount of their operations from the proceeds of drug seizures and constantly bragging to the public that various programs are not funded from tax dollars. Such programs of course create an enormous incentive for police and prosecutors to seek forfeitures in questionable circumstances or even to manufacture crimes that will lead to the forfeiture of valuable property.144 Race and the “War on Drugs” One of the most problematic, even if, probably unintended, consequences of the “War on Drugs”, has been its disparate impact on minorities in this country.145 A statistic that speaks legions in 143

Caplin & Drysdale, 491 U.S. at 650-51 (Blackmun, J., dissenting). Id. at 640 n.6 (1989) (Blackmun, J., dissenting). 145 These are problems that raise equal protection issues under both the Fifth (federal government) and Fourteenth (state action) Amendments. David Sklansky, Cocaine, Race, and Equal Protection, 47 STAN. L. REV 1283 (1995). However, the courts have not been receptive to equal protection challenges because the typical drug-related statute is race neutral on its face, and disparate impact, challenges based on discriminatory intent are difficult to prove in this area. See e.g. United States v. Watts, 553 F.3d 603 (8th Cir. 2009); United States v. Ayala, 290 Fed. App. 366, 367-89 (1st Cir. 2008); cf., McCleskey v. Kemp, 481 U.S. 279, 298 (1987) ("A facially neutral statute receives heightened scrutiny 144


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support of this point is the fact that in 2008, although AfricanAmericans and Hispanics constituted only 12.7% and 11.1%, respectively, of the general population in the United States, they made up 48.2% and 18.6 %, of those imprisoned in this country. 146 These results are undoubtedly intertwined with drug-related law enforcement, which in turn is greatly influenced by public perceptions and response to the drug problem.147 Although, as previously intimated,148 this is in part due to biased law enforcement, the skewed outcome is not totally attributable to out and out prejudice. In fact, supporters of the “War on Drugs” argue that, if anything, drug law enforcement protects minority communities from addiction, harassment, and violence by the predatory tactics of drug lords and their gangs, an allegation that only if it was enacted or maintained...because of an anticipated racially discriminatory effect."). In 2006, 48.2 % of the prison populations were blacks, versus 12.7 % of blacks in the general population. 146 U. S. Census Bureau, Statistical Abstract of the United States, tbl. 6 (2008). 147 See generally, Jaime Fellner, Race, Drugs, and Law Enforcement in the United States, 20 STAN.L. & POL'Y REV. 247 (2009); see also, Katherine Beckett, Kris Nyrop, & Lori Pfingst, Race, Drugs, and Policing : Understanding Disparities in Drug Delivery Arrests, 44 CRIMINOLOGY1, 105 (2006); Katherine Beckett, Race and Drug Law Enforcement in Seattle, Defender Ass'n's Racial Disparity Project, (2004)," available at http://www.defender.org/files/Race%20and%20Drug%20Law%20Enfor cement%20in%Seattle%20%282004%29.pdf. For example the later study, conducted in Seattle, revealed that although 70 % of its population is white, 64.8% of those arrested for drug-related crimes were black, a result that is driven by the fact that the police's emphasis is on crack cocaine enforcement, which predominates in the black community. Id. at 110. It was estimated that only one third of the city's drug transactions involved crack cocaine, as compared to powder cocaine, estimated at 22%. However, transactions involving powder cocaine accounted for only 3.83% arrests, methamphetamine with 10.7% of the transactions and only 1.1% arrests, and heroin at 33% of the illegal drug sales but 16.4 % arrests record, most of these involving white offenders, while 79 % of those arrested for crack cocaine were black. Id. at 118. 148 Id. at 20-21.


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has some validity. Be that as it may, however, good intentions are irrelevant because the irrefutable facts establish the overwhelming negative impact of the “War on Drugs” on minorities. The adage, "the road to hell is paved with good intentions" is clearly applicable to this situation. Moreover, such an outcome, irrespective of the lack of discriminatory intent, is a violation of our international commitments under the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), which the United States ratified in 1994149 and is therefore the Law of Our Land.150 Under ICERD, prohibited discrimination occurs where there is an unjustifiable disparate impact on a racial or ethnic group, regardless of whether there is any intent to discriminate against that group. Furthermore, where official policies or practices are racially discriminatory, the State party to ICERD must act affirmatively to prevent or end the situation. There is little evidence that the United States has acted to meet these obligations. In the public's mind, race shapes the public perception of the drug problem, ergo, its response to the drug problem, and in turn, the actions of the law enforcement community and the courts to meet the public's concerns, irrespective of their factual basis. 151

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International Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), G.A. Res.20/21o6 Annex, U.N. GAOR Supp. No. at 47, U.N. Doc. A/6014 (Dec. 21, 1965), 660 U.N.T.S. 195, ratified by the United States November 20, 1994 150 U.S. CONST. art. VI, cl. 2 ("This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land; and the Judges in every State shall be bound thereby, any Thing in the Constitution or Laws of any State to the Contrary notwithstanding.") 151 Kenneth B. Nunn, Crime and the Pool of Surplus Criminality, Or Why the 'War on Drugs‟ Was a „War on Blacks,' 6 J. GENDER, RACE & JUSTICE 381,390 (2002) ("In the minds of the criminal justice system's managers, planners, and workers, drugs are frequently associated with African-American citizens and their communities. The criminal justice system shapes its policies and practices according to this perception.")


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The clearest example of this chain of thought and reaction is the situation with cocaine and crack cocaine.152 The federal drug war initiatives significantly increasing the penalties for drug offenses153 (resulting in the huge incarceration increase in America, previously alluded too), reflected the popular perception that "getting tough" on crime with harsh punishments was the way to "win" the “War on Drugs”. The use of cocaine in America, primarily in its powder form, had substantially increased in the United States in the 1970's and early 1980's, particularly among white middle-class Americans. However, smokable crack cocaine appeared in the mid-1980's, which the public, ergo, law enforcement entities, associated with black Americans. 154 These biases were grounded on two major erroneous underpinnings.

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All forms of cocaine (e.g., powder, freebase, crack) are powerful stimulants. Powder cocaine is the most commonly used form, and is usually snorted, injected, or ingested. Crack cocaine, is made by dissolving powder cocaine in a solution of sodium bicarbonate and water, is smoked. Crack cocaine is potentially more addictive to the typical user, and produces quicker onset of , shorter-lasting, more intense effects than snorting powder cocaine, making it more likely that the user will administer the drug more frequently and develop an addiction. U.S. SENT'G COMM'N. REPORT TO THE CONGRESS: COCAINE AND FEDERAL SENTENCING POLICY 19 (2002) [hereinafter Sent. Comm.Rep. (2002)], available at http://www.ussc.gov/r_congress/02crack/2002crackrpt.pdf http://www.ussc.gov/r_congress/02crockrpt.pdf.. Crack can be sold in single dose "rocks", which makes it more accessible to lower income people, while powder cocaine is sold in larger, more expensive quantities and is thus more commonly used among middle classes and professionals. In 2006, 44.4% of all federal cases involved cocaine (crack and powder). 153 And establishing the sentencing straight jacket known as the "Sentencing Guidelines” pursuant to the Sentencing Reform Act of 1984, Pub.L. No. 98-473, tit. II, ch. II, 98 Stat.1987 (effective Nov. 1, 1987). See José Cabranes, To Fear Judging No More: Recommendations for the Federal Sentencing Commission, 11 FED. SENT. R. 187 (1999); and Fear of Judging: Sentencing Guidelines in the Federal Courts (1998). 154 MARC MAUER, THE SENTENCING PROJECT: RACE TO INCARCERATE (1995).


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First of all, despite the fact that crack cocaine became the prime target of law enforcement efforts 155 this was a misdirection of priorities, for powder cocaine has always been a far more prevalent illicit drug among American drug users. For example, the 1993 federal National Household Survey on Drug Abuse (NHSDA) found that although 11.3% of the US population had used cocaine in their lifetime, only 1.8% had used crack cocaine.156 The 2008 national survey observed that while an estimated 8,554,000 persons, 12 years and older, had used crack cocaine at least once in their lifetime, as many as 35,298,000 in this category had used powder cocaine. 157 Second, and more on point with the issue of racial bias, is the fact that the number of whites that use “crack� far exceeds those of color, with it being reported that 62% of users are white, 26% black, and 9% Hispanics.158 In fact, in the year 2006, 5,553,000 whites reported using crack in their lifetime, compared to 1,537, 000 blacks.159 Another related misconception deals with the racial composition of the drug user population. The statistics clearly show a higher rate of illegal drug use by white youths than of black youths. The proportion of white youths who reported using powder cocaine the year prior to the survey (5.4) was five times higher than that of blacks (1.0); and for crack cocaine, the white proportion (2.2) was nearly double that of blacks (1.2). For marihuana (37.9 for whites), it was also significantly higher than for blacks (26.3).160 155

In 2006, 44.4% of all federal drug cases involved cocaine. 2006 Sourcebook, at Fig. K 156 NAT'L INST. ON DRUG ABUSE AMONG RACIAL/ETHNIC MINORITIES 13-14 (1995), available at: http://archives.durgabuse.gov/pdf/minorities03.pdf. 157 SAMHSA, 2006 National Drug Survey on Use and Abuse on Drug and Health: National Findings, Table G.1 (2007) [hereinafter 2006 National Survey] available at http://www.oas.samhsa.gov/NSDUH/2k6NSDUH/AppG.htm. 158 Sent. Comm. Rep. (2002) at 35. 159 2006 National Survey, at Tables. 1.34 A & B. 160 HOWARD N. SNYDER & MELISSA SICKMUND, JUVENILE OFFENDERS AND VICTIMS: 2006 NATIONAL REPORT (2006). (U.S. Dept. of Justice, Office of Juvenile Justice & Delinquency Prevention).


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Notwithstanding these hard facts, politicians and the sensationalist media focused on the effects of crack in the inner-city communities, particularly public housing projects in which there are traditionally large proportions of African-American residents. 161 These areas became the principal focus of law enforcement efforts, thus resulting in a large proportion of blacks being the target of arrests, convictions, and imprisonment for drug offenses as compared to the total population of crack cocaine users.162 The Congressional response to these misconceptions was to provide additional ammunition for sending more people to jail, and for longer periods. The Controlled Substances Import and Export Act Penalties Enhancement Act of 1986 163 and the Anti-Drug Abuse Act of 1988, 164 imposed even higher penalties for possession and sale of “crack” cocaine than existed up to then. “Crack” became the only drug in which a five-year mandatory sentence was imposed for simple possession. Possession of only 5 grams of “crack” garnered a sentence equivalent to that which the accused had possession of 500 grams of powder cocaine.165 On a similar note, it took 5,000 grams (5 kilos) of powder cocaine to equal the sentence imposed for only 50 grams of crack, a 10-year 161

51.5 % of blacks in the United States live in metropolitan areas, as compared to 21.1 % for whites. U.S. Census, The Black Population in the United States: March 2002, 2 Figure 2 (2003), available at http://www.census.gov/prod/2003pubs/p20-541.pdf. Cites, of course, have more law enforcement resources per capita, and higher arrests rates, which increases the likelihood of arrests for drug offending behavior. In 2007, 77% of drug arrests occurred in cities. See FBI, Crime in the United States 2007, Arrest by Race, Tables 43 and 47 (2008), available at http://www.fbi.gov/ucr/cius2007/data/table_43.htmland _47.html. This emphasis on urban drug enforcement is reflected in the fact that although urban blacks represent only 6% of the national population, they constituted 29.8% of all those arrested for drugs in the United States in 2007. 162 See Beckett, Drug Enforcement in Seattle, supra note 148. 163 Pub. L. No. 99-570, 21 U.S.C. § 960 (1996). 164 Pub. L. No. 100-690, §§ 1002-9310, 102 Stat. 4312 (1988). 165 U.S. Sent. Comm., 2006 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics, (2006 Sourcebook) Figure J (2006), available at http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf.


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mandatory sentence.166 Because, as previously outlined, blacks are arrested in disproportionate numbers to whites, and convicted on “crack” charges as compared to white drug users, and “crack” cocaine sentences are on average 43.5% longer than those imposed for equivalent amounts of powder cocaine, 167 the population of incarcerated African-Americans outdistances that of whites by 48.2% (blacks) to 33.2% (white). This is so notwithstanding the fact that they are a fairly small minority in the general population as compared to whites, with only 12.9% (blacks)168 of the population as compared to 77.1% (white).169 Moreover, the rate at which blacks were incarcerated by the states in 2007 was ten times greater (256.3 per 100,000 black adults versus 25.3 per white adult), than for whites.170 That year, African-Americans constituted 33.2 % of those entering federal prisons for drug offenses.171 A sequel to the previous dismal statistics is the fact that after much harm was caused, by the present drug scheme, mostly to minority drug users, the Sentencing Commission in 2007 eliminated the 100:1 ratio in powder to crack cocaine, except in the mandatory minimum cases, and recommended reform in this area to Congress. It took three years for Congress to act on this recommendation. It finally enacted the Fair Sentencing Act of 2010,172 signed into law by President Obama on August 3, 2010. Pursuant to this statute, the 5-year mandatory minimum sentence for simple possession is eliminated and the amounts that trigger the five and ten year minimums for crack and cocaine are increased to 28 grams of crack and 280 grams of crack and cocaine, 166

21 U.S.C. § 841(b)(1)(A). U.S. Sent. Comm., 2006 Sourcebook of Federal Sentencing Statistics, (2006 Sourcebook) Figure J (2006), available at http://www.ussc.gov/ANNRPT/2006/figj.pdf. 168 U.S.Census Bureau, The Black Population: 2000 (August 2001), http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-5.pdf. 169 U.S.Census Bureau, The White Population: 2000, (August 2001), http://www.census.gov/prod/2001pubs/c2kbr01-4.pdf. 170 See Human Rights Watch, Targeting Blacks,"at 16 171 See Bureau of Justice Statistics, Federal Statistics Program, at http://fjrc.urban.org. 172 Pub.L. No. 111-220, 124 Stat. 2372 (2010). 167


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respectively. In the meantime, the Supreme Court's Booker173 and Kimbrough174 decisions signaled an official softening of the stance on sentencing, rendering the once-mandatory Sentencing Commission's Guidelines merely advisory, and allowing federal trial judges to exercise the discretion contemplated by the Constitution to impose sentences for crack and cocaine below the range recommended by the Guidelines. To be or not to be We can continue to cite expert opinions, statistics and cases ad infinitum, but sooner or later we have to take a stand on what we, as a nation, will do about this intractable muti-faceted social, penal, medical and cultural problem. One thing I do know is that I have spent the last thirty-six years of my life incarcerating people for violating the illicit drug laws of the United States, yet I see nothing that would lead me to remotely conclude that anything that I, or for that matter, the entire “War on Drugs” machinery of the United States, has done in this interim, has had any perceptible import in curbing Americans' insatiable appetite for drugs, 175 illegal or otherwise. Putting people in jail is not a pleasant endeavor, as it is not meant to be even when dealing with people that are "not nice." But I have done it without hesitation, at first, because it was my duty as a federal judge to enforce our laws, and further, because I thought I was contributing to making our nation a better place. Since those halcyon days, however, although I have continued to do my duty, and have continued to incarcerate people in considerable numbers for violation of our drug laws, I do so because I have taken an oath to enforce the laws in question irrespective of my personal views about them, not because I believe that what I am doing is making our country one iota a better place. In fact, I am now certain that is 173

United States v. Booker, 543 U.S. 220 (2000). United States v. Kimborough, 128 S.Ct. 558 (2007). 175 Matthew Lee, Acepta el vicio "insaciable' de E.E.U.U, El Nuevo Día, March 26, 2009, at 48 (Secretary of State Hillary Clinton, states in Mexico,"Our [e.g.U.S.'s] insatiable demand for illegal drugs feeds drug trafficking...Clearly, what we have been doing does not work..."). 174


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not the case, but rather that it is creating a considerable amount of private and public havoc to our society. First of all, the massive incarceration of our population for drug law violations has not stemmed the tide of drug use in this country. Just to remind you, in 1991-1993, approximately 13.9 million Americans (5.8% of our population over 12 years of age) , were using illicit drugs, a figure that increased to 20.1 million (8.3%) by 2006. This increase took place in the face of an expenditure of almost one trillion dollars as part of our government's goal of having a "drug-free America" by 2008, and after the incarceration of more than 500,000 men and women for drug-related offenses during the 2006 period alone. Our present approach, "The „War on Drugs‟,” makes no sense. Undoubtedly, the facts demonstrate that it is a bankrupt way of dealing with the drug problem. As stated by David Dimston, "[t]hat the “War on Drugs” has been a complete failure is not even a question anymore." 176 What we have managed to do with this “War on Drugs” is exactly what we did with Prohibition in the 1920's: we have created a powerful criminal sub-culture with economic power of incredible proportions, allowing it to subvert our economic, social and political systems; while failing to control, much less "prohibit," the use and abuse of the proscribed drug(s). The Mafia then, and the drug cartels and the Mafia now, have been allowed to infiltrate our entire social structure, even unto our smallest towns,177 engaging in their extremely profitable nefarious business, without any effective governmental control, and tax-free to boot. As far back as 1989, the Office of National Drug Control Strategy Policy stated:

Gary Fields, Whitehouse Czar Calls for End to "“War on Drugs””, August 24, 2009, http://online.wsj.com/article/58124225891527617397.html. David Dimston is a well-known Texas marketing executive 177 Constance Linder, Abington arrest nets $1m in marijuana, BOSTON GLOBE, Aug. 18 2010, at B5. The population of Abington, Massachusetts is approximately16, 582 (2002). 176


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[H]ere in the United States, in every state, in our cities, in our suburbs, in our rural communities ...drugs are available to almost everyone who wants them.178 Yet we continue to blindly throw our tax dollars down this black hole called the “War on Drugs”. Legalization,179 "the least bad solution" Like most complex social issues, there is no absolute or perfect answer or solution to the problem. The course of conduct to be followed depends on an objective balancing of many competing interests and factors, with the answer being the least harmful of the several alternatives that may be available. Such is the case with the drug conundrum. The only realistic alternative to the present policy is to experiment with the legalization of at least some of these substances, marijuana to begin with. Whatever the moral arguments against legalization, arguments that have recognizable merit, they are in my opinion, overcome by the social and economic costs that the irrefutable facts have demonstrated the present policy has imposed upon our nation. The most important component of the moral argument against legalization of drugs seems to me to be the potential harm that a drug may cause the public. In 2007, a report was issued in Great Britain entitled, "Development of a rational scale to assess the

Office of the National Drug Control Strategy Policy, Nat‟l. Drug Control Strategy (1989) at 2. 179 It is important to understand the differences between the terms "legalization", medicalization" and decriminalization". By "legalization" is meant removing all criminal sanctions from the production, sale, distribution or possesion of a drug. By "medicalization" is meant the authorized production, sale and use by individuals upon prescription by medical practitioners, Under a "decriminalization" regime possession of a drug for personal use is allowed, either formally by law or informally in that possession for personal use is not prosecuted by the authorities. 178


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harm of drugs of potential misuse."180 This study was prepared by the government's Advisory Council on the Misuse of Drugs at the request of the House of Commonsâ€&#x; Select Committee on Science and Technology. It was conducted by a committee chaired by Dr. David Nutt, a professor of psychopharmacology at London's Imperial College, together with Dr. Leslie. A. King, of the Forensic Science Service, William Salisbury, MA, of the Police Foundation, and Prof. Colin Blakemore FRS, of the Medical Research Council and the Department of Physiology, Anatomy and Genetics at Oxford University. Drugs were ranked by two separate groups of experts in order of potential harm by reason of misuse, and evaluated against a ninecategory matrix of harm caused, within the general parameters of physical harm, dependence, and social harm. 181 Twenty drugs including the five legal ones (alcohol, tobacco, khat, solvents, andalkyl nitrates), were included in the study, 182 as well as the usual illegal ones. The results of the study are not startling but confirm the general knowledge and experience of anyone with some degree of objective expertise in this field. 183 Ranked first and second in

180

See 369 THE LANCET 1047 (2007). I would not be so pretentious as to think that my suggestions from 1996 somehow crossed the Gulf Stream, but I am happy to See that more knowledgeable persons reached a similar approach as I did, even if 3,000 miles distant. I cannot say my views have experienced equivalent success in this country. 181 Id. at 1051. 182 Id. 183 In fact, the conclusions regarding marijuana by this 2007 study are not greatly different from the seven-volume (3,281 page) report of Indian Hemp Commission of 1894, also commissioned the British Parliament, in which the physical, mental and moral effects of marijuana were inventoried with the conclusions being that: (1) moderate use of cannabis drugs had no appreciable effects on the body, (2) moderate use of cannabis had no adverse effects on the brain, and (3) moderate use of cannabis had no adverse effects on morality. See Report of the Indian Hemp Drugs Commission, 1893-1894), 7 vols. Government Central Printing Office, Simla, India (1894). A summary of this report by Dr. H. Mikuriya, can be found in an article entitled, Physical, Mental, and


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terms of harmfulness, were heroin and cocaine with alcohol fifth and tobacco ninth, both of which were ranked as substantially more damaging than marijuana, which was ranked eleventh on the list. 184 To anyone at all familiar with this subject, and as substantiated by the statistics and data in the present article which we need not reproduce, there is nothing new about these conclusions except that they come from knowledgeable experts in their fields of expertise: (1) we know that both heroin and cocaine can be highly addictive, (2) although the annual deaths attributed to heroin and cocaine, caused principally by overdoes are 39,000, as compared to 400,000 deaths caused by tobacco and 75,000 by alcohol, (3) there are no known reported deaths attributed to marijuana overdose. There are, of course, several other reports and studies that confirm the conclusions of the British Advisory report.185 At best, it seems anomalous that legalizing the use of marijuana is so persistently rejected, considering that the controlled use of alcohol and tobacco is already an accepted practice in the United States, notwithstanding their highly deleterious health and social costs. If we accept a harm minimization approach, which I believe is the sensible way to proceed, in which we take into account the dangers of each drug, both legal and illegal, in order to determine the correct drug policy for America to follow, it makes little sense to prohibit the use of marijuana when its prejudicial effects on our

Moral Effects of Marijuana: The Indian Hemp Drugs Commission Report, http://www.druglibrary.org/schaffer/library/effects.htm. 184 Id. See also, Mark Pothier, You Can't Handle The Truth, BOSTON SUNDAY GLOBE, Dec. 13. 2009, at K1-2. 185 See Phillip J. Hilts, Is Nicotine Addictive? It Depends on Whose Criteria You Use, THE N.Y. TIMES, Aug. 2, 1994, aat C3, available at http://querywww.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9FOOE6DA1531F 931A355BCOA962858260&sq=1994/08/02/science/is+nicoyine+nicotine-addictive. (-it-depends-on-whose-criteria-youuse.html.(comparing the addictive qualities of nicotine, heroin, cocaine, alcohol, caffeine, and marijuana, in terms of dependence, withdrawal, tolerance, reinforcement, dependence and intoxication, while alcohol, nicotine, heroin are at a higher end than marijuana).


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health are minimal when compared to those unquestionably caused by alcohol and tobacco. There are various additional factors that support the legalization of marijuana use at present. Marijuana is already semi-legal in 15 US jurisdictions under the label of medicalization, 186 that as previously stated, the Federal government is allowing.187 There is thus some experience within the United States with decriminalizing marijuana possession, without any substantiated social drawbacks or increases in its use, although this is not a totally reliable observation considering that general use of marijuana is still illegal. It is also likely that if there is full legalization of marijuana usage, there will be an increase in its general usage, as happened with alcohol consumption after Prohibition was repealed. 188 This will happen partly due to the fact that people who have not used marijuana because of its illegality will not be so inhibited, and thus there will be a tendency for more people to use it. Furthermore, because once marijuana can be freely cultivated, particularly in the United States, production costs will decrease and supply will increase, and thus, there will be a reduction of the retail cost of the product, with a consequential increase in its accessibility to the public, particularly the younger groups. 189 This is an obvious 186

See Id. at N.30. Cf., Jesse McKineley, Push to Legalize Marijuana Gains Ground in California, THE NEW YORK TIMES, October 28, 2009, http://www.nytimes.com/2009/10/28/us/28pot.html?ref=globalhome&pagewanted=print (in 1996 California was the first state to legalize marijuana for medical purposes); José Varela, Medicalización, la alternativa, EL NUEVO DÍA, October 21, 2010, at 67. See also supra note 177. 188 Alcohol consumption during Prohibition was .9 gals. per capita as compared to 2.58 gals. by 1986. See ARNOLD TREBACH & JAMES A. INCIARDI, LEGALIZE IT? DEBATING AMERICAN DRUG POLICY 109-10 (1993). 189 See Associated Press, Study shows cannabis popular with teens, BOSTON GLOBE, (Dec.15, 2009) (http://www.boston.com/news/nation/articles/2009/12/15/study_shows_c annabis popular_with_teens/ (A study by the University of Michigan's National Institute for Drug Abuse of 47,097 12th grade students showed 187


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downside to legalization, which will have to be addressed in a similar fashion as has been done with alcohol and tobacco. As is well known, the legalization or discriminalization of drugs, generally, for personal consumption is already an irreversible trend worldwide.190 that 20.6% said they used marijuana in the past month, as compared to 19.4% in 2008 in 2008 and 18.3% in 2007.). 190 See Susana Ferreira, Europe Eyes Portugal's Decade of Legalization, WALL STREET JOURNAL, July 20, 2010, at A13 ("In July 2000, Portugal moved beyond previous liberalization regimes in places like the Netherlands by passing a law that transformed drug possession from a matter for the courts to one of public and community health. Trafficking remained a criminal offense, but the government did away with arrests, courts and jail time for people carrying a personal supply of anything from marihuana to cocaine to heroin." See also, Brian Vestag, 5 Years After: Portugal's Drug Decriminalization Policy Shows Positive Results, SCIENTIFIC AMERICAN, April 7, 2009, http://www.scientificamerican.com/article.cfm?id=portugal-drugdecriminalization (overdose deaths dropped from 400 annually in 2000 to 290 in 2006, and HIV incidence dropped from 1400 to 400 annually during that same period), at annually during that same period); Mala Szalavitz, Drugs in Portugal: Did Decriminalization Work?, TIME, April 26, 2009, at 2, http://www.time.com/time/printout/0,8816,1893946,00.html. (Portugal has the lowest rate of lifetime marijuana use in the European Union in people over 15 years of age, at 10%, as compared to U.S. at 39.8% for those over 12). See also, GLENN GREENWALD, DRUG DECRIMINALIZATION IN PORTUGAL 1, (2009) (Cato Institute), Wasn., D. C. (1009) at 1 (“The date show that, judged by virtually every metric, the Portuguese decriminalization framework has been a resounding success.); The Associated Press, "Mexico Legalizes Drug Possession, THE NEW YORK TIMES, Aug. 21, 2009 (Mexico decriminalizespossession of small amounts of marijuana, cocaine, heroin, LSD, and methamphetamine), http://www.nytimes.com/2009/08/21/world/americasd/21/mexico. See also, Stephen Kinzer, German Court Allows Possession of Small Amounts of Marijuana, THE NEW YORK TIMES, May 3, 1994, at A12 (The German courts have held unconstitutional on equal protection and privacy grounds, for the government to allow the use of some intoxicants such as alcohol, while criminalizing others, such as marijuana and ha-


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A comparison of the statistics for marijuana use between the United States, where the prohibitionist model is still generally the law, and the Netherlands, where the decriminalization of personal marijuana use has been in effect since its Opium Act of 1976, is instructive and self–explanatory.191 Consumption

Marijana used during lifetime (12 yrs. or older) Marijuana used during past month (12 yrs. or older) Rate of incarceration per 100,000 inhabitants Rate of homicide per 100,000 inhabitants

Year

US

Netherlands

2001

36.9%

17.0%

2001

5.4%

3.0%

2002

701

100

5.56

1.51

Average for 1992-2001

Apart from the obvious health benefits to its population resulting from its enlightened drug policies, the Dutch approach is more cost-effective and places its resources where they do the most good: education, prevention and rehabilitation.192 The Netherlands shish.); Christian Moraff, Latin American Legalization Push,THE AMERICAN PROSPECT, (July 6, 2009), http://www.prospect.org/cs/articles?article=latina_legalization_push. The multidisciplinary Latin American Commission on Drugs and Democracy (co-chaired by former Presidents Fernando Enrique Cordero of Brazil, Cesar Gaviria of Colombia and Ernesto Zedillo of Mexico), called the drug war a "failure" and issued a groundbreaking report urging other governments in the region_ including the United States_ to rethink prohibition policy.") But see Pedro Mendoza Latin Leaders question move to legalize marijuana, PUERTO RICO DAILY SUN, October 27, 2010, at p-7, available at Latin America, news@prdailysun.net . 191 See Drug Facts, The Netherlands and the United States: A Comparison, available at, http://www.drugwarfacts.org/thenethe.htm. 192 See Henk Rigter, What drug policies cost. Drug policy spending in the Netherlands in 2003. 101-3 ADDICTION, at 323-329 (2006).


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invests relatively more money on these public health items than the United States, which has twelve times more population and spends a relatively higher part of its drug-related budget on drugenforcement. The above-chart spells out the results of these divergent strategies. The three most important benefits to society of a progressive change in our drug strategy, apart from allowing for a scientific, gradual approach to the possibility of general legalization of drug usage in the United States, would be the fact that legalization would permit the government to engage in quality control for the consumer and would allow the government to fund most, if not all, of the drug-related expenses by taxation of producers and consumers, as in the case of the alcohol and tobacco industries.193 Assuming that drugs would be taxed at a similar rate as alchoholic beverages and tobacco products, it is estimated that tax revenues on the legal production and sale of drugs would annually generate $30.36 billion, were all drugs legalized, and $5.67 if only marijuana was legalized. In addition to this, the public treasuries would receive further amounts from the payment of income taxes generated, which amounts I am presently unable to accurately calculate. Perhaps the most important benefit, in terms of the mayhem that our present strategy is causing, is that legalization will eliminate the criminal element from the production and distribution of marijuana and its attendant underground acquisition of wealth with its accompanying violence. As far back as 1991, Nobel Laureate 193

In 1994, $144.4 billion were collected in alcohol taxes and approximately $8.4 billion for tobacco taxes. Testimony of John W. Magaw, Director of the Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms, before the U.S. Senate Subcommittee on Treasury, Postal Service and General Government Appropriations, (March,23, 1995). The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau collected nearly $15 billion in tax revenue from alcohol, tobacco and ammunition sales. In 2007, alcohol and tobacco tax revenues accounted for 98% of taxes collected. See http://www.ustreas.gov/offices/management/budget/budgetinbrief/fy200 9/ttb.pdf at 41-42. See MIRON & WALDOCK, supra note 47, at 8 (see Table 8). The Cato Institute estimates this figure at $17.1 billion for 2010. See MIRON & WALDOCK supra, note 47, at 7.


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Milton Friedman, an advocate of drug legalization, estimated that in the United States alone, as many as 10,000 homicides a year, unrelated to overdosing issues, were plausibly attributed to the drug market wars between the cartels.194 This, of course, does not even begin to account for the blood baths in Colombia and Mexico for which, at a minimum, we are morally responsible in causing with our massive consumption of illegal drugs. A fourth point, although difficult to establish with exactitude, are the savings that would result in public funds by legalizing marijuana consumption. This is a valid consideration when submitting this issue to an appropriate balancing test, particularly at a crucial time in our history when our national deficit is sky rocketing beyond control. A recent study by the Cato Institute documents an annual reduction in government spending of about $41.3 billion fom the legalization of all presently illegal drugs, and of approximately $8.7 billion if only marijuana is legalized. Not only will the direct costs of law enforcement and incarcerations be substantially reduced,195 but also those resources can be shifted to where they are needed, not only in focusing on the drug problem as the public health issue that it is, but also in freeing our law enforcement community to engage in the prevention and apprehension of "normal" criminal activities. Additionally, our over-loaded court systems would be relieved of their enormous drug-related caseloads and allowed to go back to handling a more socially productive caseload of criminal and civil cases. The total annual budgetary impact on federal, state and local government

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See Milton Friedman, The War We Are Losing in SEARCHING FOR ALTERNATIVES: DRUG CONTROL POLICY IN THE UNITED STATES 67 (Melvin B.Krause & Edward P.Lazears eds., 1991). 195 Arrests for simple possession of marijuana, is the fourth largest grounds for arrest in the United States. See Lester Grinspoon & James B. Bakalar, The “War on Drugs�_: A Peace Proposal, 330 NEW ENG. J. MED. 357, 357 n. 2 (1994). See MIRON & WALDOCK, supra note 47 at 1. State and local police spend approximately $2.15 billion annually on arrests for simple possession of marijuana, and statejudiciaries about $1.66 billion annually in the prosecution of these charges. See MIRON & WALDOCK, supra note 47 at 1.


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from the legalization of drugs would be approximately $88 billion and $17.4 billion if only marijuana is legalized.196 The Government's response to the undeniable failure of the “War on Drugs” has been stonewalling 197 and more slogans, and of course, the spending of more taxpayer's money on a mainly useless 196

See MIRON & WALDOCK, supra, note 46 at 12. As masterfully argued by Professor David M. Helfeld in his article Narcotics, Puerto Rico, Public Policy: In Search of Truth and Wisdom, 75 REV.JUR.U.P.R. 1029 (2006), there has been a misuse of Federal power the debate over the legalization of drugs, particularly regarding marijuana and its use for medical purposes. Id. at 1059-1067. The Drug Enforcement Administration (DEA) thus issued a report in 2006 entitled Exposing the Myth of Smoked Medical Marijuana" (http://www.usdoj.gov/dea/ongoing/marijuana.html), lambasting the idea that marijuana could be used for medicinal purposes. The DEA report was followed a few weeks later by one issued by the National Institute for Drug Abuse, (NIDA), which is part of the Department of Health and Human Services, providing more detailed data and supporting sources on the harms caused by smoking marijuana. See “NIDA, InfoFacts: Marijuana, http://www.drugabuse.gov/InfpFacts/marijuana.html. On the same day that the NIDA report was issued, the director of the Office National Drug Control Policy (ONDCP) issued a release entitled New Study: Bladder Cancer Tied to Marijuana Use. See http://www. Pushing back.com/archives/032406. This conclusion was based on an extrapolation of the fact that cigarette smoking is a major risk factor for bladder cancer.) As if this sequence of articles were not enough, the Food and Drug Administration (FDA) followed three weeks laterwith a statement entitled, InterAgency Advisory Regarding Claims That Smoked Marijuana is a Medicine, see http://www.fda.gov/bbs/topics/News2006/NEW01362.html. These reports and asseverations border on scientific obscurantism, by totally ignoring, if not outright suppressing, the abundant credible scientific evidence worldwide, which is contrary to these reports and statements. For criticisms of the FDA's statement, See The Politics of Pot, Editorial, THE N.Y. TIMES, April 22, 2006. For a list of contrary scientific reports and opinions, see Helfeld, supra note 198 at 1064 n.'s 68-70, 1065. This governmental propaganda is, to say the least ironic, considering that under the Marijuana Tax Act of 1937. See supra note 34, doctors and dentists were allowed to prescribe marijuana for medicinal purposes provided they paid a $1 annual tax. 197


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endeavor. Although there seemed to be ground for optimism for a fresh approach being adopted when the new White House Drug Czar, Gil Karlikwske, signaled his "openness to rethinking the government's approach to fighting drug use,"198 there are signs that this may not be a path supported at the highest levels of the Administration. This is yet another wasted opportunity for there are signs that a change in our present policy is wanted by the public;199 National support for the legalization of marijuana use has jumped to the highest level in 40 years, with a Gallup poll reporting an increase of from 31% in 2000 to 44% in 2009. 200 In its November, 2010 issue, National Geographic magazine cites a Pew Research Center survey to the effect that three out of four Americans favor legalizing medical marijuana, and confirms the findings of Gallup surveys to the effect that 44% of Americans favor legalization of marijuana. In a recent reversal the American Medical Association has called for review of marijuana as a Schedule I hard drug alongside LSD and PCP. As stated in The Economist, "[b]y any sensible measure, this 100-year struggle [since the International Opium Commission was established in 1909] has been illiberal, murderous and See Gary Fields, White House Czar Calls for End to '“War on Drugs”, http://online.wsj.com/article/SB124225891527617397.html. 199 See Eric Etheridge, The War on the “War on Drugs”,THE NEW YORK TIMES, April 2, 2009, http://opinionator.blogs.nytimes.com/2009/04/02/the-war-on-the-war-ondrugs/?pagemode= (summarizing the change in public and official views on legalization and commenting on support for Senator Webb's proposed bill); Keila Lopez Alicea, Iglesia Metodista defiende la medicalizacion, EL NUEVO DÍA, Dic. 29, 2009, http://www.elnuevodia.com/iglesiametodistadefiendolamedicalizacion_6 5366.html: Alba Y. Muñoz Gracia, Busca Medicar Drogas en la Isla, EL NUEVO DÍA, Oct. 21, 2009, at 58. 200 Steven Hendrix, Baby boomers find growing acceptance of marijuana use, BOSTON SUNDAY GLOBE, at A9, available at http://www.boston.com/news/nation/washington/articles/2009/1122/baby _boomers_find_growing_acceptance_of_marijuana_use. See Alex Dominguez, Reefer Referral, NATIONAL GEOGRAPHIC, November 2010. 198


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pointless...Legalization is the least bad policy."201 "Least bad" does not, of course, mean good. 202 It means that among the various alternatives available, it will cause the least harm to the greatest number of the people, which is after all, how democracy is supposed to work. Legalizing marijuana, as a first step, will not solve the drug abuse problems, but "after a century of manifest failures [with the prohibitive model] argues for trying it."203

201

THE ECONOMIST, How to stop the drug wars, March 9th 2009, http://www.economist.com/printedition.PrinterFriendlt.efm?story_id=13 237193. See Nicholas D. Kristof, End the War on Pot, THE NEW YORK TIMES, October 27, 2010, available at http://www.nytimes.com/2010/10/28/opinion/28kristof.html?ref=global8 pagewanted=print (“Our nearly century-long experiment in booring marijuana has failed abysmally, as prohibition did…) See also, George Soro: Why I support legal marijuana, THE WALL STREET JOURNAL, October 26, 2010, http://online,wsj.com/article/SB100014240527023003034670045755744 50703567656.html?. 202 Id. 203 Id.


DICTAMEN DE LA ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN EN TORNO AL P. DEL S. 1634. Ante la consideraci��n de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico está el P. del S. 1634. Con el ánimo de corregir el serio atraso en el trámite de los documentos presentados en el Registro de la Propiedad de Puerto Rico, el P. del S. 1634 propone que, con tres excepciones, “todos los documentos presentados al Registro de la Propiedad al 30 de abril de 2010, queden inscritos”, sin calificación previa. El equipo de asesores del Presidente del Senado de Puerto Rico, en reunión con miembros del equipo directivo de la Academia, solicito el parecer de la Academia sobre la medida legislativa. El pleno de numerarios tuvo ante su consideración el asunto en su sesión de 22 de junio de 2010 y considerando que: Primero, un registro de propiedad inmueble que sea confiable es esencial para el bienestar económico y para la generación, protección, y transferencia de riqueza en cualquier sociedad como la nuestra. Cf. Hernando de Soto et al., Realizing Property Rights (2006); Segundo, la rigurosa calificación de los documentos presentados para inscripción es la base de la confiabilidad y valor socioeconómico de los registros. La importancia de la función calificadora del Registrador está en consonancia con la importancia de los efectos mismos que la inscripción en el Registro implica. Roca Sastre. Derecho registral inmobiliario, tomo I, p. 266 (1979). Tercero, la saludable preocupación por la puesta al día de los registros no debe canalizarse a costa de la esencial función

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social el sistema registral, permitiéndose que títulos defectuosos entren al registro; Cuarto, La estabilidad jurídica del sistema propietario peligra al permitir que con la inscripción automática entren al Registro títulos defectuosos. Quinto, el eventual saneamiento de los registros una vez contaminados por títulos defectuosos, requerirá un esfuerzo mucho mayor que el ordenado manejo de los títulos pendientes de inscripción; La Academia propone: Primero, que no se apruebe el P. del S. 1634; Segundo, que, en su lugar, la Asamblea Legislativa disponga para la adopción de un plan afectivo dirigido a la puesta al día de los registros en el tiempo más breve que sea prudente requerir. En San Juan de Puerto Rico, a 22 de junio de 2010.

ACADEMIA PUERTORRIQUEÑA DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACIÓN Dra. Ana Cristina Gómez Pérez Directora Ejecutiva


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