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aconteció poco después de renunciar: “Apenas había renunciado yo a mi cargo, llegó de San Juan a Ponce, un Fiscal especial, con instrucciones de archivar mis acusaciones contra los cuatro policías inculpados de asesinato; y solicitó el archivo basándose en la insólita alegación de que no existía prueba para sustanciar su procedimiento. Como era de esperarse, aquel Fiscal fue al día siguiente compensado, por sus servicios meritorios al Gobierno de Puerto Rico, elevándosele a la posición de Juez de una de las Salas del entonces Tribunal de Distrito de San Juan”. Ese abogado fue Marcelino Romaní. El Comité Hays termina la Parte Segunda de su Informe con el siguiente comentario: “La Masacre de Ponce: “Cuando empezamos nuestra investigación objetamos intitular a nuestro Comité para la Investigación de la Matanza de Ponce. Para referirnos a la tragedia de Ponce la denominábamos el caso de Ponce, el motín, la algarada, y por cualquier otra extensión que indicara nuestra voluntad de considerar el asunto objetivamente. Después de haber oído toda la prueba, hemos llegado a la conclusión de que el pueblo de Ponce le ha dado a esta tragedia el único título descriptivo posible: Esta fue la Masacre de Ponce y más terrible todavía porque esto ocurrió en tiempo de paz en Puerto Rico”.

Thomas Mathews interpreta las conclusiones del Informe Hays:65 “Por otra parte, la culpa de la masacre se achacó sin reservas al Gobernador Winship y, por lo tanto, por implicación al Gobierno federal. La junta de directores de la Unión Libertades Civiles Americanas declaró, a base del informe de Hays, que los representantes del Gobierno federal eran culpables de crasa violación de los derechos civiles y de increíble brutalidad policíaca”. En Washington, D. C., el Secretario de lo Interior, Harold Ickes (1874-1952), se preocupó del asunto a medida que iban llegando las noticias y se conocían los hechos. El Secretario intentó hacer una investigación pero, a pesar de que logró el permiso del Presidente Roosevelt, no le fue posible obtener la colaboración del Gobernador Winship, quien dio largas al asunto sabiendo que una investigación le señalaría como el principal responsable junto al coronel Orbeta, Jefe de la Policía Insular. Luego, nos relata Mathews66 que Winship fue a la capital federal norteamericana acompañado por Ernest Gruening, y aprovechando que Ickes estaba enfermo, convenció al Presidente Roosevelt de que era contrario a los intereses del gobierno federal efectuar en esos momentos una investigación de los sucesos de la Masacre de Ponce y otros más. “Había que mantener el prestigio de la autoridad federal fuera de toda tacha, no importaba el costo”.67 Cuando Ickes se enteró, envió a Walter F. McCaleb para que efectuara una investigación y le informase sobre lo sucedido en la Masacre de Ponce. El informe de McCaleb no es muy diferente del preparado por el Comité Hays. “McCaleb condenó sin reparos al Gobernador Winship, juzgándolo como una persona con autoridad que carecía de recto juicio y hasta posiblemente culpable de negligencia criminal en la ejecución de la Ley”. 68 Nada se hizo y el Gobernador Blanton Winship, contra quien un nacionalista llevó a cabo un atentado fallido, renunció varios años después.

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Mathews, Op. Cit., p. 308. Ibíd., p. 309. 67 Ibíd., p. 309. La cita es de Mathews. 68 Ibíd. 66

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