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(99 JTS 87, pág. 1078). Ya esto había sido dicho por el Tribunal en Misión Industrial v. Junta de Planificación, 145 DPR 908, 919 (1998). No sabemos qué significa esto; es decir, no sabemos el alcance de tales expresiones. Pero literalmente tomado, esto significa que un estatuto puede ser declarado inválido sólo por contravenir la sección 19 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico. Adviértase que las actuaciones declaradas inválidas o nulas por el Tribunal Supremo en la jurisprudencia atendida bien declarando nulo un Reglamento, como en Federación de Pescadores, o la actuación de una agencia, como la Junta de Calidad Ambiental o la Junta de Planificación- han estado fundadas en violación a la ley 9 o a cualquier otra ley o reglamentación. Declarar nulo por inconstitucional un estatuto sólo por violar la difusa sección 19 del Artículo VI, es harina de otro costal. Probablemente se prefiera recurrir a otras cláusulas constitucionales más establecidas, como la de igual protección de las leyes o el debido proceso de ley, etc., para declarar inconstitucional una ley o una actuación del gobierno. Recurrir a la sección 19 debería ser el último recurso constitucional. Además, habría que identificar o elaborar algún tipo de análisis constitucional bajo la sección 19. Tal vez sería el análisis usual de balance de intereses. Esto es, por un lado se consideraría el interés promovido por el estatuto impugnado y, por el otro lado, el interés público protegido por la sección 19; se empezaría así a elaborar una doctrina constitucional. Sería interesante también la situación de la actuación de una agencia que no es contraria a ley alguna o reglamento, pero que se declara inconstitucional por estar reñida con la sección 19. Mientras tal situación no se produzca, me parece que lo dicho por el Tribunal Supremo de que la sección 19 no es meramente la expresión de un insigne afán ni mera declaración de un principio general exhortativo, sino un mandato que debe observarse rigurosamente y que prevalece sobre cualquier ley, reglamento u actuación del gobierno, tiene más de retórica que de realidad jurídica. Corrijo. Lo justo es decir que se trata de un imperativo constitucional en potencia, esto es, con potencial efecto de invalidar legislación u actos del gobierno. El problema es, en términos aristotélicos, el paso de la potencia al acto. Termino diciendo que el estudio de la honorable Fiol Matta se une al esfuerzo del profesor Rodríguez y al de otros estudiosos para producir un análisis jurídico serio de nuestra jurisprudencia en la sensitiva zona de derecho ambiental, matizada por la cláusula constitucional en la sección 19 del Artículo VI. La juez Fiol Matta ha estudiado el alcance de la revisión judicial de las decisiones administrativas que afectan el ambiente. Sin duda, su trabajo será de gran utilidad para abogados, jueces, estudiantes y profesores. La felicito. Éste es mi debut y despedida de reflexionar sobre esta área del derecho puertorriqueño. Sólo he accedido al requerimiento de la distinguida nueva miembro de la Academia, a quien, de nuevo, felicito por su riguroso estudio y su ingreso a la Academia. Buenas noches.

Revista volumen vi  

http://academiajurisprudenciapr.org/wp-content/uploads/2009/10/Revista_Volumen_VI.pdf

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